Bruselas, 30 sep- Veintiséis países de la UE han llegado a un compromiso para incrementar la transparencia y la supervisión del mercado de los derivados negociados en mercados no organizados, pero Reino Unido, donde se desarrollan más de las tres cuartas partes de todas las transacciones de derivados de Europa, se opone.
El Consejo de Ministros de Finanzas (Ecofin) quiere adoptar una postura común cuando se reúna el martes en Luxemburgo para poder negociar el borrador del nuevo reglamento con el Parlamento Europeo y aprobarlo antes de fin de año en primera lectura, algo que no parece viable ante la férrea oposición de Londres.
Según fuentes diplomáticas, todos los países salvo Reino Unido -que ya ha anunciado que defenderá sus intereses y que teme perder control sobre un mercado clave de la City- han hecho "dolorosas concesiones" para llegar a un compromiso.
El borrador prevé que todos los contratos de derivados "Over the Counter" (OTC en inglés) -aquellos que no se compra o se vende en una bolsa de valores sino que se negocia de forma privada entre dos partes- queden anotados en los registros de operaciones.
Éstos tendrán que publicar las posiciones agregadas por clases de derivados, por lo que ofrecerán a los actores en el mercado una visión más clara de las operaciones.
La Autoridad Europea de Mercados Financieros (ESMA, en inglés) determinará qué categorías de derivados OTC quedarán sujetas a la obligación de compensación a través de cámaras de contrapartida central (CCP, en inglés) autorizadas, firmas que intermedian en las operaciones y que responden ante el riesgo de impagos.
Para obtener la autorización necesaria para actuar de intermediario estas cámaras de compensación deberán contar con requisitos específicos, como disponer de un fondo mutualizado para impagos al que los miembros de la CCP tendrían que contribuir.
Deberán tener un capital inicial desembolsado y disponible de al menos cinco millones de euros, según el borrador, que también limita al 25 % la aportación de los miembros.
La ESMA asumirá la responsabilidad de su inscripción, de la revocación de su inscripción y de su supervisión.
Mientras, las autoridades nacionales competentes se encargarán de supervisar y autorizar las CCP, en coordinación con un colegio de supervisores.
El colegio debe estar formado por las autoridades que supervisan no solo a las entidades de contrapartida central sino también a las entidades que pueden verse afectadas por las operaciones de éstas, es decir ciertos miembros compensadores, plataformas de ejecución, entidades de contrapartida central que han suscrito acuerdos de interoperabilidad y centrales depositarias de valores.
El compromiso ofrecido por la Presidencia polaca contempla que ningún estado miembro debe sufrir discriminación directa o indirecta como lugar de prestación de servicios de compensación.
En el caso de las firmas de contrapartida de terceros países (fuera de la UE), éstas tendrían que ser autorizadas por la ESMA.
La obligación de compensación de contratos de derivados y el registro de los mismos se aplicará a entidades financieras, mientras que empresas no financieras solamente se verían afectadas si superasen un determinado umbral de posiciones y se considerasen de importancia sistémica.
Los fondos de pensiones no tendrán que pasar por las cámaras de compensación, porque suelen reducir al mínimo sus reservas de efectivo y exigirles la compensación de los contratos de derivados OTC los llevaría a convertir en efectivo una proporción significativa de sus activos. Esta excepción durará tres años con la posibilidad de ser ampliada dos años.
La UE prevé que el reglamente entre en vigor a finales de 2012.
La Comisión Europea, que presentó su propuesta en septiembre del año pasado, ha promovido la iniciativa para poner coto a la especulación en este sector, pues recuerda que, con el derrumbe de Bear Sterns en marzo de 2008, la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 y el rescate de AIG un día después, comenzaron a quedar al descubierto las deficiencias funcionales del mercado de derivados OTC, en el que se negocia el 80 % de los derivados.
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