La Comisión Europea ha decidido adelantarse a la posibilidad de un invierno sin gas ruso e intentar reducir y busca una solución que minimice el impacto de un posible "gran corte" con la elaboración de un plan de contingencia. El organismo tiene previsto presentar un borrador el próximo miércoles con medidas que buscan anticiparse a un cierre del grifo de Gazprom, en caso de que se produzca. Entre ellas, reducir la demanda de gas tanto en hogares como en empresas desde este mismo verano, pero también incentivar que empresas e industrias sustituyan esta materia prima por otras fuentes de energía, incluidos el carbón y la nuclear, e incentivar con compensaciones económicas a las que lo lleven a cabo.
"La Comisión apoya firmemente las mejores prácticas, como la idea de subastas o sistemas de licitaciones para incentivar una reducción del consumo de consumidores industriales dejando que las industrias ofrezcan esas reducciones del consumo de gas a cambio de compensación", propone el documento. Estas subastas, continúa el texto, podrían ser organizadas entre varios países "para maximizar las posibilidades de consumidores que operan en varios Estados miembros y para Estados miembros con menos medios fiscales".
El texto subraya que los flujos de gas desde Rusia han caído un 30% en comparación con la media del periodo 2016-2021 y parte de esta reducción "ha sido el resultado de acciones repentinas, injustificadas y unilaterales de Gazprom para disminuir o detener las entregas a consumidores europeos con el objetivo de trastocar la actividad económica y manipular los precios". "No hay razones para pensar que este patrón cambiará. En cambio, una serie de señales, como la última decisión de reducir aún más el suministro a Italia, apuntan a un probable deterioro de las perspectivas de suministro de gas", advierte la Comisión Europea.
Otra posibilidad son los llamados "contratos de interrumpibilidad", que contemplan la concesión de compensaciones económicas para financiar una reducción predeterminada del consumo de gas durante un periodo de desconexión. "Después de haber agotado todas estas medidas, los Estados miembros quizás necesiten empezar a restringir parcial o totalmente (el consumo) de grupos específicos de consumidores que hayan sido identificados en sus planes de emergencia", reconoce Bruselas, para después indicar que tal priorización puede diferir de unos países a otros.
El plan de contingencia remarca que "cada ciudadano y cada hogar puede ahorrar gas" y pone el acento en el volumen de este combustible que se utiliza en sistemas de calefacción o refrigeración, aunque recuerda que los hogares, la calefacción urbana y algunos servicios sociales esenciales son consumidores protegidos y serían los últimos en sufrir racionamientos. El informe recalca que "el ahorro de gas se puede materializar ya durante el verano" con una reducción del consumo eléctrico que conllevan los sistemas de refrigeración y en invierno puede ser mayor utilizando "fuentes alternativas de calefacción", como bombas de calor en los edificios o con campañas de concienciación para bajar un grado la temperatura del hogar.
También sugiere que se obligue cuando sea "técnicamente y legalmente posible" que el termostato de edificios públicos, oficinas y edificios comerciales se ponga a 19 grados centígrados durante el invierno. Con respecto a las plantas que generan electricidad, el plan recoge la posibilidad de impulsar el uso de combustibles fósiles distintos al gas pero avisa de que pasar a utilizar biomasa y diésel "requiere garantizar que hay disponibles cantidades suficientes para las plantas que los utilicen". En esta línea, recuerda que algunos países han anunciado la reactivación de plantas de carbón y otros han retrasado sus planes para el cierre de las centrales nucleares. Bruselas no censura estas decisiones, pero remarca que las medidas para sustituir el gas "son temporales por naturaleza y deben ser diseñadas de forma que no comprometan" los objetivos climáticos de la UE.
Ribera avisa de escasez
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avisado este jueves de que España debe prepararse "para un posible escenario de escasez de gas en la UE durante los próximos meses" aunque actualmente el país "no afronta problemas de seguridad de suministro". La ministra ha mantenido varias reuniones con representantes de las asociaciones de consumidores, del sector energético y de los agentes sociales, dentro de la ronda de contactos institucionales que mantiene en el proceso de elaboración del Plan de Contingencia de seguridad energética del país. Lo ha hecho después de anunciar un impuesto extra al sector.
"Los países europeos debemos prepararnos para un escenario de escasez de gas en los próximos meses, como resultado de la guerra en Ucrania. España no afronta problemas de seguridad de suministro, pero como los demás socios comunitarios, estamos diseñando un Plan de Contingencia para afrontar dicho escenario de un modo coordinado con nuestros vecinos y con la Comisión Europea", ha señalado la vicepresidenta, según recoge el Ministerio en un comunicado. Ribera ha explicado que el Plan de Contigencia gira sobre tres eje: "Cómo podemos impulsar el uso más inteligente posible de la energía desde el punto de vista del ahorro y la eficiencia; cómo podemos sustituir el gas por otros combustibles y avanzar en la electrificación y la implantación de gases renovables; y de qué manera podemos ayudar a países vecinos en peor situación y con peores perspectivas que nosotros", ha añadido.
Ribera se ha reunido este jueves a primera hora con las asociaciones de consumidores; concretamente, con Carlos Balluguera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, con Carmen Redondo, responsable de Consumo de Hispacoop, y con Nelson Castro, secretario de Hispacoop. A media mañana ha recibido a las patronales de las empresas eléctricas y gasistas, representadas por Marina Serrano, presidenta de Aeléc, y a Joan Batalla, presidente de Sedigas.
Después del almuerzo ha mantenido un encuentro con el sector petrolero y de distribución de carburantes. Han asistido Alejandro Ripoll, presidente de Aevecar; Andrés Guevara, presidente de BP España; Jorge de Benito, presidente CEES; Maarten Wetselaar, consejero delegado de Cepsa; José María Gordo, director de Compliance de DISA Grupo; Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol; y Juan Antonio Carrillo, consejero delegado de AOP. Ya por la tarde ha tenido lugar la última reunión de la jornada, con los agentes sociales: Cristina Rivero, directora de Industria de CEOE; Francisco Vidal, director de Economía de Cepyme; Unai Sordo, secretario general de CCOO; y Mariano Hoya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.
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