Convenios, algunos de los grandes como el de comercio minorista, el de empresas de seguridad o el de alimentación que regulan las condiciones de decenas de miles de trabajadores, que todavía no han incorporado a sus tablas salariales la subida del Salario Mínimo, empresas que amortiguan el impacto de esa subida "transformando" sus pluses salariales... UGT y CCOO entienden que casi diez meses después de la entrada en vigor de la histórica subida que llevó el Salario Mínimo Interprofesional en España hasta los 900 euros (14 pagas), el cumplimiento efectivo de esta medida aún tiene importantes lagunas y observan que algo similar está ocurriendo con la implantación del registro horario obligatorio en las empresas.
Esos ángulos muertos en dos de las iniciativas más emblemáticas de los algo más de seis meses del Gobierno Sánchez y la paralización de todos los foros tripartitos -Gobierno, empresarios y sindicatos- del diálogo social han convencido a los dos sindicatos mayoritarios de la necesidad de salir a la palestra para exigir al Ejecutivo en funciones un mayor compromiso con el cumplimiento efectivo de esas dos iniciativas, según han avanzado a La Información fuentes de los órganos ejecutivos de ambas organizaciones sindicales.
La intención es realizar un acto público conjunto para denunciar esas fallas en el alcance de la implantación del nuevo Salario Mínimo y del Registro Horario Obligatorio y exigir al Gobierno mayor rigor en garantizar el cumplimiento de ambas medidas, que constituyen una obligación legal desde hace meses. Las fuentes consultadas subrayan que la decisión de convocar este acto se adoptó antes de conocer si habría elecciones o no por lo que no se debe interpretar en clave política.
Los problemas en la aplicación efectiva del Salario Mínimo se han percibido casi desde el primer momento. Era el mes de febrero y los sindicatos ya denunciaban prácticas como la absorción de la subida del SMI vía complementos salariales y la dilatación de la aplicación efectiva de la misma hasta final del ejercicio para eludir la elevación del salario base en el caso de que la operativa de los complementos, pluses y premios por productividad alcanzaran para situar la nómina anual por encima de los 12.600 euros que exige la ley.
El Gobierno asegura que realiza regularmente batidas sobre los nuevos convenios colectivos firmados para garantizar que no ocultan ninguna trampa para eludir la aplicación del SMI de 900 euros, pero desde UGT se argumenta que "los incumplimientos, lógicamente, se concentran allí donde no llega la acción de los sindicatos". "Lo que sí nos gustaría", continúan, "es que el Gobierno contribuyera para acelerar la aplicación del SMI en las tablas salariales de todos los convenios colectivos". Los datos sobre negociación colectiva recopilados por el Ministerio de Trabajo revelan que a estar alturas de año tanto el número de convenios firmados como el número de trabajadores afectados por los nuevos convenios evolucionan de forma más lenta que otros años.
Las complicaciones con el Registro Horario Obligatorio han sido igual o más célebres. Aquí han sido las empresas -incluso las públicas- las que han puesto sobre la mesa las complicaciones para aplicar sistemas de control horario en según qué sectores, si bien los sindicatos también han denunciado prácticas abusivas por parte de algunas empresas que pretendían, por ejemplo, descontar las visitas al baño de la jornada laboral registrada de sus empleados. Las actuaciones de la Inspección de Trabajo no han impedido que los sindicatos hayan detectado una cierta relajación por parte de las empresas en la implantación de esos sistemas.
Registros salariales para atacar la brecha de género
Los sindicatos también quieren incidir en otra de las medidas aprobadas por el Gobierno pero cuya aplicación efectiva entienden que no se está garantizando: la creación obligatoria de un Registro Salarial para detectar si hay diferencias significativas entre los sueldos que perciben los trabajadores y las trabajadoras.
Las plataformas sindicales entienden que hay una discrepancia significativa entre el empeño que el Gobierno puso en aprobar por Real Decreto - en el marco de los célebres 'viernes sociales'- la implantación de ese Registro Obligatorio y la relajación con la que se ha tomado su implantación real, sobre la que no ha habido noticias durante meses. El decreto aprobado por el Gobierno lo remitió a un futuro desarrollo reglamentario para el que daba seis meses de plazo, pero la prolongación de la situación de interinidad del Ejecutivo y las complicaciones operativas que entrañaba, ya que exigía dar una serie de pautas sobre cómo elaborar esos registros a las empresas han paralizado su desarrollo.
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