Afanados en tratar de resolver tanto lo urgente como lo importante, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO ya han empezado a trabajar en cómo resolver las situaciones que a buen seguro se darán en miles de empresas que pactaron hace meses subidas salariales de diferentes cuantías para 2020 y que ahora tras el impacto del coronavirus quieren desactivar para apuntalar el capital de sus negocios o en el peor de los casos por una sencilla cuestión de supervivencia.
El asunto ya ha sido puesto sobre la mesa por la CEOE que en un reciente documento reclamó al Gobierno cambios legales que permitan a las empresas adaptarse de forma ágil al brusco desplome de la actividad causado por la Covid-19 mediante medidas de flexibilidad interna, ya sean mediante la distribución de la jornada a lo largo del año, el cambio en los horarios de trabajo o también el ajuste de sueldos. Éste último aspecto ha sido una reivindicación que las organizaciones asociadas a CEOE han realizado al equipo directivo de Antonio Garamendi desde el minuto uno de la crisis, instándole a negociar con los sindicatos un marco que les permita descolgarse de forma rápida y sin negociaciones interminables de los compromisos salariales asumidos en los casos en que la situación de las empresas o los sectores así lo aconseje.
Fuentes sindicales aseguran que ni Garamendi ni su equipo han planteado este asunto en las mesas de diálogo social constituidas, atareadas también en resolver los asuntos más perentorios asociados a la red normativa levantada para paliar los efectos del coronavirus, y la situación creada por el controvertido acuerdo parlamentario entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar de forma íntegra la reforma laboral, con la decisión de CEOE y Cepyme de levantarse de las mesas de negociación, auguran que tampoco va a ocurrir al menos durante las próximas semanas.
Sin embargo, lejos de esos focos y sin ninguna indicación explícita por parte de sus direcciones nacionales empresas y representantes de los trabajadores han empezado a negociar salidas pactadas a las situaciones creadas en esas empresas, según confirman fuentes del diálogo social de uno y el otro lado de la mesa. Y uno de los criterios que está gozando de mayor aceptación - por encima de los descuelgues salariales - es la suspensión temporal de la subida salarial prevista para este año en tanto no se recupera un nivel de actividad más o menos normal, con el compromiso empresarial eso sí de ejecutarla en tanto su situación se estabilice y cumplir igualmente con los incrementos pactados en convenio...dentro del periodo de aplicación de éste. Un esquema que da margen a las empresas para adaptarse a la caída temporal de la actividad por el coronavirus, pero garantiza los incrementos salariales pactados.
"No vamos a permitir ninguna reducción generalizada de los sueldos. No vamos a consentir que los trabajadores paguen la factura de esta crisis como sucedió en la crisis anterior", advierte Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO. "Eso no quiere decir que la negociación colectiva en cada caso no pueda adaptarse a la situación que se dé en cada empresa o sector. De hecho, ya se han negociado suspensiones temporales de la subida salarial de este año, con el compromiso ineludible de ejecutarla lo antes posible en cuanto la situación mejore".
Desde el ámbito sindical se pone como ejemplo el acuerdo alcanzado entre sindicatos y empresarios en el ámbito de la hostelería, que ya ha sido asumido por el sector en Baleares y que sin citarlo de manera expresa abre la puerta a que dentro de los convenios se creen las condiciones necesarias para que las empresas mantengan a su plantilla y cumplan con los compromisos pactados, pero dentro del periodo de vigencia del convenio colectivo.
El otro cauce disponible dentro de la negociación colectiva son las 'cláusulas de descuelgue salarial' que permiten a las empresas 'desencadenarse' de lo dispuesto en los convenios colectivos en los casos en que concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. La polémica reforma laboral de 2012 abrió un canal también para permitir que las empresas se desentendieran de las subidas salariales pactadas sin necesidad de acuerdo con los sindicatos mediante un 'arbitraje exprés', creado en su día para tratar de impedir que una falta de acuerdo pudiera comprometer el futuro de la empresa.
Ese mecanismo exprés se utilizó bastante el primer año -el 10% de los descuelgues se hicieron por esa vía-, pero poco a poco fue perdiendo relevancia a medida que los empresarios se dieron cuenta que hacer eso por las bravas tenía peores consecuencias que hacerlo de manera pactada o incluso que no hacerlo. Los datos oficiales sobre negociación colectiva que cada mes proporciona el Ministerio de Trabajo revelan que las empresas ni siquiera han optado por esta salida en la situación actual, tal vez por el efecto balsámito de los ERTE: en el mes de abril -con la parálisis de la economía en pleno apogeo- solo dos empresas solicitaron la inaplicación del convenio: en los dos primeros meses del año habían sido cerca de 200.
