UGT dice que la Generalitat gasta 18 millones para despedir a 1.500 empleados

  • La Generalitat destinará 18 millones de euros para pagar asesoramientos jurídicos, estudios sobre recursos humanos e indemnizaciones por despido en el proceso que le llevará a prescindir de 1.500 trabajadores de 80 empresas públicas en los próximos meses, según ha denunciado hoy el sindicato UGT.

Barcelona, 24 oct.- La Generalitat destinará 18 millones de euros para pagar asesoramientos jurídicos, estudios sobre recursos humanos e indemnizaciones por despido en el proceso que le llevará a prescindir de 1.500 trabajadores de 80 empresas públicas en los próximos meses, según ha denunciado hoy el sindicato UGT.

Esta central sindical ha realizado este cálculo para poner en evidencia el coste de la "cruzada privatizadora" de los servicios públicos por parte del Govern presidido por Artur Mas.

En un comunicado, UGT afirma que el ejecutivo catalán invertirá, en concreto, seis millones en asesoramiento jurídico, cuatro más en estudios sobre recursos humanos y ocho en indemnizaciones.

A juicio del sindicato, es "curioso" que la Generalitat destine esta cantidad de dinero para llevar a cabo iniciativas que considera "medidas de ahorro".

"Parece que la austeridad presupuestaria sirve como excusa para enviar al paro a determinados trabajadores públicos, pero no para dejar de contratar empresas privadas carísimas, que gestionarán esta nueva ejecución sumarísima de los servicios públicos", subraya el comunicado.

Entre las empresas públicas a las que se refiere, se encuentran Gisa (Gestió d'Infraestructures) y el Incasol (Institut Català del Sòl).

UGT denuncia en especial que la Generalitat haya decidido adjudicar la gestión de los despidos a despachos de abogados pese a disponer de un cuerpo jurídico propio, mientras que la conselleria de Gobernación encarga también estudios sobre sus recursos humanos a empresas externas.

A juicio del sindicato, "resulta especialmente indignante comprobar que estos altos directivos y gerentes de empresas públicas cobran cien mil euros anuales, pero son incapaces de realizar un estudio de los recursos humanos de la propia empresa que dirigen".

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