Le pasa la 'pelota' a Bruselas

UGT sospecha que Calviño 'susurra' a la UE para que exija recortar las pensiones

En el sindicato advierten de que la vuelta a la disciplina fiscal a partir de 2023 implicará un fuerte ajuste en el gasto y avisan a Escrivá de que si incumple lo pactado sobre la indexación con el IPC habrá "conflicto".

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su visita a uno de los proyectos del Plan de Recuperación en la Estación de Chamartín, a 25 de octubre de 2021, en Madrid (España). La ‘Operación Chamartín’ es el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte con una inversión de unos 6.000 millones de euros. El eje del proyecto es la remodelación de la estación de Chamartín y la cobertura de su haz de vías, sobre la que se construirá el denominado ‘parque central’, un espacio verde de trece hectáreas. Esta mañana, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el comisario europeo de Economía junto a otros expertos de alto nivel han participado en un foro organizado por el Gobierno para la apuesta de nuevos indicadores económicos. 25 OCTUBRE 2021;ECONOMIA;PLAN DE RECUPERACIÓN;ESTACIÓN DE CHAMARTÍN;OPERACIÓN CHAMARTÍN;REMODELACIÓN Alberto Ortega / Europa Press 25/10/2021
La vicepresidenta Calviño con el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.
Europa Press

La Comisión Europea ha hablado: la indexación de las pensiones al IPC puede suponer un gasto mayor del previsto inicialmente si se mantienen las tensiones inflacionistas, complicando la reducción del déficit público. La advertencia no es baladí, pues el Gobierno acaba de aprobar una reforma que liga automáticamente las nóminas de los pensionistas a la evolución de los precios. Y la medida ha entrado en vigor en el peor momento posible, con la inflación disparada. El Ejecutivo va a tener serios problemas para encajar la factura en los próximos Presupuestos Generales del Estado, pero insiste en mantenerse firme en su compromiso. Y desde el flanco sindical empiezan a sospechar que la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, está 'susurrando' a los oídos de Bruselas para que sean las autoridades comunitarias las que exijan un ajuste en las prestaciones.

"El Gobierno le quiere pasar la pelota a Europa", afirman desde la UGT fuentes que aseguran que existe una gran "inquietud" dentro del propio Ejecutivo por el enorme coste que va a suponer el próximo año la subida de las pensiones con el IPC disparado. Esta preocupación a la que hacen referencia se encuadraría concretamente en el área económica que lidera Calviño y en el sindicato creen que es la vicepresidenta primera la que está moviendo hilos en Bruselas para que sea la Comisión Europea la que haga una llamada a la moderación. "Las pensiones se han convertido en un marrón y el ala más ortodoxa del Gobierno está buscando argumentos sólidos para poder justificar una eventual decisión de ajuste de las pensiones ante el socio minoritario de la coalición, ante sus aliados parlamentarios y ante el conjunto de la sociedad", insisten desde la central sindical.

Lo cierto es que el Gobierno quería que la patronal y los sindicatos alcanzaran un acuerdo en el marco de la negociación colectiva para trasladar la recomendación de subida salarial a un pacto de rentas a nivel nacional. Pero los agentes sociales han fracasado en su negociación por la negativa de la CEOE a incorporar las cláusulas de revisión con el IPC que reclaman tanto CCOO como UGT y Pedro Sánchez se ha quedado sin los mimbres necesarios para poder argumentar ante los españoles que los pensionistas deben formar parte de un acuerdo amplio de moderación de las rentas y sacrificar una proporción de su poder adquisitivo en un momento especialmente delicado para la economía, como están haciendo de facto los trabajadores en activo.

Ante el fracaso de la negociación salarial, el Gobierno se ha visto obligado a incorporar en el Programa de Estabilidad una previsión de incremento de las pensiones en 2023 en base al deflactor del consumo privado (el Gobierno no hace previsiones de inflación y ese es el indicador que elabora el Ministerio de Asuntos Económicos y que más se asemeja al Índice de Precios de Consumo), que sitúan en el 6,1% en 2022. Si bien la subida final no se conocerá hasta diciembre, cuando se tenga constancia de la evolución del IPC en los once meses previos, que es la referencia que fija la nueva ley. En cualquier caso, por el momento, oficialmente el Ejecutivo insiste en que los pensionistas tienen completamente garantizado su poder adquisitivo, haciendo oídos sordos a las advertencias de organismos nacionales e internacionales como el Banco de España o la propia Comisión Europea.

Pero en UGT sospechan que el Gobierno da una cara a la ciudadanía y otra a Bruselas, donde Calviño estaría dejando recaer la responsabilidad de una eventual decisión de recorte del gasto para no perjudicar los intereses de Sánchez en año preelectoral. En Comisiones Obreras, sin embargo, no comparten esta teoría (o al menos no la expresan abiertamente) e insisten en que "el Gobierno español afirma que tiene validado ante las autoridades europeas el acuerdo que se alcanzó en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia". Desde el sindicato que lidera Unai Sordo se desmarcan de las sospechas que sí circulan en la central de Pepe Álvarez y se  limitan a criticar que "algunos, incluido el Banco de España, con otras compañías, hacen mucho ruido en cuanto tienen oportunidad".

El comisario de Asuntos Europeos, Paolo Gentiloni, apuntó recientemente que las reformas de las pensiones destinadas a "asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo" no se evaluarán hasta 2023. Será entonces cuando se examine la cuestión de la "sostenibilidad", en el marco de la cuarta petición de fondos de recuperación. Hasta entonces, las líneas de evaluación remiten al "mantenimiento del poder adquisitivo" y a la "alineación entre la edad efectiva de jubilación y la edad legal". Pero eso no quita que en la actualización de las proyecciones macroeconómicas las autoridades comunitarias ya adviertan de que "la indexación de las pensiones puede suponer un gasto mayor del previsto inicialmente si se mantienen las tensiones inflacionistas, complicando la reducción del déficit público".

En UGT están prevenidos. "Si en 2023 se prevé la vuelta a la mal llamada disciplina presupuestaria, rebautizada ahora como consolidación fiscal, con ello volverá la amenaza de ajuste en el gasto corriente y, señaladamente, del gasto en pensiones", afirman desde el sindicato. El Reglamento que establece el conocido como brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento apunta, en su Artículo 5, a la reforma de las pensiones como el principal mecanismo de ajuste presupuestario. "Si la Cláusula General de Escape del PEC se desactiva y vuelve la disciplina, vuelve con ella el peligro de una reforma de las pensiones que recorte los derechos adquiridos", insisten fuentes que advierten al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, de que incumplir el acuerdo firmado a finales de 2021 "llevará a conflicto".

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