UGT urge a Sánchez a blindar el gasto en sanidad y pensiones en la Constitución

Durante el 'rally' electoral del año 2019 uno de los compromisos estrella que formularon tanto el entonces presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, fue el de reformar la Constitución Española para blindar por ley tanto la preservación del poder adquisitivo de las pensiones como el gasto en Sanidad Pública con el objetivo de que en el futuro, decían, no volviera a suceder que se debilitaran los cimientos del Estado del Bienestar para cuadrar las cuentas públicas. Han pasado los meses, el PSOE y Unidas Podemos gobiernan ahora juntos, pero ese compromiso no parece formar parte de la agenda de 'asuntos urgentes' del Gobierno. El sindicato UGT, sin embargo, no parece dispuesto a que esto se quede ahí y en el programa de acción para los próximos cuatro años que su Congreso Confederal acaba de ratificar - junto al liderazgo de Pepe Álvarez- sitúa como prioridad la reforma del controvertido artículo 135 de la Constitución para que en lugar de sacralizar el valor constitucional del equilibrio presupuestario - como Europa le exigió a España en 2011 - se consagre el valor constitucional de la preservación del estado de bienestar.

"La necesaria estabilidad financiera no puede utilizarse como coartada para constreñir o recortar el Estado de Bienestar", advierte el documento aprobado por el Congreso de UGT. "Por ello es necesario proteger a través de la Constitución las necesidades esenciales de la ciudadanía en materia de sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, protección por desempleo y pensiones, estableciendo un suelo de gasto social que no debe verse afectado por las reglas de limitación del déficit público estructural y las medidas que de ello se deriven". 

Con la deuda pública española en niveles nunca vistos, el déficit público moviéndose en cifras similares a las que desencadenaron la intervención de nuestro sector financiero y los organismos internacionales y las instituciones domésticas, como el Banco de España o la Autoridad Fiscal, presionando al Gobierno para que perfile un horizonte de consolidación fiscal, el sindicato socialista ha optado por volver a poner en el escaparate el compromiso que en su día formularon los dos partidos que sostienen el Gobierno para maniobrar a favor del blindaje del gasto social ante cualquier eventual tentación de recorte en el futuro.

Lo que reclama UGT es la reversión de la reforma constitucional aprobada en 2011 por el Gobierno Zapatero - bajo una intensa presión de las autoridades europeas - que introdujo en la Carta Magna los principios de que "todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria" y, sobre todo, el de que "el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere, en su caso, los límites establecidos por la Unión Europea y sus Estados Miembros", lo que condiciona cualquier actuación presupuestaria de las autoridades españolas a las reglas fiscales europeas.  

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En otras palabras se trataría de sustituir el 'techo de gasto' que condiciona el esfuerzo presupuestario del Gobierno de España por un 'suelo de gasto' que garantizara la preservación de un nivel de servicio determinado en las bases principales del estado del bienestar: la sanidad pública, la educación pública, el sistema de dependencia, la cobertura a desempleados o las pensiones.

Impuestos a la tecnología, a los ricos, a las viviendas vacías...

Blindar el gasto social...y dinamizar la generación de ingresos. El Congreso de UGT ha alumbrado una propuesta de reforma fiscal integral para generar los recursos necesarios para mantener unos niveles adecuados en los servicios públicos. UGT concluye que el actual sistema fiscal español no está obteniendo los resultados satisfactorios "ni en términos de recaudación, ni de equidad, ni de redistribución de la renta" en un país como España y que si se quiere corregir esa distorsión hay que hacer que contribuyan más lo que más tienen...

Para ello el sindicato considera que hay que tocar todos los grandes impuestos e incluso idear algunos nuevos, por ejemplo planteándose nuevos esquemas recaudatorios para gravar a las empresas que sustituyan capital humano por capital tecnológico, lo que se ha dado en llamar el 'impuesto a los robots', o creando un nuevo impuesto que grave la acumulación de viviendas vacías por parte de bancos, socimis o fondos de inversión.

 UGT aboga también por equiparar el tratamiento fiscal de las rentas del trabajo y de las del capital en el Impuesto sobre la Renta, que pese a la última subida aprobada por el Gobierno continúan disfrutando de un tipo fiscal sensiblemente más bajo que las del trabajo y eliminar el polémico régimen de módulos, cuyo mantenimiento ya no tiene sentido en su opinión. 

También plantean una revolución en el IVA, con el establecimiento de un tipo incrementado, más allá del 21% del tipo general, para los bienes de lujo, y la generalización del tipo superreducido del 4% para los suministros energéticos básicos, en línea con la reducción del IVA del consumo eléctrico del que ya se ha empezado a debatir tras la subida de la electricidad, además de eliminar las ventajas que aún existen para la educación y la sanidad privadas. El sindicato plantea asimismo gravar a las grandes fortunas por todo su patrimonio e implantar el tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades.