"Días o semanas". Es el tiempo que estima el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que la mesa de diálogo social cierre el acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Así lo detalló durante el día de ayer, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros extraordinario en el que se aprobó la prórroga de los ERTE. Durante su comparecencia, apuntó que faltaban por matizar los últimos flecos, "detalles del texto normativo muy concretitos", dijo.
Aunque se prevé que el grueso de la reforma se aplique en 2022, en el segundo semestre de este mismo año llegarían los primeros cambios. El asunto no es baladí, pues fue en noviembre del pasado año cuando el Gobierno dio luz verde a la reforma, después de cuatro años de negociaciones repartidos en hasta tres legislaturas. Incentivos en la jubilación demorada, poder adquisitivo... son algunas de las medidas que marcarán el futuro de las pensiones y las jubilaciones.
Los dos cambios que llegarán en 2021
Tal y como se detalla en el 'componente 30' del Plan de Recuperación remitido a Bruselas hace ya un mes, el Gobierno solo llevará a cabo dos cambios legislativos. La reforma echará a andar en el cuarto trimestre de 2021, cuando se espera aprobar un nuevo índice de revalorización de las pensiones asociado a la inflación, para garantizar el poder adquisitivo, y una serie de cambios para alinear la edad real de jubilación con la edad legal, con un nuevo esquema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada, para hacerlos más equitativos e incentivadores de la permanencia en el empleo, y de los incentivos a la demora, así como la eliminación de cláusulas de jubilación forzosa.
El siguiente paso no se dará hasta el segundo trimestre de 2022, cuando está prevista la aprobación del nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por ingresos reales. Su implementación, ha aclarado el ministro, será "gradual", aunque su "aspiración" es que esté en vigor ya en esa fecha fijada.
Las jubilaciones que vienen
Como decimos, la jubilación anticipada, la demorada y la parcial 'sufrirán' cambios con la nueva reforma. En este sentido, para la primera, la fórmula será, como comentábamos, un nuevo esquema de coeficientes reductores que penalicen el retiro anticipado. En la actualidad, estos se aplican sobre la base reguladora de las prestaciones y se calculan por trimestre de forma progresiva.
La propuesta de Escrivá es que esos coeficientes se apliquen directamente sobre la pensión final, evitando así la penalización mínima en trabajadores que opten por la jubilación anticipada y tengan una pensión alta.
Al mismo tiempo, la reforma plantea una serie de incentivos a la jubilación demorada, mediante 'un cheque' de hasta 12.060,12 euros en un pago único a quienes demoren su jubilación y reducirá hasta un 21% la de quienes se jubilen anticipadamente. Respecto a ese pago único, se ofrecerán hasta tres tipos de incentivos, entre los que el trabajador podría elegir, favoreciendo la máxima flexibilidad para cada persona.
Las previsiones del Plan España 2050
La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto celebrado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, presentó el Plan España 2050. A través de un extensísimo documento de nada menos que 676 páginas, el Ejecutivo expuso, junto a un grupo de expertos (AIRef, Banco de España, Comisión Europea, OCDE, académicos de universidades españolas...), la estrategia para dilucidar "el país que queremos ser dentro de 30 años".
Como no podía ser de otra manera, el documento dedica un amplio espacio al futuro del sistema de pensiones y las jubilaciones. En este sentido, uno de los "desafíos pendientes" que fija el documento es el aumento del gasto público en pensiones, derivado del mayor envejecimiento poblacional y, por tanto, "adecuar el sistema de pensiones a las nuevas realidades demográficas y sociales". "El grueso del sistema de pensiones corresponde a las contributivas, de las que más de un 60% son de jubilación. Estas se financian, principalmente, con las cotizaciones realizadas por las empresas y los trabajadores, por lo que, para garantizar su sostenibilidad resulta necesario que el equilibrio entre los ingresos y los gastos se mantenga a lo largo del tiempo", explica el Plan.
Además, se centra en "las principales cuestiones que ahora centran el debate": la evolución de la tasa de sustitución, la financiación del sistema, reducir la jubilación anticipada y aumentar la tasa de actividad, promover la jubilación activa y, por tanto, retención y reincorporación de los trabajadores sénior.
¿Jubilación más allá de los 67? La OCDE abre el debate
Mientras tanto, el examen anual a España de la OCDE valora que el Gobierno se haya decidido a actuar sobre las pensiones y en concreto sobre la brecha existente entre la edad real a la que se jubilan los trabajadores españoles y la edad legal de jubilación, que en los últimos años ha venido observando como una de las principales distorsiones del sistema y como una de las principales amenazas para su sostenibilidad futura, pero desliza que España tendrá que ir más allá si se quiere contener la espiral de gasto público en pensiones que se viene por el efecto del envejecimiento de la población.
En ese sentido, apunta a medidas que no están dentro de la reforma planteada por José Luis Escrivá a Bruselas, como vincular la edad legal de jubilación - actualmente en 65 años para los que acreditan más de 38 años y medio cotizados y en 67 años para los que han cotizado por debajo de ese umbral - a la esperanza de vida o por ampliar el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra, en línea con esa extensión del periodo de cálculo a los 35 años que el departamento de Escrivá llegó a manejar, pero que finalmente no se plasmó en la propuesta definitiva de reforma.
El organismo advierte de que la derogación del índice de revalorización de las pensiones y la decisión del Pacto de Toledo de vincular la evolución de las pensiones al IPC disparará, en ausencia de medidas de contención, el gasto en pensiones hasta el 15% del PIB y la deuda pública hasta el 171% del PIB a la altura del año 2050.
