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Prejubilaciones, IPC... Los últimos cambios de la reforma de pensiones

El Plan de Recuperación ya ha sido remitido a Bruselas por parte del Gobierno. Un documento en el que la medida más controvertida hace referencia a las pensiones de jubilación.

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Dos jubilados, pensionistas
©️[paparazzit] a través de Canva.com

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya está en manos de Bruselas tras haber sido aprobado por el Gobierno el pasado martes en el Consejo de Ministros. Con esto, España recibirá 140.000 millones de fondos europeos hasta 2026 para acometer un total de 212 medidas, de las cuales 110 son inversiones y 102 reformas. Y es precisamente en este último punto donde entra la reforma de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. 

Hablamos de la reforma más controvertida de todo el plan y no es para menos. La Unión Europea ya ha urgido más de una vez al Gobierno de la necesidad de hacer sostenible un sistema de prestaciones que lleva casi un lustro caminando por la cuerda floja. Las vicisitudes de la reforma y los 'volantazos' de Escrivá no hacen más que corroborar lo arduo del plan. Veamos, a continuación, en qué punto se encuentra la reforma de pensiones y las últimas noticias al respecto. 

La revalorización de las pensiones, un escollo en la negociación

Un claro ejemplo de esto es el giro de guion que sufrió la revalorización de las pensiones la semana pasada. Todo después de que Escrivá cediese ante los sindicatos y plantease una nueva fórmula que permitía a los pensionistas no solo mantener poder adquisitivo, sino ganar capacidad de compra. Algo que implicaba de facto un incremento estructural del gasto en prestaciones. 

En concreto, se renunció al sistema inicialmente planteado, que fijaba que la ganancia de poder adquisitivo en caso de inflación negativa tendría que absorberse en los años siguientes. De modo que los pensionistas podrán ganar capacidad de compra cuando el IPC sea negativo, ya que su prestación se mantendrá intacta y la diferencia respecto a la inflación no será compensada a posteriori. El ministro había introducido ese elemento en la fórmula para acompasar el mantenimiento del poder adquisitivo con la contención del gasto público, un planteamiento más alineado con Bruselas que ahora, sin embargo, desaparece.

Con la nueva fórmula para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, en caso de IPC negativo, la nómina no se compensaría en los siguientes ejercicios, sino que ese año quedaría congelada.

Enésimo viraje: retira la subida de la pensión máxima

El de la revalorización no es el único cambio del plan de Escrivá. El ministro también retiró su propuesta de aumentar la pensión máxima, adecuándola a un incremento progresivo de las bases de cotización más altas. 

En un principio, el Ministerio había puesto sobre la mesa un incremento progresivo de la base máxima de cotización, que actualmente está en 4.070 euros mensuales, que tendría como consecuencia una mejora de la pensión máxima (2.707 euros) para "no afectar a la naturaleza contributiva del sistema". De manera que el destope de ese límite en las cuotas sociales para las rentas superiores a 40.840 euros anuales repercutiría directamente en la cuantía de las pensiones más altas, que ahora alcanzan los 37.900 euros en 14 pagas.

Así queda la pensión máxima

En la actualidad, la pensión máxima de jubilación que se puede cobrar en España es de 2.797,49 euros al mes, es decir, 37.904.86 euros al año distribuidos en 14 pagas.

La pensión máxima en España ha ido creciendo anualmente desde 2017. En ese año, la cuantía mensual se cifraba en 2.573.70 euros al mes, en 2018 ya ascendía a 2.614,96 euros, en 20219 subió hasta los 2.659,41 euros y en 2020 alcanzó los 2.683,34 euros al mes.

Este es el límite establecido por ley, pero existen excepciones y métodos gracias a los cuales la cuantía total puede aumentar. Este es el caso del cobro del complemento de maternidad. Aquellos beneficiarios de esta ayuda que al cobrarla sobrepasen el límite de la pensión máxima pueden sumar el 50% del complemento, aunque se supere la cifra establecida por ley.

Las reformas más traumáticas se aplazan

El ministro ha optado por adelantarse a Yolanda Díaz y retirará de la propuesta inicial las reformas consideradas más traumáticas, que se aplazarán a los próximos años. Este primer conjunto de medidas podría llegar mucho antes de lo previsto en una carrera por anticiparse al pacto de Trabajo de la vicepresidenta tercera.

En un principio se deja a un lado la idea de elevar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años, que previsiblemente se tratará en segundas negociaciones. Además, los nuevos parámetros de cálculo de la pensión, cuyo objetivo será la equidad intergeneracional, se empezarán a aplicar en 2027. Para ello se tendrán en cuenta cuestiones como la esperanza de vida o el equilibrio entre cotizantes y pensionistas en el país.

El coste de las prejubilaciones forzosas

La separación de fuentes de financiación para liberar al sistema público de pensiones de gastos impropios y lograr el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social es una de las reformas 'core' del ministro José Luis Escrivá y su consecución va a pasar necesariamente por el trasvase al Estado de la factura de las 'prejubilaciones forzosas'.

En plena oleada de expedientes de regulación de empleo (ERE) en las grandes empresas, el máximo responsable de la sostenibilidad financiera del sistema ya ha empezado a maniobrar para cargar este coste al apartado de transferencias presupuestarias y pretende que todo el gasto relacionado con las pensiones de jubilación anticipada involuntaria haya salido de la Seguridad Social en el año 2023.

Así lo recoge, en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, la propuesta para la reforma de las pensiones que el Ministerio ha puesto sobre la mesa del diálogo social. La intención de Escrivá, según consta en el documento remitido a la patronal y los sindicatos al que ha tenido acceso La Información, es que la transferencia anual de 13.929 millones de euros aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se vaya incrementando progresivamente en los ejercicios 2022 y 2023, hasta alcanzar un importe suficiente que cubra todos los gastos impropios que en estos momentos todavía asume la Seguridad Social.

Escrivá pierde 119 efectivos de su plantilla

En último trimestre de 2020 aumentaron las jubilaciones voluntarias en la Seguridad Social según los datos del propio Ministerio. Todo apunta a que los trabajadores se han visto motivados por los rumores de recortes en las pensiones públicas con motivo del acceso a los fondos europeos de recuperación. En total, el departamento que depende del ministro, ha perdido 119 miembros del personal.

Además, esto coincide con un incremento del trabajo por el traspaso de la gestión de clases pasivas y la alta demanda de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Mientras que las jubilaciones ordinarias se reducen un 24,14%, las voluntarias se disparan al 240%. El año pasado durante el mismo periodo solo se registraron 35 retiros frente a los 119 actuales.

El dinero de la pensión puede caer un 21%

Con todo, una de las finalidades de la reforma es desincentivar la jubilación anticipada para conseguir que la edad media de retiro, que se sitúa en los 64,4 años, se acerque a la edad legal, que está fijada en 2021 en los 66 años para aquellos con menos de 37 años y 3 meses cotizados. 

Para ello, la propuesta de Escrivá plantea que los coeficientes reductores, que son el porcentaje con el que se penaliza la jubilación anticipada, sean mensuales, en lugar de trimestrales como hasta ahora y que dichos coeficientes se apliquen directamente sobre la cuantía de la pensión. Dichos coeficientes, en algunos casos, como en las carreras laborales más largas, pueden llegar a suponer una menor penalización, pero para el resto pueden influir negativamente.

A modo de ejemplo, si un trabajador quiere jubilarse con 64 años y menos de 38 años y seis meses cotizados, en la actualidad su pensión se vería penalizada en un 16%. No obstante, tras la reforma, su pensión podría verse recortada en un 21%. Esto, para la pensión media de jubilación, que en el mes de marzo se situó en los 1.185,81 euros, supondría perder unos 249 euros. Ahora bien, si este trabajador tuviera más de 38 años y seis meses cotizados su pensión actual se vería recortada un 15% y la rebaja se elevaría hasta el 19% si se implantara la reforma. Es decir, dejaría de cobrar unos 225 euros.

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