El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sigue tratando de definir y dar forma a la reforma del Pacto de Toledo, que consiguió, a finales del pasado año, luz verde por parte del Congreso para salir adelante. El asunto no es baladí, pues supone un 'sí' a cuatro años de negociación que se han repartido en nada menos que tres legislaturas.
A esto, se suma, además, la fuerte incidencia que ha tenido la crisis de la Covid en las pensiones, sobre todo las de las rentas bajas, y la incertidumbre que han generado algunos de los últimos planteamientos de Escrivá que ha desatado un alud de 50.000 jubilaciones voluntarias antes de los 65. Repasamos, grosso modo, algunas de las últimas noticias sobre pensiones, jubilación, la reforma del Pacto de Toledo y el 'efecto Covid' en las prestaciones.
La reforma acabará con el 'castigo' a los prejubilados de la crisis
La reforma de Escrivá incluirá una solución para la situación que arrastran desde hace años alrededor de medio millón de trabajadores, según cálculos del propio Ministerio, que fueron forzados a prejubilarse durante los años de la crisis y a los que la falta de flexibilidad de la regulación del sistema público de pensiones condenó a una penalización permanente en sus pensiones, pese a acreditar carreras de cotización de más de 40 años, tal y como avanzó hace unos días a este periódico fuentes muy próximas al Ministerio.
Los portavoces de la comisión se reunirán la próxima semana y de ese encuentro saldrá, previsiblemente, un calendario de trabajo que marcará la negociación sobre este asunto. La solución específica saldrá de esa negociación, aunque según las fuentes consultadas ya se han empezado a perfilar algunas cuestiones. Seguridad Social es partidaria de abordar una reforma del marco legal que elimine de forma expresa y con carácter general cualquier tipo de penalización en la pensión a todos los trabajadores que hayan llegado al momento de la jubilación con una carrera de cotización que supere los 40 años.
A vueltas con el factor generacional
Otro de los puntos ha centrado el debate en el último mes ha sido en torno al llamado "factor intergeneracional" que ha introducido el ministro José Luis Escrivá en los planteamientos iniciales del Plan de Reformas para garantizar el poder adquisitivo y la sostenibilidad del sistema.
En este sentido, en la documentación inicial que se envió a la Comisión Europeo sobre la reforma de las pensiones, se incluye una referencia a introducir "un nuevo instrumento en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema [de pensiones] serán objeto de revisión periódica en función de la evolución de la demografía y del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista".
Escrivá concreta algo más en sus planes: "Ello implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población, y que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas". La generación del 'baby boom', por ejemplo.
¿Subir la pensión según el IPC medio de los dos años anteriores?
Otro de los asuntos que tratará de incluir Escrivá en la reforma de las pensiones es romper con el tradicional esquema de revalorización de las pensiones en función del IPC previsto para el ejercicio siguiente. La idea es implantar una fórmula más anclada al comportamiento real de la economía y menos sujeta a factores exógenos.
En este sentido, la última propuesta que se ha llevado a la mesa de diálogo con los agentes sociales es determinar la subida anual de las pensiones en función del IPC medio registrado por el INE en los dos años anteriores. El objetivo es acompasar la subida de las pensiones al comportamiento mostrado por la cesta oficial de bienes y servicios en España en los meses inmediatamente anteriores.
El efecto Covid en las pensiones
Como comentábamos anteriormente, no solo las idas y venidas en la reforma de las pensiones genera tensión entre los jubilados o los que están en los últimos años de su actividad laboral. La crisis provocada por la pandemia de la Covid también ha asentado un duro golpe en las prestaciones.
Los datos hablan por sí solos. Y es que repaso detallado a las cifras que facilita la Seguridad Social muestra un drástico aumento de bajas respecto a 2019 -65.000- y el frenazo de las altas -28.000- por fallecimientos, pero también por problemas administrativos, que han limitado el crecimiento del número de prestaciones a 42.000, apenas un 0,43% más de que en 2019.
El mínimo incremento del número de pensiones, que en los últimos tres lustros ha crecido como mínimo tres veces más que en 2020, y un aumento moderado de la pensión -2,07 frente al 4,85% de 2019- han contribuido a que el importe de la nómina anual de las pensiones, que asciende a 138.052 millones de euros, solo aumente un 2,54%, la mitad que un año antes.
Se dispara el plazo de cobrar la pensión de jubilación
Otro de los efectos de la pandemia se han dejado sentir en los plazos de la Administración Pública y, especialmente, en el caso de la Seguridad Social.
Los cierres de oficinas derivados del confinamiento, las bajas de funcionarios por enfermedad derivada del contagio por Covid-19 y la sobrecarga de trabajo que ha tenido que asumir la plantilla por la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han disparado el periodo de tiempo que tienen que esperar los nuevos jubilados para cobrar la pensión desde que la solicitan por primera vez.
La mitad de los jubilados no llega al SMI
Una de las exigencias más recurrentes de los afectados por la reforma de las pensiones es la económica. Todo después de que hasta seis de cada diez de los actuales pensionistas hayan trabajado y cotizado más de 35 años y sus prestaciones estén aún alejadas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado en 950 euros.
Los tramos de la cuantía de las pensiones muestran una realidad incómoda. Más de 2,5 millones de pensionistas cobran menos de 650 euros en 14 pagas, la cantidad que marca la línea de la pobreza. Mientras, más del 50% de los jubilados -3,18 millones- y el 64% de los pensionistas no llegan a recibir 950 euros de nómina, la cantidad fijada como SMI. Han cotizado muchos años, pero los sueldos bajos, la precariedad y los abonos mínimos de muchos autónomos dejan a 350.000 de ellos cobrando 400 euros en 14 pagas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios