En las próximas semanas, la reforma de pensiones -cuya primera pata de medidas fue aprobada como proyecto de Ley en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso- llegará al Congreso para su tramitación, ya que la idea que aún mantiene el Gobierno es que entre en vigor el 1 de enero de 2022. Recordemos que el objetivo del Ejecutivo es mantener el poder adquisitivo de las pensiones, mediante la vinculación de su subida al IPC, y adecuar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, a través de una serie de incentivos para el retiro demorado y de penalizaciones para el anticipado.
En cualquier caso, desde Moncloa ya han avisado que el texto no es del todo definitivo, ya que están abiertos a posibles modificaciones que puedan salir de la Cámara Baja. Eso, por no citar los no pocos cambios que ha efectuado sobre el borrado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Uno de los últimos, por cierto, lo hemos conocido recientemente. Así, veamos a continuación cuáles son las últimas noticias en materia de pensiones y jubilación.
El 'plus para prejubilados' de Escrivá
Este 'plus', ideado por Escrivá, tiene como objetivo igualar el trato dispensado por el sistema público a todos los pensionistas con largas carreras de cotización que se jubilaron de forma anticipada en los últimos 20 años y que por ese motivo se vieron penalizados, a veces con recortes de hasta el 40% de la pensión, por el juego de los coeficientes reductores previstos en la ley. Tal y como consta en el documento, de los más de 237.000 prejubilados que, según los registros de la Seguridad Social están en esa situación, al menos 24.000 no tendrán derecho al plus por estar percibiendo la pensión máxima.
En este sentido, serán más de 20.000 pensionistas los que, según las estadísticas, cumplen los requisitos para percibir el plus de Escrivá, ya que cuentan con cotizaciones acreditadas anteriores a 1967 y procedentes del mutualismo laboral, que optaron por abandonar de forma anticipada el mercado laboral entre 2002 y 2011. La norma, además, no discrimina entre jubilados que accedieron a esa condición de forma voluntaria y los que tuvieron que hacerlo de forma forzada, ya fuera por un despido individual o un ajuste colectivo.
Pueden optar por tanto a este complemento todos los pensionistas que, como decimos, hayan salido de forma prematura del mercado laboral en los últimos 20 años. Eso sí, será requisito indispensable que la cuantía de su pensión hubiera sido más alta si se le hubieran aplicado los coeficientes vigentes a 1 de enero de 2022.
Un plan de pensiones sin cargas fiscales para autónomos y pymes
Por otro lado, Seguridad Social está trabajando en la regulación de un nuevo modelo de planes de pensiones de empresa, inédito en España, con el objetivo de extender el ahorro privado para la jubilación, más allá de las grandes empresas y en concreto para hacerlo entre las micropymes y los trabajadores autónomos, según aseguran fuentes conocedoras del proyecto y confirman fuentes de la Seguridad Social.
El modelo se inspira en los denominados planes simplificados de pensiones para empleados, los SEP según sus siglas en inglés, un sistema que ha tenido éxito en otros países como mecanismo de atracción y retención de talento y programa de salario diferido en empresas de pequeño tamaño, y que suele sostenerse en un esquema fiscal que permite a las empresas deducirse todas las contribuciones realizadas al plan y que tampoco las considera gravables para los empleados.
El IPC elevará las pensiones y la nómina de los funcionarios
Los representantes de los empleados públicos han comenzado ya los contactos con el Ejecutivo central para consensuar el alza de las retribuciones del próximo año y el punto de partida es una subida superior al 3%, que incorporaría la subida del IPC en 2021, que los analistas estiman en como mínimo el 2,5%, y unas décimas e incluso puntos adicionales para compensar el poder de compra perdido durante la crisis económica y que calculan que supera el 8%.
En estas circunstancias y teniendo en cuenta las previsiones casi coincidentes de distintos servicios de estudios, la Administración del Estado deberá destinar un mínimo de 675 millones de euros extra a la nómina de sus empleados y a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por la desviación de los precios.
Mientras, más de 10,1 millones de pensiones -contributivas y no contributivas- recibirán en febrero del próximo año una compensación equivalente a la diferencia al 0,9% -en el caso de las no contributivas del 1,8%- ya pagado en 2021 y el 2,5% de desviación de inflación media durante todo este año, según diversas estimaciones. Los pensionistas con derecho a una pensión contributiva percibirán una extra global de 2.175 millones de euros, que de media supone 220 euros. Además, sus 14 pagas subirán en otros 26 euros. Por su parte, las pensiones no contributivas -263.000- aumentarán en total en tres millones de euros y las de Clases Pasivas, que todavía reciben 666.500 funcionarios y militares, lo harán en 1.100 millones.
