Los dos últimos cambios que afectarán a las pensiones de clases pasivas

El primer Consejo de Ministros del nuevo curso que el Gobierno celebró este martes se estrenó con nada menos que la aprobación del proyecto de ley que incluye la primera pata de la reforma de pensiones. Ahora se espera que en los próximos días sea remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria y con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2022. Esto llega después de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, consiguiera llegar a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo. 

Recordemos que las negociaciones fueron intensas con varios puntos de fricción que supusieron no pocos bandazos en el borrador de la reforma. El último, de hecho, llegó ayer mismo. Y es que el Gobierno, atendiendo a una de las recomendaciones que le había formulado el Consejo Económico y Social (CES) en la fase de consultas de la norma, ha decidido modificar el proyecto inicial, tal y como publica este mismo miércoles La Información. 

Incentivos a la jubilación y revalorización de las pensiones

Ahora los funcionarios encuadrados en el régimen de clases pasivas también estarán incluidos en el esquema de revalorización de las pensiones en función del IPC y en el sistema de incentivos económicos para aquellos que decidan demorar su jubilación y alargar su actividad laboral. En el texto inicial el perímetro de esas medidas se reducía a los trabajadores del Régimen General. 

Así, partir de ahora sus prestaciones también irán vinculadas a la variación media interanual del IPC. Con la nueva fórmula, en caso de que el IPC sea negativo, la nómina no se compensará en los siguientes ejercicios, sino que directamente ese año quedará congelada. Las pensiones mínimas quedarán exentas de esta propuesta, pues no se compensará en sus nóminas la inflación negativa

Por su parte, el ministro Escrivá quiere promover una jubilación más demorada y una mayor permanencia en el mercado laboral, mediante un 'cheque' de hasta 12.060,12 euros en un pago único a quienes se retiren más tarde de la edad legal. Respecto a este, se ofrecerán hasta tres tipos de incentivos, entre los que el trabajador podría elegir, favoreciendo la máxima flexibilidad para cada persona.

La primera opción sería la de un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora; la segunda un pago único (de hasta 12.060,12 euros por año de demora para las carreras superiores a más de 44 años y medio) y una tercera que consistiría en una combinación de ambas.

Este último punto será fundamental para frenar en cierto modo el aluvión de jubilaciones de funcionarios que ha tenido lugar este último año. Según las estadísticas oficiales, mientras en la primera mitad de 2020 alrededor de 6.500 funcionarios de clases pasivas se retiraron voluntariamente antes de los 65 años, este año 2021 esa cifra se ha disparado por encima de los 9.000.