Reforma de las pensiones: del proyecto de ley a los cambios para funcionarios

Las previsiones del Gobierno parecen claras: el 1 de enero de 2022 tiene que entrar en vigor la primera pata de la reforma de las pensiones, que se empezará a tramitar en el Congreso en las próximas semanas. Por tanto, a buen seguro que este capítulo de la Seguridad Social seguirá copando, como ya lo viene haciendo en este último año, buena parte de la atención mediática en materia económica. 

Así las cosas, veamos a continuación cuáles han sido las últimas noticias de pensiones y jubilación más destacadas de esta última semana y cómo puede afectar a pensionistas y futuros jubilados. 

Aprobada como proyecto de Ley

El primer Consejo de Ministros del nuevo curso que tuvo lugar el pasado martes con nada menos que la aprobación del proyecto de ley que incluye la primera pata de la reforma de pensiones. Ahora se espera, como decimos, que en los próximos días sea remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria y con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2022. 

Esto llega después de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, consiguiera llegar a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Nuevos cambios en la reforma

Las negociaciones fueron intensas con varios puntos de fricción que supusieron no pocos bandazos en el borrador de la reforma. El último, de hecho, llegó con el nuevo proyecto de Ley. Y es que el Gobierno, atendiendo a una de las recomendaciones que le había formulado el Consejo Económico y Social (CES) en la fase de consultas de la norma, ha decidido modificar el proyecto inicial, tal y como publica el miércoles La Información. 

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Incentivos a la jubilación y revalorización de las pensiones

Ahora los funcionarios encuadrados en el régimen de clases pasivas también estarán incluidos en el esquema de revalorización de las pensiones en función del IPC y en el sistema de incentivos económicos para aquellos que decidan demorar su jubilación y alargar su actividad laboral. En el texto inicial el perímetro de esas medidas se reducía a los trabajadores del Régimen General.

Así, tras la reforma, sus prestaciones también irán vinculadas a la variación media interanual del IPC. Con la nueva fórmula, en caso de que el IPC sea negativo, la nómina no se compensará en los siguientes ejercicios, sino que directamente ese año quedará congelada. Las pensiones mínimas quedarán exentas de esta propuesta, pues no se compensará en sus nóminas la inflación negativa

Por su parte, el ministro Escrivá quiere promover una jubilación más demorada y una mayor permanencia en el mercado laboral, mediante un 'cheque' de hasta 12.060,12 euros en un pago único a quienes se retiren más tarde de la edad legal. Respecto a este, se ofrecerán hasta tres tipos de incentivos, entre los que el trabajador podría elegir, favoreciendo la máxima flexibilidad para cada persona.

La primera opción sería la de un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora; la segunda un pago único (de hasta 12.060,12 euros por año de demora para las carreras superiores a más de 44 años y medio) y una tercera que consistiría en una combinación de ambas.

El gasto en pensiones sigue creciendo

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 10.217,15 millones de euros a 1 de agosto, lo que supone un incremento del 3,16 % respecto a la misma fecha del año pasado. De acuerdo con los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de dos tercios de la nómina (7.356,29 millones) se destinaron al abono de las pensiones de jubilación, cuantía que ha crecido un 3,72% anual.

A pensiones de viudedad se dedicaron 1.745,59 millones (2,06 % más que en agosto de 2020); a prestaciones por incapacidad permanente, 945,56 millones (1 % más); a prestaciones de orfandad, 143,17 millones (2,41 % más); y a prestaciones en favor de familiares, 26,53 millones (4,38 % más). De las 9.862.327 pensiones contributivas abonadas a 1 de agosto, 6.170.027 son de jubilación, 2.354.616 de viudedad, 950.996 de incapacidad permanente, 342.746 de orfandad y 43.942 en favor de familiares.