Madrid, 29 dic.- Un accionista del Banco Santander ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el indulto del consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, al considerar que el Gobierno no tiene potestad para suprimir sus antecedentes penales.
Según el recurso, al que ha tenido hoy acceso EFE, la condena del Supremo a Sáenz constataba una "falta de honorabilidad" que le impedía volver a trabajar en el sector bancario y esto constituye una "norma administrativa" que queda fuera de las competencias del Gobierno.
De acuerdo a su argumentación, el Gobierno puede indultar "los delitos y sus penas accesorias", pero no una norma de carácter administrativo "que ni siquiera tiene carácter sancionador", como es el caso de los antecedentes penales.
El pasado 25 de noviembre, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió indultar a Sáenz de la condena de tres meses de arresto e inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto, con lo que se paralizaba la ejecución de la sentencia y se le permitía seguir en su cargo.
El recurso estima que el Gobierno tiene potestad para indultar la condena de arresto pero no la de inhabilitación, ya que esta es el resultado de la puesta en duda de su honorabilidad profesional.
El accionista David Esteban Alija considera, en el recurso contencioso-administrativo presentado en el Tribunal Supremo, que "no es de recibo" que el Gobierno exima a Sáenz del requisito de "honorabilidad comercial y profesional" exigida a todos los banqueros.
De hecho, apunta que "lo que en realidad se buscaba por el anterior Gobierno -se ignora el motivo- era posibilitar a todo trance que el señor Sáenz pudiera seguir desempeñando el cargo de administrador del banco más poderoso del país".
Además, añade que el indulto podría afectar a la normativa europea que exige esta "honorabilidad", ya que considera que el Gobierno de uno de los países no puede aprobar de forma unilateral excepciones legales que afectan al resto del mercado único.
Por último, el recurso también señala que este indulto podría afectar a la percepción social de la justicia porque, desde su punto de vista, los ciudadanos pueden entender que se trata de una violación del principio de igualdad.
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