Un colectivo de campings de Tarragona lleva al TS el corredor mediterráneo

David contra Goliat. La Associació de Campings de Tarragona, Costa Daurada i Terres de l'Ebre contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) del Ministerio de Fomento. ¿El objeto del litigio? Una de las principales infraestructuras ferroviarias consideradas estratégicas por el Gobierno: el Corredor Mediterráneo. El colectivo turístico considera que la obra conllevará necesariamente un aumento de tráfico de trenes de viajeros y mercancías y, por lo tanto, un incremento en el ruido que hará los campings colindantes a la vía mucho menos atractivos para sus clientes. El recurso ha llegado hasta la Sala de lo Contencioso del Supremo que deberá decidir si el proyecto debe replantearse para minimizar las molestias en esas instalaciones.

El tramo afectado por la reclamación es el que transcurre entre Sant Vicenç de Calders y el nudo de Vila-Nova, ya a las afueras, al sur de la ciudad de Tarragona. Adif prevé adecuar la vía actual de ancho ibérico a los trenes de ancho internacional mediante la introducción de un tercer carril. Gran parte del recorrido, de unos 39 kilómetros, transcurre junto a la línea de costa. A ambos lados de la vía se sitúan al menos 14 campings. La asociación que los agrupa recurrió los proyectos de construcción de esa infraestructura. Su tesis es que la mejora de la línea producirá necesariamente "más ruido, más perturbaciones y más tránsito indeseable en cuanto a su incremento".

Hasta el momento, sin embargo, la asociación no ha tenido mucho éxito. El juzgado 3 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional rechazó sus pretensiones al afirmar que la línea no es nueva y que las obras no suponen "modificaciones sustanciales en el trazado de la línea actualmente existente" por lo que no sería necesaria la aprobación de un nuevo estudio informativo y de una nueva declaración de impacto ambiental que analizase el efecto del ruido sobre los campings. Esa sentencia aseguraba, además, recogiendo las alegaciones de Adif, que la obra no iba a producir "un incremento significativo del tráfico de mercancías y una perturbación sobre los niveles sonoros".

Tampoco les dio la razón la Sala de lo Contencioso de la Audiencia que recordó que Adif, a través del abogado del Estado, justificó la intervención por "la necesidad de mejorar la eficiencia de las comunicaciones" en una zona donde se sitúan "cuatro estaciones de viajeros, un centro logístico, dos nodos de mercancías, derivaciones particulares a Repsol Butano, Bayer y Ercros e importantes áreas de actividad como el puerto y el Polígono Sur de Tarragona".

No se ha vulnerado la normativa

"En ningún momento se ha vulnerado la legislación vigente en materia de ruido relativa a los valores límite de las infraestructuras ferroviarias", sostuvieron los magistrados. "Dichos valores solo son de aplicación a las nuevas infraestructuras y no a las infraestructuras existentes, como es el caso", añadieron.

La Associació de Campings de Tarragona, sin embargo, no se ha rendido. Y ha llevado el caso hasta la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. El pasado 13 de marzo, el alto tribunal admitió su recurso de casación a trámite al considerar que no existen sentencias previas que analicen cómo se aplica la Ley del Ruido a este tipo de infraestructuras y si necesitan una declaración de impacto ambiental que en este caso no se ha hecho.

La cuestión no es baladí, porque la Ley del Ruido obliga al Estado en la instalación de nuevas infraestructuras a la elaboración de una declaración de impacto ambiental en la que "se especificarán las medidas que resulten económicamente proporcionadas tendentes a que se alcancen en el interior de las edificaciones [preexistentes] unos niveles de inmisión acústica compatibles con el uso característico de las mismas". En caso de que el Supremo así lo viera, Adif podría tener que correr con los gastos de minimizar el ruido en los campings afectados. Y la infraestructura, posiblemente, sufriría nuevos retrasos.