Un estado australiano se unirá a demanda contra nuevo impuesto a la minería

Sídney (Australia), 9 jul.- El estado australiano de Queensland se unirá a la batalla legal iniciada en el país oceánico por la minera Fortescue Metals contra el nuevo impuesto a la explotación de carbón y hierro, informaron hoy medios locales.

Queensland se queja de que el Impuesto a la Renta de los Recursos Minerales (MRRT, por sus siglas en inglés) discrimina a los estados ricos en recursos, según su fiscal general, Jarrod Belijie.

El MRRT, que entró en vigor el 1 de julio, grava con un 30 por ciento los beneficios extraordinarios provenientes de la explotación del carbón y el hierro.

Los estados de Queensland y Australia Occidental son los estados con mayores riquezas mineras del país.

El fiscal general de Queensland también opinó que una "mayor intervención del gobierno australiano" en los negocios lastra la generación de empleo en ese estado, según declaraciones citadas por la emisora local ABC.

El anuncio de Queensland se produjo poco antes de la reunión en la ciudad de Brisbane entre el presidente del gobierno de este estado, Campbell Newman, y la primera ministra de Australia, Julia Gillard.

Fortescue Metals interpuso el mes pasado una demanda ante el Alto Tribunal por considerar que el MRRT genera discriminación entre los estados y restringe la capacidad de sus gobiernos de fomentar la minería.

El Gobierno australiano espera recaudar alrededor de 13.247 millones de dólares (10.793 millones de euros) en los próximos cuatro años mediante este impuesto, que ha enfrentado por varios meses al Gobierno del Partido Laborista y el poderoso sector minero.

En julio de 2010, la oposición a una propuesta del Partido Laborista para gravar con un 40 por ciento a los beneficios mineros contribuyó a la salida del entonces primer ministro, Kevin Rudd, que fue reemplazado por Julia Gillard.

Tras asumir el cargo, Guillard se vio obligada a renegociar con las gigantes mineras BHP Billiton, Río Tinto y Xstrata la propuesta original de fijar un impuesto a los beneficios extraordinarios de 40 por ciento.