Las comunidades autónomas sólo pueden disponer con libertad de 20 de cada 100 euros que ingresan según los recursos que les reconoce la legislación actual.
En realidad tienen capacidad normativa sobre un porcentaje mayor de sus ingresos totales, alrededor de un 60%, pero como el actual sistema de financiación autonómica les obliga a ingresar un 75% de estos recursos en el denominado Fondo de Garantía, con el que se financian los servicios públicos fundamentales, el resultado final es que apenas se quedan con una quita parte de los ingresos que generan.
Es decir, por muy audaces que sean en su política fiscal, como es el caso de la Comunidad de Madrid, la incidencia real de esos movimientos sobre los recursos de que pueden disponer finalmente es más bien marginal, ya que la mayor parte de ellos van a dotar la bolsa común.
Para Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, uno de los expertos que definió el sistema de financiación autonómica aprobado en 2002 por el PP y experto de cabecera en esta materia de la Fundación FAES, próxima al Partido Popular, esta falta de autonomía fiscal no es ajena al descontrol de las cuentas autonómicas.
"La baja autonomía fiscal que proporciona el actual sistema de financiación no incentiva la disciplina presupuestaria. Dado que la mayor parte de sus ingresos provienen de las transferencias que les hace el Estado, tienen incentivos para expandir el gasto", asegura Rubio.
Que también atribuye al marco normativo ese cierto victimismo que siempre se percibe en el discurso de los responsables autonómicos de Hacienda. Cuando no pueden hacer frente a sus gastos, dado su limitado margen de maniobra lo intentarán resolver "alegando una insuficiencia de los recursos proporcionados por el sistema de financiación".
Además, como disponen de muy poco margen para mejorar sus ingresos impositivos, el actual esquema de financiación autonómica les aboca a resolver sus problemas presupuestarios siempre con recortes del gasto. No les queda otra.Corresponsabilidad y lealtad
La receta del catedrático de Hacienda para resolver ese problema pasa por el desarrollo de dos principios: corresponsabilidad y lealta institucional.
Rubio considera que es clave incrementar el margen de maniobra de las comunidades autónomas en la generación de sus propios ingresos, ya sea de un modo más suave o más agresivo.
La solución más progresiva pasaría por incrementar del 20% a un entorno del 50% el porcentaje e los ingresos autonómicos de los que los gobiernos regionales podría disponer con libertad.
Para ello, el colaborador de Faes aboga por eliminar dos de los fondos del actual sistema de financiación autonómica: el Fondo de Suficiencia Global, habilitado única y exclusivamente para garantizar una financiación per cápita similar entre todas las comunidades autónomas; y el Fondo de Competitividad, ideado para compensar a las comunidades que más contribuyen al reequilibrio territorial, las ricas.
Estos fondos no tienen un sentido económico claro y permitirían ampliar sensiblemente el margen de su propia recaudación que se quedaría directamente en las arcas autonómicas.
El segundo modelo sería más agresivo y pasaría por proporcionar competencias normativas a las comunidades autónomas en todos los grandes impuestos estatales: IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.
En su opinión, la legislación actual permitiría una operación de este tipo y ni siquiera se necesitaría establecer un tipo máximo de impuesto, simplemente se permitiría a las comunidades autónomas fijar y recaudar sus propios grandes impuestos.
El modelo tiene una gran virtualidad en opinión del experto. "La cesión parcial de impuestos constituye un incentivo para una mejor gestión de los tributos".
La segunda pata de este esquema serían las agencias tributarias propias, que se encargarían de la recaudación, gestión e inspección de estos impuestos en colaboración con la estatal.
Una de las grandes objeciones que se pone habitualmente a este planteamiento es su incompatibilidad con una mínima política de reequilibrio territorial.
Rubio desecha esa objeción. "Que cada nivel de administración diseñe y recaude libremente sus impuestos, no excluye que el Estado pueda establecer transferencias para mantener un modelo de garantía de servicios públicos fundamentales en todo el territorio".
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