Las irregularidades en la contratación del Ayuntamiento de Valdemoro, conocidas ahora gracias a Operación Púnica se remontan a muchos años. En ellas, están algunas de las empresas investigadas ahora dentro de la Operación Púnica y las adjudicaciones con irregularidades afectan a legislaturas con tres alcaldes diferentes.
El Ayuntamiento de Valdemoro adjudicó la Cabalgata de Reyes de 2008 a Waiter Music, cuyo administrador es José Luis Huerta Valbuena, detenido en la Operación Púnica. La adjudicación hubiera sido una más entre las miles que cada año hacen los muncipios, pero presentaba una manifiesta irregularidad.
Al concurso se presentaron tres empresas y las tres tenían como gerente o administador a Huerta Valbuena. Por tanto, pasase lo que pasase e independientemente a quién se adjudicase siempre se haría con el contrato la misma persona.
El PSOE apuntó como responsable de esta irregularidad en el contrato a la concejala y delegada de participación ciudadana en 2007, año de la concesión, Sonia Sánchez, imputada por este asunto en el Juzgado número 2 de Valdemoro.
Los socialistas consideraron que hubo una falta de diligencia, pero sobre todo que se pudo haber incurrido en delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho e malversación de fondos públicos.El Palacio de Hielo salió caro
Resulta difícilmente explicable porque el Ayuntamiento de Valdemoro pagó 120.000 euros por la gestión del Palacio de Hielo de la localidad a la empresa Hydra Gestión -a la que adjudicó el contrato-, cuando otra empresa -Palacio de Hielo S.A- se ofreció hacerlo pagando ella 9.000 euros anuales.
Ante esta incongruencia, Palacio de Hielo S.A. recurrió la adjudicación y una sentencia declaró la nulidad del contrato en enero de 2010. La sentencia aseguraba que la adjudicación no iba en defensa de los intereses generales, "sino en beneficio exclusivo del adjudicatario, puesto que se adjudica a quien ofrece cobrar a la Administración frente al que se ofrece pagar a la Administración".
En enero de 2012, la propia Hydra Gestión se dirige al ayuntamiento para que cumpla la sentencia dictada dos años antes. Esta empresa había solicitado readjudicar el contrato, puesto que no había contrato administrativo al no haberse producido una adjudicación válida y eficaz en derecho.
El PSOE consideró que se habían vulnerado los intereses de los vecinos y que el ayuntamiento era responsable de haber mantenido la situación durante dos años más al no ser ejecutada la sentencia.
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