Un juez pide a la Fiscalía que informe sobre un caso contra Fernández Ordóñez

  • Un juzgado de Madrid ha pedido a la Fiscalía que informe sobre la procedencia de admitir a trámite una demanda contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ante "la posible existencia de una infracción penal" en su gestión.

Madrid, 29 may.- Un juzgado de Madrid ha pedido a la Fiscalía que informe sobre la procedencia de admitir a trámite una demanda contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ante "la posible existencia de una infracción penal" en su gestión.

Esta petición forma parte de las diligencias previas solicitadas por el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, según el auto al que ha tenido acceso Efe, como respuesta a una demanda presentada por el colectivo Manos Limpias que está pendiente de ser admitida a trámite.

La Fiscalía tendrá ahora que decidir si los hechos presentados por el demandante "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", lo que determinará la admisión a trámite del caso.

La demanda considera que el gobernador del Banco de España podría haber cometido un delito de imprudencia grave por mala supervisión de entidades financieras, mientras que acusa a los responsables de las cajas intervenidas de delito societario y falsedad en documento mercantil.

En ese sentido, fuentes cercanas al caso han señalado a Efe que se ha aportado información adicional sobre el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el anterior máximo responsable de Caja Madrid, Miguel Blesa.

Manos Limpias apunta en su escrito que Fernández Ordóñez podría haber cometido un delito de imprudencia grave al no haber supervisado correctamente a Bankia, Caja Castilla la Mancha (CCM) y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que tuvieron que ser intervenidas.

A su juicio, la falta de supervisión "no solamente ha puesto en grave riesgo el sistema económico financiero", sino que, además, "ha causado perjuicio a terceros y al erario público y no ha protegido el bien jurídico".

En lo que se refiere a los directivos de las entidades intervenidas, el colectivo cree que podrían haber cometido un delito societario porque "no evaluaron en su justa medida los riesgos con multiplicidad de millones de créditos fallidos que se concedieron a desaprensivos especuladores".

A esto hay que añadir los desfases existentes entre las cuentas que publicaban los directivos de las entidades intervenidas y las estimaciones realizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Según Manos Limpias, al "maquillar los balances" para registrar ganancias, los gestores de las cajas habrían cometido delitos societarios y de falsedad en documento mercantil.

Caja Castilla la Mancha fue intervenida en marzo de 2009, la Caja de Ahorros del Mediterráneo en julio de 2011 y Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, el pasado 9 de mayo.

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