Una de los empeños, de las 'líneas moradas', marcadas por el bloque de izquierdas en la negociación presupuestaria con el Gobierno era conseguir que éste se aviniera a arbitrar un incremento de la presión fiscal sobre los grandes patrimonios del país. La propuesta de Podemos era crear una nueva figura, un Impuesto Extraordinario a las Grandes Fortunas, que gravara con un tipo del 1% a los contribuyentes que declararan un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Lo que se ha pactado es algo diferente. El Gobierno modificará la ley del Impuesto de Patrimonio para elevar del 2,5% al 3,5% el tipo impositivo para los denominados 'ultrarricos', el grupo selecto de declarantes cuyo patrimonio está valorado en más de 10 millones. Aparentemente parece lo mismo, pero no es así.
Con el nuevo impuesto estatal que planteaba Podemos todos los contribuyentes cuyos bienes superaran ese umbral estarían obligados a abonar el gravamen extraordinario del 1%, con el que la formación morada aseguraba en su documento presupuestario que se podrían recaudar hasta 1.500 millones de euros.
Con la solución pactada en el acuerdo presupuestario, la de subir un punto el tipo impositivo aplicable en Patrimonio a los contribuyentes con bienes y derechos declarados de más de 10 millones de euros - del 2,5% al 3,5% de la base imponible -, de entrada dos terceras partes de los mayores patrimonios del país se librarán en todo o en parte de la subida fiscal, como consecuencia de las bonificaciones al impuesto existentes en la Comunidad de Madrid y en otras regiones como La Rioja.
Según la última estadística de declarantes del Impuesto de Patrimonio publicada por la Agencia Tributaria, correspondiente al ejercicio de 2016, 579 contribuyentes declararon poseer un patrimonio superior a los 30 millones de euros, de los que nada menos que 369 (el 64% del total) domiciliaron el impuesto en la Comunidad de Madrid y por tanto no tuvieron que abonar un solo euro por este gravamen. Se ahorraron por ello más de 700.000 euros de media por cabeza.
Algo similar ocurre en el tramo estadístico anterior, el que aglutina a los contribuyentes con patrimonios valorados entre los seis y los 30 millones de euros, que también se verán afectados por la reforma pactada por Gobierno y Podemos si ésta llega a concretarse en los Presupuestos de 2019, cuya tramitación aún exige de más respaldo parlamentario. En ese grupo se sitúan según los datos de Hacienda más de 6.000 contribuyentes, más de la mitad de los cuales residen en Madrid. De otro modo, el porcentaje de grandes fortunas a las que alcanzará la reforma acordada por Sánchez e Iglesias no llegará siquiera a la mitad de las que realmente podrían pagar ese impuesto en condiciones normales
La baza de la financiación autonómica
Los negociadores eran plenamente conscientes de esta circunstancia y según fuentes de la negociación el bloque de izquierdas intentó hasta el último instante que el asunto se sustanciara a través de la creación de un nuevo impuesto. La exigencia de tener que tramitar una ley específica para habilitar su entrada en vigor - lo que impediría contar con la recaudación derivada de este impuesto hasta 2020- y las complicaciones de una tramitación parlamentaria en la que tendrían que convencer a formaciones tradicionalmente contrarias a este tipo de impuestos como PDeCAT y PNV para sacar el impuesto adelante aconsejaron a los negociadores aceptar esta opción, "sabiendo que no es lo óptimo sino lo posible", según la explicación de uno de los negociadores.
La negociación bilateral dejó además una puerta entreabierta para poder 'atacar' a ese nutrido grupo de contribuyentes que en primera instancia se librarán de la subida fiscal. Podemos planteó desde el primer momento una modificación legal para penalizar dentro del modelo de financiación autonómica a las comunidades autónomas que optaran por renunciar a los ingresos fiscales derivados de los impuestos cedidos con la vista claramente puesta en la Comunidad de Madrid.
Hacienda también dejó claro desde muy pronto que los asuntos relacionados con la financiación autonómica no se resolverían en ese foro sino en el grupo de trabajo político impulsado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al poco de tomar posesión de su cargo y que en todos estos meses solo se ha reunido una vez. Pero la ministra ya ha abierto en varias ocasiones la puerta a modificar la financiación autonómica para establecer tipos mínimos obligatorios en los impuestos cedidos para todas las comunidades autónomas, lo que evitaría el establecimiento de oasis fiscales como el madrileño que según la ministra "alientan una competencia desleal entre territorios".
De telón de fondo, el temor a que esta subida fiscal estimule el flujo de salida de grandes contribuyentes de otros territorios hacia la Comunidad de Madrid en busca de un trato fiscal más 'friendly'. Un movimiento iniciado con las primeras medidas de rebaja fiscal adoptadas por el Gobierno de Esperanza Aguirre y que además ha sido impulsado más tarde por algunas medidas adoptadas desde el Ejecutivo Central.
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