Unasur se solidariza con Ecuador y Argentina por la "campaña de desprestigio"

Paramaribo, 31 ago.- La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se solidariza con Ecuador y Argentina ante las "campañas de desprestigio" promovidas por "grupos y empresas transnacionales extrarregionales", así como ante la reclamación argentina de las islas Malvinas.

Así lo reflejaron por escrito en la "Declaración de Paramaribo" suscrita este viernes por los mandatarios de Unasur en la VII Reunión Ordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la organización, celebrada en la capital de Surinam.

El texto apunta que Unasur "se solidariza con los pueblos y países que sufren campañas de desprestigio en su contra como las llevadas adelante recientemente por determinados grupos y empresas transnacionales extrarregionales contra la República del Ecuador y la República Argentina".

En ese sentido enfatiza la "necesidad" de que esas empresas y grupos "respeten la legislación nacional y observen los principios y patrones para una conducta responsable y consistente con las políticas públicas adoptadas por los Estados receptores de inversiones".

"Igualmente, -añaden los firmantes- saluda la organización de la Primera Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales que tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil el 22 de abril de 2013 y la creación de un Observatorio Internacional de Empresas Transnacionales".

Esta declaración llega después de que Ecuador pidiera el respaldo de esta organización en el conflicto que mantiene con la petrolera estadounidense Chevron, que, según ese país andino, ha emprendido una "multimillonaria campaña de desprestigio" contra él.

Tras un largo juicio, la Justicia ecuatoriana condenó en 2011 a Chevron a pagar más de 19.000 millones de dólares como indemnización por daños ambientales en la Amazonía, pero sus abogados recurrieron ante un tribunal internacional que falló que el Gobierno de Ecuador debe hacerse cargo de las costas judiciales.

La petrolera también demandó a Ecuador ante el Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de la Haya alegando que incumplió disposiciones del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.

Ecuador alega que ese tratado entró en vigor en 1997, cinco años después de que Texaco (comprada por Chevron en 2001) abandonara Ecuador.

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, insistió el jueves en Paramaribo en que la aplicación retroactiva del TBI es una "auténtica aberración jurídica" y pidió el apoyo del resto de los miembros de Unasur para "advertir a Chevron que no puede impunemente intentar desprestigiar a un Gobierno como el nuestro y que tiene que cumplir con lo que el sistema judicial ecuatoriano establezca".

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostiene que la petrolera ha emprendido una "campaña criminal" de desprestigio contra su Gobierno en la que ha invertido más de 400 millones de dólares y contratado cerca de 900 abogados, al tiempo que cuenta con la colaboración de asesores ecuatorianos opuestos al Ejecutivo y varios medios de comunicación.

Entre otras medidas, ha propuesto a Unasur la creación de un Centro de Facilitación, Mediación y Arbitraje Sudamericano que lidie en casos como este, que se remonta a las extracciones de crudo realizadas por Texaco en Ecuador entre 1964 y 1990.

Tras la salida de ese país, la petrolera fue acusada por comunidades indígenas de contaminar la selva amazónica, en un proceso que se alarga ya por casi dos décadas.

Por otra parte, este jueves la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, que no acudió a la reunión de Surinam, subrayó la importancia de que su país "vuelva a ser autosuficiente en materia energética", y defendió la recuperación de YPF como empresa estatal.

YPF está bajo control del Estado argentino desde mayo de 2012, tras la expropiación del 51 % de las acciones a la española Repsol, que mantiene en la petrolera argentina una participación del 12 %.

Por lo que se refiere a la cuestión de las Malvinas, Unasur expresa en la "Declaración de Paramaribo" su respaldo a "los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

Por otra parte, se compromete "en la implementación de medidas y acciones efectivas que permitan superar las dificultades que enfrenta la República del Paraguay como país en desarrollo sin litoral, atendiendo sus necesidades especiales con el fin de promover la plena integración de su economía al comercio internacional".