La Universidad estima una factura de 100 millones por la cotización de las prácticas

  • El presidente de los rectores pide al Gobierno que regule que sean las empresas o el Estado los que asuman el coste de pagar las cuotas sociales.
Fotografía alumnos en prácticas / EFE
Fotografía alumnos en prácticas / EFE

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, estima que la cotización obligatoria de las prácticas universitarias - una medida aprobada a finales del año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez dentro del 'macrodecreto' de medidas laborales y de seguridad social del 28 de diciembre - supondrá un coste de más de 100 millones de euros y defiende que sea la Administración Pública o las empresas receptoras de los alumnos las que asuman este gasto. "La universidad no lo puede sufragar, es imposible", asegura.

"Las empresas están en mejores condiciones de ayudar. Es una cosa de sentido común, porque si en mi universidad tengo 2.000 estudiantes en prácticas para mi son 250.000 euros cada año, un dineral", ha explicado el presidente de los rectores en una entrevista a Europa Press.

Roberto Fernández revela también que se enteró de la aprobación de esta medida por la prensa una vez que había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. "Ya expresé mi queja y la vuelvo a reiterar, y una medida de ese calibre, que uno se entere después de que se haya promulgado, no me parece de recibo", expone el presidente de los rectores españoles, aunque agradece la predisposición a la negociación de la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, con los que ya ha acordado que la cotización de las prácticas no sea efectiva hasta el próximo curso académico.

"Hacerlo este curso habría colapsado la Universidad"

"Si hubiera entrado ahora en vigor, hubiera colapsado toda la universidad española", asegura Fernández, que es rector de la Universitat de Lleida y abandonará la presidencia de CRUE el próximo mes de mayo. Hasta entonces, espera cerrar con el Gobierno el reglamento de la cotización de las prácticas, que el Ejecutivo se ha comprometido a cerrar antes del mes de abril. Un plazo que, con el Ejecutivo en funciones, genera dudas en el presidente de los rectores.

Para Roberto Fernández, que defiende que los becarios universitarios coticen a la Seguridad Social, la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 28 de abril puede dejar en suspenso la medida aprobada por el Gobierno socialista, y considera sensato retomar su ejecución una vez que se hayan celebrado los comicios. "Lo mejor sería esperar y ver cuál es la nueva mayoría parlamentaria", opina.

La cotización obligatoria a la Seguridad Social de las prácticas académicas, que afectaría también a los estudiantes de Formación Profesional, fue incluida como una disposición adicional en el Real Decreto Ley 28/2018, publicado en el BOE el pasado 29 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

El texto, elaborado por el Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio, provocó la queja inmediata de las universidades españolas por aprobarse "sin consulta previa a las universidades". Según el presidente de CRUE, los responsables del Ministerio se disculparon en enero por esta "disfuncionalidad", como califica la forma en la que se aprobó la medida.

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