Jueves, 05.12.2019 - 22:58 h
Todos los implicados callan

Silencio en los ayuntamientos de los ERE: "Fue hace tiempo, no fue cosa nuestra"

Los dos empresarios que provocaron la investigación en 2009 desde Mercasevilla aseguran que solo quisieron denunciar una ilegalidad.

Chaves y Griñán, durante una sesión del juicio de los ERE
Los ayuntamientos de los ERE: "Fue hace mucho tiempo, no tuvimos nada que ver". / EFE

El caso de los ERE ha pasado como un torbellino por el Partido Socialista de Andalucía, donde no se esperaba una sentencia tan dura que diera por ilegal el procedimiento administrativo que sirvió para repartir casi 700 millones de euros entre más de dos centenares de empresas de la Comunidad, entre 200 y 2009. Aunque es evidente que la procesión va por dentro en todos los implicados, cuatro días después de la sentencia la consigna que se extiende entre ellos es que aquello fue "algo que ocurrió hace mucho tiempo ya, de lo que ahora no tenemos nada que decir". 

El silencio cómplice o el 'mutis por el foro' se hace costumbre en todo aquel salpicado por el caso de los ERE fraudulentos e ilegales. No en vano, hay decenas de piezas separadas del caso con centenares de personas y empresas -algunas que ya no existen- implicadas en procesos de instrucción judicial. Puestos al habla con varios ayuntamientos que aparecen de los diferentes sumarios, El Pedroso (Sevilla), Cazalla de la Sierra (Sevilla) o Valverde del Camino (Huelva), la respuesta es el silencio: "Hasta el lunes no hay nadie que pueda responder, eso fue hace mucho tiempo, en el caso estuvo implicado un concejal, pero a título personal y ya no está aquí, nosotros no tenemos nada que ver".

Incluso, un dirigente sindical de aquellos tiempos, de CCOO para más señas, -"bajo ningún concepto digas mi nombre", advierte- reconoce que "es mejor no decir nada de los ERE. Dejémoslo así", todo ello con con voz trémula antes de dar por finalizada la conversación. Un manto de silencio corre por Andalucía sobre toda aquella millonaria red clientelar. 

Algunas de las empresas que esperan ahora el juicio de su caso concreto y que están dentro de la pila de casi 190 expedientes abiertos (que se irán incrementando todavía más) tampoco quieren entrar a valorar ahora un proceso en el que pueden salir perjudicadas. Fuentes jurídicas cercanas a alguno de los casos aseguran que "de entrada, el procedimiento con el que muchas de ellas recibieron ayudas ya se ha declarado ilegal en una sentencia casi histórica, de forma que es muy arriesgado salir ahora quitarse una culpa que los jueces y la opinión pública dan por hecha". 

Todo empezó con "dos empresarios valientes"

La investigación que comenzó cuando en 2009 los dueños del grupo La Raza, Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, denunciaron cómo los directivos de Mercasevilla, -empresa pública dependiente del ayuntamiento de la capital andaluza-, Fernando Mellet y Daniel Ponce, director y subdirector del mercado central sevillano, les habían exigido comisiones de 450.000 euros, en nombre de la Consejería de Empleo de la Junta, a cambio de una subvención de 900.000 euros para abrir una escuela de hostelería en Mercasevilla.

Los dos empresarios,acudieron a una siguiente reunión con una grabadora y ahí quedó reflejado el intento de extorsión, que los empresarios pusieron en conocimiento de la Junta de Andalucía a finales de enero de 2009 (cuyo presidente era entonces Manuel Chaves y el consejero de Economía José Antonio Griñán). "No sabía si el dinero lo pedían para la Junta o para ellos, lo que sí sabía es que era una estafa y un soborno",  describió uno de los dos empresarios, Pedro Sánchez Cuerda, ante el juez. "Todos los políticos lo saben, Pedro. Más no te puedo decir, todos”, le dijo Mellet a uno de los empresarios de La Raza, empresa de hostelería con varios establecimientos en Sevilla y de casi 80 años de antigüedad.

Chaves obligó al alcalde de Sevilla a que cesara a los dos responsables de Mercasevilla, aunque se 'vendiera' aquello como una 'dimisión', y se trató de extender un manto de silencio sobre el tema, aunque el 13 de febrero la Junta había puesto las grabaciones a disposición de la Fiscalía de Sevilla. En marzo, la prensa andaluza ya informaba de que la Fiscalía investigaba el cobro de comisiones a empresarios en Mercasevilla. Pero ante la falta de avances, el portavoz del PP en el ayuntamiento de Sevilla por entonces, Juan Ignacio Zoido, elevó una denuncia con estos recortes a los juzgados el 24 de abril de 2009.

El caso recayó en el Juzgado nº 6, de Mercedes Alaya, que abrió un sumario por extorsión, pero en su investigación y tirando del hilo, la juez descubrió que allí había, o podía haber, también un delito societario y otro por irregularidades en el ERE de Mercasevilla, donde descubrió que había 21 'intrusos' que no trabajaban en el mercado y fueron, sin embargo, beneficiarios de prejubilaciones. Así abrió piezas judiciales separadas sobre ello. Había nacido el caso de los ERE. 

“Si estos dos empresarios valientes no hubieran denunciado el intento de extorsión de la dirección de Mercasevilla por instalar allí una escuela de hostelería en el año 2009, el caso de los ERE nunca se hubiera descubierto y estaríamos todavía con los pastores en Belén”, asegura a La Información el abogado de ambos, el letrado sevillano Joaquín Moeckel Gil, después de conocerse la sentencia condenatoria.

“Ellos nunca se han arrepentido de lo que hicieron” explica el abogado, "pero ahora que ha salido la sentencia ni están contentos ni satisfechos ni nada de nada. Pusieron unos hechos en conocimiento de la Justicia y ya está. De hecho, si quisieran ufanarse de lo que hicieron estarían por todas las televisiones haciendo declaraciones, pero siguen con su trabajo, sin más. Denunciaron una estafa, un intento de extorsión, y cumplieron con su obligación. Fueron valientes y actuaron como unos empresarios serios del siglo XXI”, sentencia el abogado desde su bufete sevillano.

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