Ciudadanos acuñó con éxito en 2017 el término de 'cuponazo' para referirse al acuerdo alcanzado por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el Gobierno Vasco para la renovación del acuerdo a partir del cual se determina el Cupo Vasco, un régimen fiscal histórico por el que se fija la contribución anual que las Haciendas Forales vascas realizan a la caja común en pago por las competencias que el Estado desarrolla en su territorio y sobre el que siempre ha planeado una sombra de sospecha. La formación naranja trataba de ilustrar así el trato de privilegio que a su juicio se tributaba al País Vasco a través de un sistema caracterizado por su opacidad y cuyo saldo final, denunciaba Ciudadanos, resultaba más de una negociación política que de un cálculo técnico.
Lo que probablemente no sospechaba Ciudadanos es que, al igual que el popular juego de la ONCE, el 'cuponazo' vasco también escondía un 'extra'. La aportación del País Vasco a la caja común, que ya se redujo de forma más que significativa por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de Íñigo Urkullu en 2017 - que a su vez desbloqueó el apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado - experimentó un relevante 'tijeretazo' de 185 millones de euros por los ejercicios de 2019 y 2020 como consecuencia de las competencias transferidas al Ejecutivo de Vitoria en ese periodo.
El asunto sin embargo no ha tenido reflejo contable y, por tanto, no ha adquirido carta de naturaleza en las cuentas del Estado hasta el pasado mes de marzo, que fue cuando el Ministerio de Hacienda registró como pago extra "la compensación en cupo por la regularización de quinquenios anteriores por 185,16 millones de euros" al País Vasco. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, esto se debe a que al no haberse aprobado Presupuestos ni en 2019 ni en 2020 no se pudo ampliar el crédito que se preveía en los Presupuestos de 2018 para la regularización de los términos del convenio, que según el acuerdo del Cupo debe actualizarse en función de una serie de factores entre los que están por ejemplo la evolución de los ingresos tributarios reales obtenidos por el Estado y también los cambios en el perímetro competencial, y ha tenido que hacerse a través de los Presupuestos de 2021.
El ajuste no obstante, señalan desde Hacienda, ya se había hecho directamente por la vía de reducir la aportación real del País Vasco a las arcas del Estado en los ejercicio de 2019 y 2020, algo que ha pasado completamente desapercibido como la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con el Cupo Vasco. Los sucesivos gobiernos que han pasado por La Moncloa se han resistido a hacer público el método de cálculo del 'Cupo Vasco' pese a la insistencia de los investigadores, pese a la recomendación explícita realizada en su día por el grupo de expertos para la financiación autonómica e incluso pese a las exigencias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y en un última instancia hasta de algún Tribunal del orden contencioso administrativo.
En el proyecto de Presupuestos del Gobierno Vasco se especifica que los ajustes realizados al cupo en los ejercicios de 2019 y 2020 respondieron al traspaso de una serie de competencias desde el Estado al Gobierno de Vitoria como la cesión del tramo vasco de la A-1 entre Burgos y Armiñón, de las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregui - Lutxana - Barakaldo; la del tramo vasco de la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, y la ejecución de la legislación laboral en ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expediente de regulación de empleo, la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos, y los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar, ya en 2020.
Desde el Ministerio de Hacienda se aclara, sin embargo, que los 185 millones de euros que se acaban de aflorar presupuestariamente no tienen que ver con esos cambios en el perímetro de competencias del Gobierno vasco sino en concreto con ciertas discrepancias que existían sobre liquidaciones de ejercicios anteriores a 2017 y que los gobiernos de Madrid y Vitoria han acordado regularizar de este modo.
Hay que recordar que el acuerdo alcanzado en 2017 en torno al Cupo Vasco ya recortó en 225 millones de euros la aportación anual de las Haciendas Forales a la caja común, dejándola en el entorno de los 1.300 millones de euros al año. Los ajustes realizados en 2019 y 2020 suponen un ajuste extra sobre esa cuantía, ya minorada por el acuerdo político entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de Íñigo Urkullu. El Ejecutivo de Vitoria estima en sus Presupuestos de 2021 que el desplome de los ingresos del Estado en el año de pandemia también generará un fuerte ajuste en la contribución vasca a las arcas de la Administración General del Estado, que la reducirá desde los 1.347 millones de euros inicialmente previstos a apenas 1.188 millones.
El problema es que nadie sabe cómo se realizan estos ajustes. "Es todo muy opaco", "es una especie de fórmula mágica", "en el siglo XXI seguimos sin saber cómo se hace ese cálculo"; los expertos señalan la opacidad del sistema a la hora de valorar las sospechas que genera el sistema que blinda la financiación de las Haciendas Forales Vascas y Navarra desde hace décadas. La ofensiva parlamentaria de Ciudadanos contra el 'Cupo Vasco', que fue repelida por los votos de PP y PSOE, y el informe de los expertos en financiación autonómica, que invitaron a replantearse el sistema o al menos a garantizar una mayor contribución de las Haciendas Forales al bienestar común, abrieron tras la última renovación del Cupo un animado debate sobre el futuro de la fórmula, que poco a poco se ha ido diluyendo hasta desaparecer una vez más de la primera línea.
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