Por 2,5 millones

Madrid adjudica a Indra y Telefónica la atención a usuarios sobre la vacunación

La CCAA vuelve a confiar en la UTE de ambas compañías, que ya se hicieron con el envío de los SMS para citar a los usuarios de cara a su inmunización. Vuelve a utilizar la fórmula del contrato sin publicidad.

Efe
El Wizink Center será un nuevo punto de vacunación masiva la próxima semana
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La Comunidad de Madrid vuelve a optar por confiar a las empresas algunos de los servicios a la ciudadanía relacionados con la pandemia de coronavirus. La Consejería de Sanidad ha adjudicado por 2,5 millones a Indra y Telefónica la atención telefónica a los usuarios que requieran información o tengan dudas sobre la campaña de vacunación contra la Covid-19. A esta labor sumarán la de realizar el seguimiento de los contactos estrechos de quienes den positivo en un test y se encuentren aislados, según el contrato al que ha tenido acceso La Información. Las condiciones contemplan hasta 12.000 llamadas diarias con un coste de 2,90 euros por cada una de ellas. Una fórmula que se mantendrá hasta mediados de junio, tal y como recoge el documento, que se adjudicó de manera urgente y sin publicidad. 

El departamento que ha adjudicado el servicio es la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, que depende de Juan González Armengol. Según señala el pliego de contratación, la Comunidad de Madrid ve necesario acudir a este tipo de tramitación para "posibilitar una atención sanitaria adecuada a la población". La elección de la UTE de Indra y Telefónica no es casualidad, ya que la propia administración destaca que acude a ella por ser la que ya se encarga del mantenimiento y gestión del Centro de Atención Personalizada (CAP). "Disponen de la infraestructura y capacidad necesarias", incide el texto, que destaca que la ejecución del encargo comenzó el pasado 12 de abril. A pesar de que la firma del mismo por parte del viceconsejero se produjo el 27 de abril, casi dos semanas después.

La elección de ambas compañías implica que deberán prestar el servicio durante 60 días. Su vinculación con la autonomía por este trabajo se extenderá hasta el 10 de junio. Por lo que ya deberían estar realizado esas 12.000 llamadas estimadas cada día, con ese coste de 2.90 euros por cada una de ellas, sin contar con el IVA asignado a las mismas. La cantidad total es de 2.526.480 euros. El pago a la UTE se realizará de manera mensual, y se tendrá en cuenta el "importe correspondiente a las llamadas entrantes o salientes realizadas". Entre las condiciones que impone el departamento sanitario autonómico está la que deban atender más del 75% de las llamadas que reciban cada mes. De lo contrario, se les descontará de la factura hasta siete céntimos por cada solicitud telefónica que no atienda. 

Una UTE habituada a estos encargos

Con esta decisión, Madrid vuelve a confiar en la UTE que conformaron las firmas que presiden Fernando Abril-Martorell y José María Álvarez-Pallete. Esta unión de empresas para prestar servicios determinados ya es una habitual de los contratos públicos de la región. Desde que comenzó la crisis sanitaria, se ha hecho cargo de diversas cuestiones relacionadas con la misma. Entre ellas están la atención telefónica de dudas sobre la pandemia, el seguimiento del entorno de los contagiados (en varias ocasiones) o el estudio de seroprevalencia ideado para aproximarse al número real de infectados. Por aquellas adjudicaciones, realizadas en todas las ocasiones por el procedimiento de urgencia y sin publicidad, percibieron cantidades que van de los 348.000 a los 1,8 millones de euros.

Indra y Telefónica también fueron las elegidas para comunicar las citaciones de la vacunación. Esta se conoció a principios de abril, cuando la campaña de inmunización llevaba más de tres meses en marcha. En ese caso, se les adjudicó el contrato 'Citación masiva para vacunación Covid-19'. Este implicaba el envío de 2,5 millones de SMS y la realización de 900.000 llamadas. En total, la factura ascendió a 1,126 millones, al calcularse el coste de los mensajes en 76.562,50 euros y el de las llamadas en 854.100 euros. Estos trabajos comenzaron el pasado 1 de marzo y se extenderán hasta el próximo de 30 de mayo. Dicha labor se asignó justo antes del ahora desvelado por este medio. Y también apareció publicado en el Portal de la Contratación Pública de la autonomía. 

Esto supone que durante dos meses los citados para vacunarse o el resto de pacientes que quieran hacer consultas al respecto serán atendidos por operadores contratados por ambas firmas, según explican fuentes del Ejecutivo regional. "Harán seguimiento de contactos y se encargarán de incidencias por temas de citación en el proceso de vacunación y otras funciones que tienen asignadas, dentro del número 900 habilitado", destacan fuentes de la Consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero. Una función que la oposición rechaza por su cesión a empresas privadas, al considerar que ese dinero podría destinarse a reforzar los centros de salud. "Por ese coste podrían haber aumentado la plantilla de los administrativos de centros de salud y haber internalizado esas llamadas", señalan fuentes de Más Madrid consultadas por esta redacción.

Para hacer esta adjudicación, la CCAA que lidera Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a utilizar la vía del procedimiento sin publicidad. Esta es la que respalda legalmente esos contratos para los que no existe la licitación pública cuando sea necesario "actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos" o en "situaciones que supongan grave peligro", como señala la Ley de Contratos del Sector Público. Una categoría en la que entraría la situación sobrevenida por el coronavirus, que lleva motivando actuaciones de este tipo desde principios de marzo de 2020. El artículo 120 de esta legislación es el que recoge esta modalidad, al permitir a las administraciones "contratar libremente su objeto sin sujetarse a los requisitos formales".

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