La ministra de Empleo de Mariano Rajoy, Fátima Báñez, situó la modernización de los Servicios Públicos de Empleo - cuya gestión en la parte de inserción laboral está en manos de las comunidades autónomas - como uno de los principales retos de su gestión y decidió recorrer ese camino de la mano de una de las consultoras más prestigiosas del país en ese terreno, Fedea, en cuya nómina se encuentran algunos de los expertos con mejor reputación en el análisis del mercado laboral.
Los servicios públicos de empleo apenas son capaces de colocar tres de cada 100 parados que acuden a sus oficinas a la busca de un puesto de trabajo. La ratio apenas ha variado en los últimos 30 años e ilustra uno de los principales problemas del mercado laboral doméstico: la incapacidad de los servicios públicos de intermediación entre la oferta y la demanda laboral para hacer su trabajo con un nivel aceptable de éxito.
De la mano de Fedea, el Ministerio de Empleo impulsó una nueva herramienta estadística de perfilado de parados, con el objetivo de segmentar a los desempleados por su grado de empleabilidad y a partir de esa clasificación diseñar itinerarios de inserción más adaptados y eficaces a la hora de encontrar un empleo a los más de tres millones de desempleados que aún esperan su oportunidad en la cola del paro.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Empleo aseguran que el motivo es que el actual equipo del Ministerio no compartía el planteamiento de desarrollo de esta herramienta y que a partir de ahora se continuarán los trabajos para avanzar en un perfilado estadístico pero desde los servicios técnicos del Ministerio y junto a las comunidades autónomas.
El plan para desarrollar esta herramienta y poder aplicarla de manera efectiva ya este mismo año se paralizó con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora ya se ha descartado por completo. Según han confirmado a La Información fuentes del Ministerio de Empleo, el equipo que dirige Magdalena Valerio ha decidido romper la relación que el Ministerio tenía con Fedea - para desarrollar esta herramienta y cuya renovación contractual estaba pendiente desde el pasado mes de junio.
Fedea había identificado a los parados con más opciones de emplearse
Los trabajos para la implantación de este modelo estadístico de perfilado de desempleados - que ya fueron objeto de controversia a finales de 2017 cuando el Gobierno valoró vincular parte de los fondos distribuidos para políticas activas a su utilización - estaban ya muy avanzados. Un equipo de investigadores encabezado por Florentino Felgueroso, consultor de cabecera para temas laborales de organizaciones internacionales como la OIT o la Comisión Europea y uno de los expertos españoles con mayor reputación en este campo; José Ignacio García-Pérez y Sergi Jiménez, definió una metodología que segmentaba al colectivo de desempleados en cuatro grandes grupos en función de su grado de empleabilidad, determinado en función de su nivel de formación, su edad, el tiempo que llevan parados o el sector en el que desean trabajar.
A partir de esta información, la herramienta ayudaba a los funcionarios de los servicios públicos de empleo a definir la acción más adecuada a aplicar para mejorar las posibilidades de empleabilidad de los parados: una oferta de empleo, un servicio de orientación profesional, un programa de formación o la aplicación de alguno de los incentivos de fomento del empleo existentes en la normativa nacional y regional.
Los resultados preliminares comunicados por Fedea parecían prometedores: Aragón, Baleares, Extremadura y La Rioja aparecían como las regiones que tienen un mayor porcentaje de desempleados que tienen elevadas posibilidades de salir del desempleo a corto plazo, mientras que, por el contrario, Asturias, País Vasco, Ceuta y Melilla aparecían como los territorios con un mayor porcentaje de desempleados con pocas opciones de encontrar un empleo.
La idea de Fátima Báñez era generalizar lo antes posible la utilización de esta herramienta en todas las comunidades autónomas bajo la certeza de que mejoraría la eficacia de los servicios de empleo. El modelo funcionaría más o menos así: priorizaría la realización de acciones de orientación laboral cuandola ocupacióndeseadaporunindividuo fuera distinta a la que le da mayor probabilidaddeencontrar un empleo, mientras que cuando el demandante de empleo, por contra, buscara un empleo en un sector en el que los servicios públicos detectan un elevado flujo de contrataciones, el objetivo debería ser ayudar al paro a encontrar un empleo, ejerciendo de intermediario entre el demandante y las empresas para conseguir ese empleo
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