La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha asumido la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y prepara un paquete de medidas adicionales a tener en cuenta para garantizar la sostenibilidad del sistema de las pensiones públicas, más allá de su revalorización con el Índice de Precios de Consumo (IPC). La responsable de elaborar la reforma que debe garantizar la supervivencia del sistema público de las pensiones ha asumido así el tirón de orejas que le dieron ayer los técnicos del Fondo durante su visita a Madrid para poner el termómetro a la economía española. "Se puede subir las pensiones según el IPC, adoptando también otra serie de medidas", según ha declarado Valerio en una entrevista en Onda Cero.
La ministra ha contestado a la receta que presentó ayer la institución que dirige Christine Lagarde: "Aceptamos su recomendación", ha dicho, en un intento por lanzar un mensaje de tranquilidad al FMI, pero de nuevo, sin concretar las modificaciones que, eso sí, ha recordado que "deben ser convertidas en ley". Quedan una veintena de recomendaciones por debatir y cerrar en el seno del Pacto de Toledo, para ponerlas después sobre la mesa del diálogo social, antes de llevarlas al Congreso.
Precisamente ayer, la ministra insistía en el Senado en el compromiso del Gobierno para subir las pensiones conforme al IPC, una medida "inquebrantable", garantizaba, para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Pero un día antes, y más en línea con las ideas que transmitió ayer a España la institución con sede en Washington, la ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmaba que para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas no hay que vincularlas automáticamente al IPC, sino que hay que tener en cuenta también otros factores.
Es ese el consejo que dio ayer al Ejecutivo socialista la responsable de la misión del Fondo para España, Andrea Schaechter, quien avisó de que actualizar las pensiones al IPC "no debería traducirse en medidas legislativas que no formen parte de un paquete integral. Un ajuste 'ad hoc' de las prestaciones podría hacer peligrar la sostenibilidad financiera del sistema", insistió, al cuantificar el coste en 40.000 millones de euros de aquí al año 2050.
Los ingresos por cotizaciones, insuficientes
En sus declaraciones esta mañana, Valerio ha reconocido la necesidad de adoptar medidas adicionales para garantizar la suficiencia financiera del sistema. "Se está creando empleo, pero no es de calidad", ha admitido, de manera que "las prestaciones contributivas no se pueden pagar solo con cotizaciones". Una realidad que exige, como ya ha afirmado en varias ocasiones la ministra, una "racionalización del gasto" que pasa por la búsqueda de "financiación adicional" para inyectar ingresos a la Tesorería.
El Ejecutivo, según ha ido avanzando Trabajo, fía la solución a incrementar los ingresos del sistema vía impuestos. En concreto, ha vuelto a comentar esta mañana Valerio, abogan por separar las fuentes de financiación, de modo que una parte creciente del sistema sea sufragado vía Presupuestos Generales del Estado, en lugar de cotizaciones sociales.
En resumen, la ministra ha señalado que el sistema no tiene un problema de gasto "excesivo", pues, en porcentaje del PIB, éste se encuentra cerca del 12%, por debajo del que tienen otros países como Francia e inferior incluso a la media europea. No obstante, ha subrayado que el sistema no podrá mantenerse a futuro sólo con cotizaciones sociales, por lo que deben buscarse nuevas fuentes de ingresos, a través de empleos de mayor calidad, los Presupuestos y la fiscalidad.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios