Más de 5.000 metros cuadrados para oficinas en el corazón de L'Eixample barcelonés, una de las zonas más cotizadas de la Ciudad Condal. El Ministerio de Trabajo no ha esperado al 10-N para sacar a subasta uno de sus activos inmobiliarios más preciados, ocho plantas sobre rasante, con planta baja y dos sótanos en la Ronda de Sant Pere, número 41, antigua sede de los juzgados de Barcelona y propiedad de la Tesorería General de Seguridad Social. Quiere obtener por él 16,75 millones de euros.
Los precedentes señalan que la tarea no será fácil. Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy tomara en agosto de 2017 la decisión de sacar ese activo inmobiliario a subasta, dentro del plan gubernamental para sacar partido a su amplísima cartera inmobiliaria improductiva, ya se han realizado dos intentos que han corrido la misma suerte: subasta desierta por ausencia de ofertantes. La situación es llamativa porque las grandes consultoras del sector inmobiliario hablan de un parón del mercado residencial en Barcelona al compás de la inestabilidad política y social, pero también de un mercado de oficinas más que efervescente en el que las oportunidades brillan por su ausencia y los precios apuntan al alza.
Trabajo ha fijado el próximo 11 de diciembre como fecha para la tercera puja por este inmueble con la expectativa de obtener como mínimo esos 16,75 millones que ha fijado como precio y que se ha negado a modificar pese a la sucesión de subastas desiertas vivida en los dos últimos años. La fecha límite para que los potenciales ofertantes presenten sus propuestas será el próximo 29 de noviembre.
Problemática social
Al contexto de mercado se une en este caso particular un problema adicional. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las asociaciones de vecinos del barrio han puesto sus ojos en el inmueble para darle un uso bien diferente al que prevé el Gobierno. Reivindican su reciclaje para albergar vivienda pública de bajo precio o para albergar a familias víctimas de desahucios ante la actual situación de desuso y en su día anunciaron la realización de protestas y concentraciones si el Ministerio decidía, como así ha sido finalmente, volver a poner el inmueble en el mercado para optimizar su rendimiento económico.
En los últimos tres años, el Estado ha acelerado el proceso de venta de los activos inmobiliarios improductivos en su balance aprovechando el buen momento de mercado para cerrar operaciones inmobiliarias. En 2018 el Estado puso en venta cerca de 2.400 inmuebles en 93 subastas a lo largo del ejercicio con un precio de salida que en conjunto superaba los 63 millones de euros, y otros 204 en procedimientos de adjudicación directa, sin concurso público. El resultado de toda esa operativa fue la venta de 1.428 inmuebles propiedad del Estado: las ventas de inmuebles urbanos proporcionaron 109,9 millones de euros a las arcas públicas, tres veces más que en el ejercicio de 2017.
Aún así todavía se dan casos de subastas de inmuebles propiedad del Estado aparentemente atractivos para el mercado pero que no terminan de encontrar comprador. El caso más conocido es quizá el del edificio de oficinas de María de Molina, 50, en Madrid, que aspiraba a ser la mayor operación inmobiliaria del Estado después de la crisis -el Gobierno aspiraba a sacar más de 196 millones de euros-, pero que por alguna razón se quedó en una subasta sin comprador. Hacienda aún valora ahora qué hacer con el edificio, si sacar una nueva puja o intentar un proceso de venta directa con algún comprador interesado.
La venta de inmuebles no se ha revelado como una potente fuente de ingresos para las necesitadas arcas de la Seguridad Social. En lo que va de año, el organismo apenas ha adjudicado cuatro activos inmobiliarios por los que ha obtenido unos ingresos totales de unos 300.000 euros. Un saldo escaso si se tiene en cuenta que el organismo tiene colgado el cartel de 'Se Vende' sobre 76 activos inmobiliarios con un valor estimado de 144 millones de euros.
El edificio de oficinas de los antiguos juzgados de L'Eixample barcelonés es el segundo activo más valioso de la cartera inmobiliaria de Seguridad Social tras el antiguo Centro de Formación de Pozuelo de Alarcón, que el organismo ha decidido poner en venta por cerca de 60 millones de euros ante el elevado coste de su mantenimiento para las arcas públicas.
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