Valerio promete una "solución jurídica" para las pensiones si no hay Gobierno

  • El marco actual impone una revalorización del 0,25% en 2020 si no hay Gobierno, pero los sindicatos confían en que Trabajo pueda sortear la ley.
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo (EFE)
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo (EFE)

Cuándo en la primavera de 2018 el equipo negociador encabezado por Cristóbal Montoro consiguió cerrar con el PNV un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de 2018 -que luego se aprobarían paradójicamente bajo el Gobierno de Pedro Sánchez-, dejó escrito que la revalorización de las pensiones se saltaría las restricciones del índice aprobado en 2013 por el PP, que condenaba a las prestaciones a subir un ínfimo 0,25% en tanto el sistema estuviera en 'números rojos', en 2018 y 2019 en los que permitiría una subida más generosa del 1,6% que impediría que perdieran poder adquisitivo en ese tramo.

Nada se dijo de 2020. Y eso ahora plantea un problema al Gobierno, y no pequeño. De no lograr la investidura en el mes y medio que resta para el 23 de septiembre, las pensiones volverán a revalorizarse en 2020 conforme al sistema establecido por la reforma del PP y por tanto subirán con carácter general un 0,25%, es decir, el estado de cosas que provocó las movilizaciones de pensionistas en el arranque de 2018 y que de algún modo forzaron el paso atrás del Gobierno del PP en la negociación presupuestaria de 2018.

La situación sería corregible si hubiera investidura ya que el Gobierno podría maniobrar reformando la Ley de Seguridad Social o por la vía de los Presupuestos Generales del Estado, pero estando en funciones es más complicado.

El tema salió en la reunión que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves en Moncloa con los secretarios generales de CCOO y UGT, según admitieron tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo, y según el líder ugetista la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, también presente en la reunión, se ha comprometido a estudiar el asunto para explorar las posibilidades jurídicas de sortear los designios de la actual Ley de Seguridad Social.

Minutos después fue la propia ministra en funciones la que confirmó la predisposición del Gobierno. "El compromiso del Gobierno es claro para que las pensiones no se revaloricen un 0,25%, sino para que lo hagan conforme al IPC previsto y con una cláusula por si el IPC real se sitúa a final de año por encima del previsto. Pero para eso necesitamos un Gobierno...".

La Abogacía del Estado aclara el margen de maniobra del Ejecutivo

El asunto es peliagudo, como admitieron los responsables sindicales, pero tanto Pepe Álvarez -con más entusiasmo- como Unai Sordo -de forma más contenida- expresaron su confianza en que, en caso de no haber investidura y por tanto que hubiera nuevas elecciones, el Ejecutivo encontrara la fórmula jurídica que permita sortear las actuales restricciones legales "como a veces ya ha ocurrido en este país", recordó Pepe Álvarez. Valerio aclaró después que ello no será posible si no hay un Gobierno. Lo aseguró después de haber consultado a la Abogacía del Estado, que le aclaró que sí, que la subida de las pensiones con el IPC se puede decretar sin necesidad de tener unos nuevos Presupuestos pero que en ningún caso se puede adoptar estando el Gobierno en funciones.

El marco legal restringe el radio de acción de los gobiernos en funciones, lo que no ha impedido a miembros del Gobierno deslizar en más de una reunión que hay cosas que se pueden hacer e incluso abrir la puerta a retocar determinados aspectos de baja intensidad en una reedición 'light' de los viernes sociales. La Abogacía del Estado ha venido a aclarar al propio Gobierno el margen real de maniobra de que dispone a petición de ministras como la de Hacienda y la de Trabajo: podrá adoptar las 'reformas exprés' que considere inaplazables para que entren en vigor en 2020, pero en ningún caso podrá hacerlo estando en funciones, sino siempre que haya un Gobierno constituido, haya o no elecciones.

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