Sábado, 20.10.2018 - 02:42 h
Esperan perder 739 millones por el absentismo

Valerio rechaza elevar la asignación a las mutuas pese al alza histórica de las bajas

Trabajo mantendrá congelado el coeficiente que financia la gestión de la incapacidad temporal pese al incremento del 50% en el gasto por absentismo.

Gráfico La factura del absentismo laboral 2018

El año 2013, el que cerró el lustro de recesión que azotó España tras el estallido de la gran crisis financiera, fue el último en el que la financiación recibida por las mutuas de accidentes de trabajo para atender la cobertura de las bajas derivadas de contingencias comunes (es decir, de lesiones y enfermedades no asociadas al desempeño laboral) resultó suficiente para atender los gastos derivados de la misma.

Desde entonces hasta la actualidad el gasto asociado a la gestión de este tipo de bajas no ha parado de crecer y, además, lo ha hecho significativamente por encima de lo que se ha incrementado el universo de trabajadores cubiertos. Los datos son claros: mientras los ingresos extra derivados de la mejora del empleo han aportado un 25% más de financiación entre 2013 y 2017, los gastos asociados a esta vertiente - quizá la más controvertida - del absentismo laboral lo ha hecho el doble, más de un 50%.

En todo este periodo el mecanismo a través del cual la Seguridad Social aporta financiación a las mutuas para atender estas contingencias, consistente en un coeficiente vinculado al tipo general de cotización por contingencias comunes, ha estado congelado en el 0,051%, lo que viene a significar una porción del 5% sobre los ingresos totales por cotizaciones.

El equipo de Fátima Báñez había empezado a negociar con el sector la posibilidad de elevar ese coeficiente hasta el 0,060%, pero el nuevo grupo de trabajo dirigido por Magdalena Valerio y por Octavio Granado, en el área de Seguridad Social, ha decidido descartar un incremento en la financiación de las mutuas y mantendrá el coeficiente en el mismo nivel en que está desde el año 2012, al menos en el corto plazo, según han confirmado a La Información fuentes del Ministerio.

La decisión del Gobierno sitúa a las mutuas de accidentes de trabajo ante un escenario más que inquietante. El sector confiaba en la financiación extra aportada por una eventual mejora del coeficiente -estimaban unos 750 millones de euros más en caso de subirse hasta el 0,060%- para cerrar la sangría que la deriva del absentismo laboral ha provocado en sus cuentas. Entre 2014 y 2017, las mutuas han perdido más de 1.400 millones de euros por la gestión de las bajas no laborales y según las previsiones de cierre de ejercicio a las que ha tenido acceso este medio esperan que en 2018 este agujero se dispare hasta los 739 millones.

Sin colchón de seguridad

El problema ya no es solo que la cobertura de las bajas comunes se haya convertido en un negocio ruinoso para las mutuas sino que su incidencia amenaza con llevarse por delante el sector.

La reserva de estabilización de las mutuas de accidentes de trabajo - el colchón de seguridad que la ley les obliga a dotar con los excedentes resultantes de su gestión para atender las necesidades que se pongan de manifiesto en los 'años malos' - contaba con 832 millones de euros en 2014 y suponía el 22,7% de los ingresos recibidos de la Seguridad Social. Ésta última referencia es relevante, porque la ley obliga a las mutuas a disponer siempre de una reserva mínima del 5% y máxima del 25%. En 2014, por tanto, el colchón de seguridad de las mutuas se aproximaba al nivel máximo establecido por la ley.

Cuatro años después la previsión de las mutuas es que cierre 2018 en 257 millones de euros, ligeramente por encima del mínimo del 5% establecido por la ley. Hay dos mutuas que en 2018 no podrán alcanzar ese mínimo. Y una de ellas es Mutua Gallega, la primera entidad del sector que será absorbida o fusionada dentro de otra mutua en muchos años con todas las bendiciones de la Secretaría de Estado de Seguridad Social.

La situación de Mutua Gallega es la más grave, pero no es la única. El año pasado 18 mutuas perdieron dinero con la gestión de la incapacidad por contingencias comunes y 14 tuvieron que tirar de mecanismos de emergencia para cumplir ese requisito mínimo de fondos del 5% para la reserva de estabilización de las mutuas. 

La Reserva Complementaria, a la que se puede acudir para cumplir los requisitos de las Reserva de Estabilidad, estaba en apenas 120 millones de euros en 2017 y este año se reducirá aún más hasta los 31 millones (un 75% menos) por las necesidades extra derivadas, una vez más, de la atención de las bajas por enfermedad común de los trabajadores.

El asunto tampoco es sencillo para el Gobierno. La financiación de las mutuas en este campo sale de la misma bolsa que la de las pensiones -las cotizaciones por contingencias comunes- de tal modo que cualquier financiación adicional que reciba el sector va contra los recursos disponibles en el sistema público para atender el pago de las prestaciones por jubilación

El Gobierno es consciente del problema existente con las bajas y en las próximas semanas tiene previsto presentar un paquete de medidas contra el absentismo para tratar de atacar el fraude en las bajas por enfermedad común. El plan, sin embargo, no contemplará la controvertida medida que el sector considera más efectiva para abordar el asunto: hacer descansar en las mutuas la responsabilidad de dar de alta a los trabajadores que sufren alguna de las 20 patologías traumatológicas más comunes. Entienden que así se podrían ahorrar hasta 800 millones de euros, más o menos el agujero que existe en la actualidad.

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