Martes, 19.02.2019 - 21:02 h
Trabajo estrecha el cerco

Valerio vigila las colas en la sanidad para aliviar el coste de 8.600 millones en bajas

Los españoles esperan de media 93 días para ser operados en los hospitales públicos, mientras la factura de la incapacidad temporal crece un 8,2%.

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo. (EFE)
Valerio vigila las colas en la sanidad para aliviar el coste de 8.600 millones en bajas / EFE

La factura que soporta la Seguridad Social por las bajas laborales se ha disparado con la recuperación económica, y parte de culpa la tienen las largas listas de espera que adolece la sanidad pública. El Ministerio de Trabajo quiere poner remedio al lastre del absentismo y, para ello, ha puesto en marcha un plan de control específico sobre la incapacidad temporal que, más allá del fraude, persigue acabar con las interminables colas que retrasan la atención médica en los centros de salud, alargan el tiempo de baja y, en último término, suponen un elevadísimo coste no solo para el sistema público, sino también para las empresas.

Durante los años de crisis, el miedo a perder el puesto de trabajo pesaba en las conciencias de los españoles y se reflejaba en las estadísticas. La tasa de absentismo se redujo con fuerza entre 2008 y 2013 y empezó a repuntar en 2014, con la mejora de la economía y el empleo, hasta situarse en estos momentos en su máximo histórico, de acuerdo con el último informe de Adecco sobre 'Absentismo Laboral'. Mientras, en los años de recesión, los procesos por enfermedad llegaron a reducirse a la mitad, ahorrando más de 3.000 millones de euros a la Seguridad Social.

Sin embargo, la bonanza del actual ciclo económico ha empujado el gasto en incapacidad temporal (IT) a niveles nunca vistos. Los Presupuestos Generales del Estado para este año contemplan una partida de más de 8.600 millones de euros, cantidad un 8% superior a la destinada en 2018. Este fuerte incremento ha encendido las alarmas en el ministerio capitaneado por Magdalena Valerio, que ha estrechado el cerco sobre estas prestaciones en dos frentes: por un lado, se han reforzado las medidas de control a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y, a la vez, se trabaja en coordinación con las comunidades autónomas para acelerar las colas en los centros de salud públicos.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, los españoles esperan de media 93 días para ser operados en los hospitales públicos, un tiempo que se prolonga hasta rebasar más de 130 días en Cataluña o Castilla-La Mancha y cae por debajo de los 50 días en los casos de regiones como Madrid, La Rioja o País Vasco.

La ministra Valerio señala directamente a este desfase como parte responsable del repunte del gasto en IT. Lo dijo durante la presentación del presupuesto de su departamento esta semana, donde advirtió de que el desembolso por estas bajas está creciendo mucho más que el resto de las prestaciones contributivas del sistema, un repunte que, "en cierta medida, también se debe a que hay unas listas de espera en los servicios de salud de las comunidades autónomas por encima de lo deseable".

Un panorama ante el que la ministra apostó por un esfuerzo combinado con los gobiernos autonómicos, "porque hay personas que están de baja no porque quieran, sino porque están esperando una atención médica o una intervención quirúrgica y, a veces, las bajas se alargan".

En el proyecto presupuestario, el Gobierno incorpora nuevas medidas de control, como habilitar al INSS, a través de sus inspectores médicos, para considerar si existe recaída en un mismo proceso de incapacidad temporal, reforzando la plantilla de este cuerpo mediante la incorporación de 86 funcionarios interinos. Estas actuaciones se sumarán a las ya iniciadas el año pasado, cuando la Seguridad Social intensificó el control de la IT con 64.000 inspecciones para verificar la justificación médica de las situaciones de incapacidad temporal. Para ello, se puso en marcha un plan que costó 312.142,56 euros y se estimó un ahorro en prestaciones de más de 33 millones de euros.

Del "efecto lunes" al 'mobbing'

No es una cuestión menor. Más allá del agujero que perforan estas prestaciones en las arcas públicas, el último 'Informe Absentismo Laboral' de Randstad Research revela que casi un millón de personas faltan al trabajo cada día en nuestro país, lo que supone una pérdida anual de más de 50.000 millones de euros para las empresas, un coste de oportunidad que Adecco eleva por encima de los 63.000 millones de euros en términos de producción perdida en bienes y servicios, y que escala hasta rozar los 77.000 millones en los cálculos realizados por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

En su estudio, Adecco identifica varias causas de las bajas por IT no justificadas, relacionadas con el ámbito familiar del trabajador, así como con la conciliación de la vida laboral y personal y problemas leves de salud que no requieren de una baja médica, además de otros factores de menor incidencia como lo que denominan el "efecto lunes", el mal ambiente en el trabajo e incluso situaciones de 'mobbing'.

Pero también son relativamente usuales los casos de fraude en el cobro de las prestaciones por incapacidad temporal, situaciones que, en general, suelen ser resueltas por los tribunales. Esta misma semana conocíamos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que confirmaba el despido de una camarera de pisos por simular una baja para poder acudir a una ceremonia religiosa. La trabajadora acreditó una gastroenteritis, pero la empresa puso en duda su enfermedad y contrató un detective privado, que constató su presencia en el templo.

Según el Alto Tribunal, la demandante simuló la enfermedad y su médico le dio la baja porque se fió de los síntomas que afirmó padecer y porque los centros de asistencia primaria no disponen de medios para corroborar un diagnóstico de gastroenteritis. La sentencia deja por escrito que se produce un elevado fraude a la Seguridad Social en las bajas de corta duración, abusos que perjudican al Estado y a las empresas. Esos fondos podrían dedicarse "a situaciones de verdadera necesidad", concluye.

Pero no solo los casos de fraude como este. El Gobierno ha lanzado una estrategia encabezada por el Ministerio de Trabajo para vigilar tanto las bajas falsas como aquellas que se alargan más de lo debido no por voluntad del trabajador, sino porque las largas listas de espera en la sanidad pública retrasan las altas, afectando de manera importante a las cuentas públicas y a las de empresas privadas.

La patronal CEOE viene insistiendo desde hace tiempo en la exigencia de que las mutuas puedan dar altas médicas en enfermedades comunes, reservadas a la sanidad pública, sobre todo en los casos de enfermedad por traumatología y psiquiatría menor, dos de las patologías que registran mayores periodos de bajas. Mientras, los sindicatos piden al Gobierno que sitúe como prioritario en el centro de su estrategia el derecho de los trabajadores enfermos a la recuperación de su salud y no persiga como objetivo exclusivo el ahorro del gasto público.

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