CEOE espera ingresar este año 2,2 millones de euros por lo que en sus cuentas denomina 'proyecto cofinanciados', la cuenta que refleja las subvenciones recibidas desde las Administraciones Públicas para el desarrollo de programas en los que se implica por su papel de representación institucional de los empresarios. Si se cumple esta previsión, la cifra superará en un 45% la ingresada por este concepto en 2017. De cara a 2019, los tesoreros de la organización empresarial esperaban hasta hace unos días un salto cualitativo en esta asignación, confiados en que el nuevo Ejecutivo socialista asumiría el principio de acuerdo alcanzado con el gabinete anterior para mejorar la financiación presupuestaria que reciben los agentes sociales por su papel de representación institucional, según han asegurado a La Información fuentes de la patronal. Sin embargo, no será así.
Fuentes del diálogo social han confirmado a La Información que el gabinete de Magdalena Valerio ha decidido no aplicar el esquema de financiación que Fátima Báñez se había comprometido con CEOE a activar en el ejercicio de 2019 y aparcar la mejora pendiente de la financiación presupuestaria de los agentes sociales, hasta no disponer del respaldo político suficiente para abordar la tramitación de una Ley de Representación Institucional de los Agentes Sociales, que es el cauce que los sindicatos consideran más coherente para abordar este asunto.
Hasta el mes de junio, sin embargo, las negociaciones discurrían por otros cauces, según revelan fuentes de la organización empresarial. La ministra Fátima Báñez - que había comprometido tiempo atrás una mejora de la financiación pública de los agentes sociales - trabajaba en un nuevo esquema basado en dos variables fundamentales.
En primer lugar, una mejora directa de la asignación presupuestaria que reciben los agentes sociales por la contribución institucional que realizan como asesores del Gobierno en diferentes materias e iniciativas laborales y también como negociadores de convenios colectivos sectoriales y provinciales que contribuyen a estructurar el marco laboral español. Según la cuenta anual de CEOE de 2017, la organización empresarial recibe subvenciones de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ICEX, Consejo Económico y Social, Ministerio de Sanidad y Ministerio de Trabajo, y ese año sumaron 857.000 euros.
La labor de rastreo e identificación de necesidades de formación por parte de los agentes sociales sería retribuida por el sistema en forma de financiación pública. La idea era alejar el modelo del controvertido esquema de gestión directa de la formación por parte de sindicatos y organizaciones empresariales que ha generado situaciones complicadas, singularmente para la organización empresarial que aún hoy arrastra las multas por la gestión irregular de esos fondos por sus asociados.
El segundo cauce se vinculaba al nuevo esquema de gestión de la formación en el que el Gobierno trabajaba con CEOE y sindicatos. Según las fuentes consultadas, las negociaciones se encaminaban hacia un sistema totalmente diferente al actual, en el que la formación en lugar de ser de oferta fuera de demanda. La idea era crear una suerte de observatorios sectoriales con presencia de sindicatos y empresarios para detectar las necesidades de formación en cada sector productivo y a partir de ahí sacar una oferta de cursos formativos que se adjudicarían por concurso para ser impartidos por empresas o organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en temas formativos.
El esquema, no obstante, no gozaba del entusiasmo de todas las partes. Fuentes del ala sindical admiten que el modelo se estaba perfilando casi de forma bilateral entre CEOE y el Gobierno del PP, y subrayan que los sindicatos son partidarios de "un modelo más transparente".
Las fuentes consultadas del ámbito sindical abogan por resolver el problema de la insuficiente financiación que reciben los agentes sociales por su papel institucional - algo en lo que, lógicamente, coinciden unos y otros - a través de una Ley de Participación Institucional de los Agentes Sociales, "con luz y taquígrafos y con control parlamentario", que no solo resuelva los aspectos de financiación sino también aclare y legitime el papel institucional que juegan en la realidad económica del país.
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