Lunes, 30.03.2020 - 12:37 h
Balance del año

Valerio deja la Seguridad Social tiritando pese a batir el récord de ingresos en 2019

La recaudación por cotizaciones no compensa el gasto en pensiones. El Ingreso Mínimo Vital pactado con Unidas Podemos tensará aún más las cuentas.

Fotografía de Magdalena Valerio / EFE
Valerio deja la Seguridad Social tiritando pese a batir el récord de ingresos en 2019. / EFE

La Seguridad Social no remonta. Con un déficit acumulado desde los años de crisis de unos 100.000 millones de euros, una deuda desbocada que nadie parece tener intención de devolver a corto plazo y una hucha de las pensiones que ya no da ni para abonar la nómina de una semana, el sistema ha cerrado el año tiritando. Y ello a pesar de que los ingresos por cotizaciones sociales han batido todos los récords gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno socialista a finales de 2018. El problema es que al mismo tiempo se dio luz verde a una importante mejora de las pensiones públicas, desbordando una nómina que ya de por sí crece por efecto del envejecimiento de la población y de las mejores carreras profesionales de los jubilados. 

Según el avance de ejecución presupuestaria que ha facilitado a La Información la Intervención General de la Seguridad Social, el sistema ha cerrado 2019 con un déficit de unos 17.400 millones de euros, fruto de unos ingresos por operaciones no financieras de 131.300 millones de euros y unos gastos de 148.700 millones. Las cifras son provisionales hasta conocer la liquidación en el mes de marzo, pero de momento el Ejecutivo cuenta con unos ingresos por cotizaciones de unos 123.000 millones de euros, un 8% más que en 2018 y récord histórico.

El Gobierno calcula que esa es la cantidad que le reportarán las medidas aprobadas a finales de 2018 para mejorar la recaudación por esta vía, sobre todo la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de las bases mínimas de cotización en la misma proporción del 22,3%, además del incremento de la base máxima de un 7%, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años y el incremento de la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación del 100% al 125% durante la percepción del subsidio, la recuperación de las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales...

Mientras tanto, la imposibilidad del sistema para hacer frente a las pagas de los pensionistas en los momentos de máxima tensión financiera –en verano y Navidad, por el abono de las extra– ha vuelto a hacer necesaria la financiación externa. Para este año el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un crédito de 13.380 millones de euros, cantidad calcada a la consignada en los Presupuestos prorrogados de 2018. Se usaron 7.500 millones en junio y otros 6.330 millones en diciembre. Además, se tuvo que aprobar una transferencia adicional de 600 millones de euros, que se sumó a la prevista de 1.332 millones. 

Pero toda esta inyección de crédito y adecuación contable no fue suficiente. El Gobierno tuvo que recurrir a la conocida como 'hucha de las pensiones'. Y ello a pesar de haberle recriminado este recurso al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy en numerosas ocasiones. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social empezó el año con unos 5.000 millones de euros y lo ha cerrado con poco más de 2.100 millones, tras extraer 2.900 millones de euros para la extra de Navidad. La hucha se queda así prácticamente vacía –ya no da ni para pagar la nómina de una semana– en contraste con los más de 66.000 millones de euros que llegó a disponer en 2011.

Pero la obsesión de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, siempre fue la de no pasar a la historia como la responsable de vaciar la hucha. Por eso ha preferido dejarla en las últimas, pero sin acabar con todos los fondos, y tirar de financiación externa. El resultado, no obstante, es un endeudamiento que se ha disparado en este último año hasta superar los 55.000 millones de euros, lo que equivale a 6.000 euros por cada uno de los cerca de nueve millones de pensionistas que sostiene el sistema público en estos momentos. 

Esa es, a grandes rasgos, la herencia que asumirá el primer Gobierno de coalición de la democracia, de salir adelante la investidura de Pedro Sánchez en estos próximos días. El PSOE y Unidas Podemos, sin embargo, parecen haber ignorado la debilidad de las cuentas de la Seguridad Social en el diseño de su programa progresista. Y es que lejos de aportar alguna propuesta novedosa para dar solución al problema de las pensiones, en el documento se limitan a "plantear a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones".

Donde sí concretan es por el lado del gasto. Sánchez e Iglesias se comprometen a actualizar las pensiones conforme al IPC real "mediante ley de forma permanente" y a aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. En paralelo, derogarán el Factor de Sostenibilidad, que adecuaba las nuevas cuantías a la esperanza de vida, y el Índice de Revalorización, que limitaba la actualización de las pensiones al 0,25% mientras el sistema estuviera en déficit. 

Un Ingreso Mínimo Vital

Y no solo eso. A pesar de la maltrecha situación financiera del sistema, la coalición PSOE-UP se compromete a desarrollar un "Ingreso Mínimo Vital" como prestación de Seguridad Social. Aunque no concretan cuál será su cuantía, en el programa explican que comenzarán en un primer momento por el "aumento decidido de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos".

Para aumentar los ingresos del sistema plantean "descargar a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando su sostenibilidad". Si bien no concretan cuáles son esos gastos. También apuestan por la "reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes". Todo ello sin especificar si, como ha trascendido de las negociaciones, la Seguridad Social acabará por desgajarse del Ministerio de Trabajo.

Ese movimiento garantizaría al PSOE el control de las pensiones, que podrían recaer en el departamento de Economía que dirige la eventual vicepresidenta Nadia Calviño o bien en el Ministerio de Hacienda que pilota María Jesús Montero. Todo esto, de confirmarse que el Ministerio de Trabajo pasa finalmente a manos de Yolanda Díaz, la ministrable de Unidas Podemos. A escasos días del debate de investidura, todas las opciones están abiertas, pero la posibilidad de que Valerio salga del Ministerio toma cada vez más fuerza en círculos empresariales.

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