No se aprobó el viernes pasado, como se preveía en un principio, y aún no es seguro que se apruebe este próximo viernes, día 8 de marzo. El Gobierno continúa deshojando la margarita y barajando la opción más adecuada -o menos gravosa políticamente- para abordar un compromiso político que entiende como ineludible, pero que todavía no sabe muy bien como abordar: la derogación de los aspectos que señaló desde la oposición como más dañinos de la reforma laboral de 2012.
La propuesta inicial del Ejecutivo, trabajada en la secretaría de Estado de Empleo de Yolanda Valdeolivas, cuenta el respaldo social de los sindicatos y el parlamentario de Podemos, pero es inasumible por los dos socios que Sánchez necesita para convalidar su Real Decreto Ley en la Diputación Permanente: PNV y PDeCAT. Los nacionalistas, muy presionados también desde CEOE, rechazan de plano una regulación de la subcontratación que obligue a las empresas contratistas a aplicar las mismas condiciones laborales y salariales que rigen en la empresa principal y tampoco ven con buenos ojos ni la imposición de sistemas de control horario en las pymes -sobre todo, por parte del PDeCAT- ni la recuperación de la ultraactividad tal y como estaba planteada en 2012, es decir, sin ningún horizonte temporal, según fuentes del diálogo social.
Es decir, que plantean 'enmiendas de totalidad' a, al menos, tres de los cuatro vectores que pretende remover el Gobierno. El otro, la reforma del artículo 84 para derogar la prioridad aplicativa del convenio de empresa, está más abierto a la negociación, aunque también se ve con cierta reserva. Ante esta situación de bloqueo, el Ministerio de Trabajo ha empezado a sondear a PNV y PDeCAT para explorar la opción de tramitar una versión 'light' de contrarreforma laboral, que suavice los aspectos más controvertidos de la propuesta inicial del Gobierno y que garantice el apoyo de ambas formaciones al decreto gubernamental en una eventual tramitación ante la Diputación Permanente, según aseguran a La Información fuentes conocedoras de estos contactos.
Una versión apta para superar el trámite parlamentario
Hay puntos de fricción en los cuatro aspectos que el Gobierno quiere remover: subcontratación, registro horario, ultraactividad y concurrencia de convenio, la conocida como prioridad aplicativa. En lo que se refiere a la subcontratación, la única línea roja es que ésta continúe manteniendo su naturaleza y no quede desvirtuada poniendo en el alero el negocio del 'outsourcing' en España, en el que operan algunas de las empresas más potentes del país. El éxito de la tramitación parlamentaria pasará aquí, según las fuentes consultadas, por garantizar las condiciones del convenio de sector en la subcontratación. El acuerdo alcanzado con los sindicatos solo reservaba ese 'privilegio' para las actividades que no constituyeran el núcleo central de la compañía y exigía la aplicación del convenio de empresa las que conforman su actividad básica.
Respecto al registro horario el acuerdo con los sindicatos sentaba la obligación legal de registrar con regularidad diaria la jornada de cada trabajador, detallando los horarios concretos de entrada y salida. La 'versión light' que está sobre la mesa incrementaría el peso de la negociación colectiva en la definición de los sistemas de registro horario según las necesidades de cada sector.
En cuanto a la ultraactividad, el pacto entre Gobierno y sindicatos preveía la reinstauración de la situación anterior a 2012, en el que un convenio colectivo se prorrogaba 'sine die' si no había un acuerdo entre ambas partes para su renovación. La reforma del PP previó un periodo de 12 meses para renovar el convenio, transcurridos los cuales éste decaería. Lo que se plantea desde las fuerzas nacionalistas es establecer un periodo de negociación más amplio que el previsto en la reforma laboral del PP, de 24 o 36 meses, para dar tiempo suficiente para una negociación.
El último 'campo de batalla' es la recuperación de la prioridad aplicativa del convenio sector, que el Gobierno de Mariano Rajoy derribó en 2012 para facilitar a las empresas su adaptación a la 'economía de guerra' de la crisis. La decisión permitió, en efecto, sacudirse a muchas empresas del yugo del convenio de sector y garantizar su supervivencia, pero también abrió una puerta a la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores por la vía de aprobar convenios de empresa con condiciones más precarias que las definidas para su sector de referencia.
Ni PNV ni PDeCAT se resisten a la recuperación de ese estado de cosas, pero los nacionalistas catalanes sí plantean un cierto perímetro de atribuciones, para permitir a las empresas margen de maniobra para la negociación en el ámbito de la empresa.
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