Un año después de su desembarco en el Ministerio de Trabajo, se puede afirmar que Magdalena Valerio ha fracasado en su empeño de acabar con la precariedad enquistada en el mercado laboral. Fue una de las primeras medidas que adoptó como ministra: la puesta en marcha el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, lo que ella misma definió como "una potente herramienta para afrontar los problemas más graves acumulados por nuestro mercado de trabajo en los últimos años". Sin embargo, la gran lacra, la excesiva temporalidad, lejos de reducirse, no ha hecho sino agravarse hasta el punto de que el 91,33% de los contratos que se firmaron el pasado mes de junio tenían fecha de caducidad, frente al 90,61% de hace un año, coincidiendo con el relevo en el Gobierno.
El récord de 19,5 millones de trabajadores alcanzado el pasado mes de junio esconde una realidad que ha reconocido la propia Valerio. La ministra se mostró "razonablemente satisfecha" con los datos de paro, y sobre todo con los de afiliación, aunque admitió que el Ejecutivo debe seguir trabajando en generar "empleo digno y de calidad". Un mantra que viene repitiendo mes a mes, cada vez que se dan a conocer los registros de la Seguridad Social y de las oficinas públicas de empleo.
La ministra llegó al cargo con la clara misión de acabar con el empleo precario, pero se ha topado con la cruda realidad del mercado laboral español: el trabajo estacional "siempre va a estar ahí". Así lo resumía en su valoración de los datos del paro el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien recordaba que España es un país turístico, por lo tanto es comprensible que exista un porcentaje importante de contratos temporales para dar cobertura al aumento de la demanda durante las temporadas altas. Sin embargo, vino a decir que esta característica de la economía española no debería ser sinónimo de precariedad.
La ministra de Trabajo siempre ha defendido que la lucha contra la precariedad laboral ha sido desde el primer momento una de las señas de identidad de su Gobierno. Prueba de ello es que desde el minuto uno 'puso las pilas' a la Inspección para atajar el empleo irregular y acabar con el fraude a la Seguridad Social. Como resultado, el Plan Director ha permitido mejorar la calidad del empleo de 225.000 trabajadores en 2018, bien porque sus contratos temporales se han convertido en indefinidos (193.146) o porque han aumentado su jornada laboral (31.597). De momento, la Inspección no facilita datos de lo que va de 2019.
Sin embargo, las cifras oficiales del Ministerio dicen que, a pesar de esos avances en la lucha contra el empleo irregular, la temporalidad sigue enquistada. Es más, a día de hoy la tasa (número de temporales sobre el total de contratos firmados en un mes) no solo no ha descendido, sino que se ha incrementado ligeramente, hasta el 91,33%, un año después de que Valerio tomara el relevo de Fátima Báñez.
El empleo estable, en barrena
En paralelo, los contratos indefinidos se han desplomado. El equipo de Valerio, capitaneado por los secretarios de Estado de Empleo (Yolanda Valdeolivas) y de Seguridad Social (Octavio Granado) cargó con dureza contra la política laboral de Báñez y lo dejó claro desde el principio: si no se podía derogar la reforma laboral del PP había que acabar con algunas de sus medidas estrella, como el contrato de apoyo a emprendedores. El resultado tras su derogación ha sido que como este tipo de contratos contabilizaban como fijos, la contratación indefinida no ha hecho más que caer en tasa anual desde principios de año, hasta hundirse en junio.
En concreto, el descenso de los contratos fijos en junio respecto al año pasado fue del 9,7%. "Esta cifra debe leerse en el contexto de corrección del efecto estadístico que supuso el cómputo durante el pasado mes de junio de 2018 de la contratación indefinida con contratos de apoyo a emprendedores, que desde enero de este año se encuentra derogado", justificó Valdeolivas durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación, para matizar después que "descontado ese efecto la contratación indefinida aumenta interanualmente en un 4,7%".
A juicio de Valdeolivas, esto "permite afirmar que no estamos rompiendo la tendencia de crecimiento leve pero sostenido de la contratación indefinida". La secretaria de Estado aseguró que este "indicador objetivo" llama a la "confianza moderada, sin satisfacción exagerada" y "marca una tendencia hacia el empleo de mayor calidad que no podemos obviar". Sin embargo, la realidad es que la contratación estable ha entrado en barrena en el primer semestre, según las cifras oficiales.
Como viene siendo habitual, el Gobierno prefiere fijarse en la Encuesta de Población Activa (EPA) a la hora de hablar de temporalidad. A diferencia de las altas y bajas mensuales a la Seguridad Social, que suelen mostrar que nueve de cada diez contratos tienen fecha de caducidad, la EPA del primer trimestre reflejó que el 74,1% de los trabajadores asalariados dispone de un contrato de trabajo indefinido, según recordó Valdeolivas. Habrá que esperar a conocer la EPA del segundo trimestre, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el próximo 25 de julio, pero lo cierto es que esta tasa se ha mantenido en niveles similares en los últimos años de recuperación económica y que se sitúa en España muy por encima de la media de los países del entorno europeo.
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