En un desesperado intento por salvar la legislatura, antes de imaginar si quiera que sería desbancado por Pedro Sánchez apenas dos meses después, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sacrificó su reforma de las pensiones de 2013 para comprar el apoyo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El acuerdo con el PNV para aprobar una subida generalizada de las prestaciones se gestó de manera tan precipitada que los técnicos del Ejecutivo no ajustaron la contabilidad a las nuevas obligaciones legales y no incluyeron en las cuentas la partida de la revalorización. Ahora, el Gobierno tendrá que tirar de "imaginación contable" para presupuestar el gasto extra en pensiones si no logran aprobar los PGE de 2019 y se ven obligados a prorrogar los que elaboró el Partido Popular para este ejercicio.
Recientemente, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, destapaba durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados que sí hay reflejo contable del impulso del 3% a las pensiones mínimas que suscribió el PP con Ciudadanos, pero no del 1,35% extra para alcanzar la inflación prevista del 1,6% –desde el 0,25% que contemplaba el anterior factor de sostenibilidad– ni tampoco del incremento adicional de la base reguladora de las pensiones de viudedad hasta el 60%.
Ante la sorpresa de los presentes, el responsable de dar explicaciones y aportar garantías sobre la sostenibilidad del sistema admitía que "vamos a tener que aplicar imaginación contable para solucionar un problema que se creó en el mismo momento en que se aprobó una medida que obligaba a gastar más”. En concreto, el Ejecutivo debe buscar la fórmula para financiar unos 1.300 millones de euros.
"Estamos todavía pensando cómo resolver este dislate, porque no es fácil" contabilizar un ingreso que "no está para financiar un gasto que sí va a ser", reconoció Granado, para añadir después que en el Ministerio están "dándole vueltas" al asunto para "conseguir cuadrar las cuentas".
De cualquier manera, si el gasto no estaba presupuestado en las cuentas de 2018 tampoco lo estará si estas se prorrogan para el ejercicio 2019. Lo que no impide per se que los pensionistas reciban estos pagos extraordinarios. De hecho, las subidas ya se están aplicando este año con carácter retroactivo desde enero, y el secretario de Estado garantizó los abonos ante el Pacto de Toledo: “Lo vamos a pagar, eso está fuera de toda duda, que nadie se alarme", zanjó.
Preguntados por esta cuestión, en Trabajo guardan silencio. Pese al portazo de los independentistas, todavía confían en lograr los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos de 2019 y poder incluir así, entre otras medidas de gasto, la partida que garantice el incremento de las prestaciones públicas sin necesidad de realizar malabares contables.
También en Hacienda. La ministra María Jesús Montero ha asegurado esta mañana que "en absoluto" trabaja en un escenario de prórroga y ha insistido en que sigue trabajando "intensamente" para poder acordar con las formaciones políticas las cuentas públicas del próximo año.
Lo que parece una postura común del Gobierno, sin embargo, no es defendida por todos los departamentos. Al menos, no de manera acérrima e incondicional. La ministra de Economía, Nadia Calviño, intentaba ayer quitar hierro al Plan B de prorrogar los PGE de 2018. "Seguimos trabajando para armar esos consensos y armar ese apoyo. Si no se hiciese, el sistema prevé, no es la primera vez, la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios", tranquilizó la ministra española desde Bruselas, tras verse con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en un encuentro previo a la reunión del Eurogrupo.
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