Nuevo conflicto entre los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta vez la polémica no tiene que ver con la exhumación de Franco que sigue sin producirse, sino con la subvención de 340.000 euros que recibe cada año la Fundación y, por tanto, los religiosos que viven en el complejo. Para transferir esta nada desdeñable cantidad económica, Patrimonio Nacional les exige que presenten un informe presupuestario y, además, las facturas correspondientes a sus gastos de todo el año. Si no reciben esta información detallada no procederán a ingresar el dinero.
Es en este segundo punto, el relativo a las facturas de 2018, donde se está produciendo un profundo encontronazo entre los monjes que viven en el Valle de los Caídos y el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. La Información ha hablado con ambas partes para conocer sus versiones sobre lo que está sucediendo. El momento es especialmente significativo, ya que la subvención correspondiente a 2018 (siempre se abona a año vencido) sigue congelada y no termina de llegar a la Fundación del complejo ubicado en plena sierra de Guadarrama y que está batiendo los récords de visitantes.
Santiago Cantera es el prior del Valle de los Caídos. Se encarga de dirigir la vida contemplativa de los algo más de una veintena de benedictinos que viven en el recinto donde permanecen los restos de 33.847 muertos durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. Y es él también quien está liderando la 'punta de lanza' contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que quiere exhumar a Franco en los próximos meses. Por eso acusan al Ejecutivo socialista de intentar asfixiarles económicamente reteniendo esos 340.000 euros que les corresponden. "Es una decisión política", denuncian.
Para abonar la subvención, Patrimonio exige a los monjes presentar el citado informe en el que se reflejen los ingresos y gastos de 2018, un documento que ya han remitido al organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. Esta versión es confirmada tanto por fuentes cercanas a los religioso como por Patrimonio. ¿Qué faltaría? Las facturas. El organismo del Gobierno se las solicita, pero el prior se niega a enviarlas, al menos de momento. Se trata de los recibos correspondientes a gastos de culto, de alimentación, de comunicaciones, de combustible... Patrimonio quiere auditar cualquier desembolso para proceder al pago de esos 340.000 euros.
Pero los monjes se han relevado y han pedido a Patrimonio Nacional que les detalle de por qué tienen que remitir todas sus facturas. El Gobierno ya les ha respondido. Primero, a través de una conversación que mantuvieron ambas partes el 2 de enero y, más tarde, a través de un documento escrito remitido por Patrimonio hace unos días con destino al Valle de los Caídos. En él, el organismo público razona con detalle por qué esos recibos de gastos son necesarios para recibir los citados 340.000 euros que les corresponden. Se apoya en el informe del Tribunal de Cuentas de 2013 en el que se lanzaban acusaciones de descontrol presupuestario hacia la gestión del complejo.
Los religiosos del Valle de los Caídos, en definitiva, no quieren dar a conocer cuánto gastan en alimentación o en teléfono. Pero Patrimonio se muestra implacable. Fuentes oficiales de Patrimonio aseguran que los 340.000 euros se ingresarán a la Fundación cuando reciban todas las facturas y queden justificadas: "Estamos pendientes de la entrega para comprobar los datos relativos de 2018", afirman.
Los monjes, por su parte, son también contundentes respecto a su situación. Fuentes de su entorno (ya que ellos se niegan a hablar directamente con este periodista) argumentan que "quieren asfixiar económicamente la abadía para que se vayan". "Son escrupulosos al máximo con sus cuentas y están dolidos" por estos requerimientos de facturas por parte de Patrimonio, añaden. Mientras esto sucede, los religiosos celebran que este 2019 varios jóvenes han mostrado interés en sumarse a su vida contemplativa y que en 2018 dos aspirantes decidieran ingresar en su congregación.
Hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 seguir manteniendo la subvención de 340.000 euros al Valle de los Caídos, según se publicó en este diario. Se trata de una partida destinada directamente a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada en 1957 -justo cuando finalizó la construcción del complejo- y que el Ejecutivo socialista no puede eliminar. La transferencia viene realizándose en los últimos treinta y cinco años en formato de pago directo al complejo donde se encuentra enterrado Francisco Franco, cuyos restos que Moncloa quiere exhumar este mismo año.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios