La historia que sigue suena a contada. Un millonario americano aterriza en España prometiendo un proyecto singular, una inversión milmillonaria y la generación de cientos de puestos de trabajo directos, y miles indirectos. Las autoridades políticas de turno, fascinadas por la dimensión del potencial legado a dejar a las generaciones presentes y futuras, se lanzan a agasajar al inversor con todo tipo de ventajas administrativas y fiscales para que el proyecto se quede en su territorio.
Por el camino, encajan las críticas de opinión pública y oposición política, justifican la indisimulable diferencia de trato con otros proyectos menos ostentosos, se manejan como pueden con las exigencias cada vez más difíciles de cumplir de los inversores y un buen día ven como el sueño se esfuma y el inversor coge sus promesas de prosperidad y se las lleva a otra parte.
En 2012 fue Sheldon Adelson y su memorable proyecto Eurovegas, en la Comunidad de Madrid; en 2018 ha sido el grupo canadiense Triple Five y su plan para instalar un macrocasino en La Siberia extremeña. Esta vez el destino ha querido, además, que el grupo canadiense haya descartado su proyecto en Extremadura solo unos días antes de que el Parlamento extremeño rematara la tramitación de la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (Legio), presentada, debatida y aprobada en un plazo récord de apenas cinco meses para acomodar el marco regulatorio y fiscal regional a las demandas del gigante canadiense del juego.
El Gobierno extremeño argumenta que se trata de una 'ley de oferta', que no se promulga para acomodarse a las exigencias de ningún proyecto concreto, sino que persigue configurar un entorno regulatorio 'amigable' para los potenciales inversores que puedan interesarse por desarrollar alguna gran infraestructura de ocio en la región. "Crea un marco para atraer inversiones, riqueza y empleo", se ha defendido de las críticas el Ejecutivo extremeño, que subraya que no se orienta solo a 'macrocasinos' sino a todo tipo de grandes proyectos de ocio.
Más cesiones que las de Esperanza Aguirre
Pero el caso es que a quien proporciona realmente un marco fiscal muy favorable es a las grandes instalaciones de juego. Tan es así que el Gobierno extremeño incluso ha mejorado las condiciones fiscales que en su día la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ofreció a Sheldon Adelson.
Aguirre redujo el tipo aplicable sobre las ganancias de las instalaciones de juego del 45% al 10%. La ley extremeña lo ha hecho del 50% al 15% para los 'macrocasinos' pero con la ventaja adicional de una reducción del 80% sobre la cuota a pagar, lo que llevaría el tipo real a pagar por las ganancias generadas por la actividad de las empresas gestoras de este tipo de macroinstalaciones al 3%.
La ley extremeña no se queda ahí y ofrece la 'tramitación exprés' de los permisos urbanísticos, las licencias administrativas y los estudios ambientales, que se resolverán - en el caso de que haya algún proyecto más de esta naturaleza que opte por localizarse en Extremadura - en un plazo de tres meses.
El botín era jugoso. El gran proyecto de Triple Five para Extremadura - que ahora busca acomodo en algún lugar de la Costa del Sol - prometía una inversión de 3.400 millones de euros para levantar un enorme complejo del juego con parque temático, campo de golf, actividades acuáticas, centro comercial, restauración y una planta hotelera de más de 20.000 camas, con la generación de empleos que ello acarrearía.
Ahora se unirá a un listado de ilustres proyectos fallidos en el que ya figuran el proyecto de Caesars Palace del Reino de Don Quixote, en Ciudad Real; el Gran Scala en los Monegros; el inefable Eurovegas; o su antagonista barcelonés, BCN World.
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