El estudio señala que España emitió en 2015 un total de 337 millones de toneladas totales de GEI, de las que la industria y la energía emitieron 137,1 millones de toneladas de CO2 verificadas por el RENADE. En general, las emisiones crecieron un 3,3 por ciento en total En España respecto a 2014, mientras que "prácticamente todos los países de la UE descendían".
Así, los sectores fijos representan el 40,4 por ciento (137,1 millones de toneladas) del total de las emisiones de CO2 españolas. Mientras, el 59,6 por ciento de las emisiones correspondieron a fuentes de emisión difusas, tales como el transporte, los hogares, los servicios, agricultura.
Además, el informe destaca que las emisiones de los sectores fijos se concentran en un núcleo de 10 empresas, emiten el 70 por ciento (69,4%) o lo que es lo mismo, 95,2 millones de toneladas, de las emisiones de gases de efecto invernadero totales.
Se trata de Endesa, 33,3 millones de toneladas de CO2; Repsol (incluye Petronor), 13 millones de toneladas; Gas natural Fenosa, 12,9 millones de toneladas de CO2; Hidrocantábrico, 10,6 millones de toneladas de CO2; ArcelorMittal, 6,4 millones de toneladas de CO2; E.On, 5,3 millones de toneladas de CO2; Cepsa, 4,8 toneladas de CO2; Cemex, 3,4 millones de toneladas de CO2; Iberdrola, 2,6 millones de toneladas de CO2 y Cementos Portland, 2,4 millones de toneladas de CO2.
Solamente Endesa emite el 10 por ciento de todas las emisiones de España, tanto las fijas como las difusas y concentra la cuarta parte de todas las que emiten los sectores fijos. A esta le siguen Gas Natural Fenosa y Repsol, que suponen un 4 por ciento aproximado cada una del total emitido en España.
En total, los sectores fijos con mayores emisiones se deben a la producción energética, las industrias con grandes procesos de combustión, el tratamiento y transformación de hidrocarburos, la industria cementera y la transformación química.
La generación de carbón supone 50 millones de toneladas equivalentes de CO2 y supone el 72,3 por ciento de la generación total de energía, que produce en su conjunto la mitad de las emisiones fijas totales nacionales, que son casi 70 millones de toneladas de CO2.
En cuanto a la producción de cemento y cal, generan 17 millones de toneladas, el 12,5 por ciento del total, algo más que las de las refinerías de petróleo y coque (14 millones de toneladas de CO2, el 10,5%). Las industrias que dependen de grandes procesos de combustión emiten el 8,5 por ciento del total, casi 12 millones de toneladas de CO2; el resto de la industria contribuye con el 18 por ciento restante (casi 25 millones de toneladas de CO2).
Con estos datos, el estudio del Observatorio de la Sostenibilidad refleja que la tendencia de 2015 respecto a 2014 señala que las emisiones del sector eléctrico aumentaron un 17,6 por ciento y las que más aumentaron fueron las centrales de carbón (22,1 por ciento más) y los ciclos combinados de gas natural (16,3 por ciento más que el año anterior).
El resultado final, que arroja un crecimiento del 3,3 por ciento de las emisiones españolas en 2015 respecto a 2014 va en contra de los compromisos de reducción contraídos por los firmantes del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, que España firmó en Nueva York el 22 de abril de 2016 y que ratificó el pasado 13 de enero.
ANDALUCÍA A LA CABEZA, LA RIOJA EN LA COLA
Por comunidades autónomas, la más emisor es Andalucía, con el 19 por ciento del total de las emisiones de las fuentes fijas de España. A esta le siguen Asturias (16%), Galicia (11%), Cataluña (10%) y Castilla y León (9%), precisamente las zonas donde están instaladas las grandes centrales de carbón excepto en Cataluña, donde la incidencia de las emisiones se debe al importante sector industrial y refinero.
Por el contrario, las comunidades autónomas que menos CO2 emiten son Navarra, Madrid, Extremadura, Cantabria y La Rioja, justo aquellas cuya economía está menos basada en el carbón.
De acuerdo con el estudio del Observatorio de la Sostenibilidad, si se tiene en cuenta que la fuente de datos utilizados son las verificadas por el RENADE y que las asignación de derechos a instalaciones se ha realizado mediante el Registro Mercantil, esto supone que las asignaciones pueden ser muy conservadoras y, que sus emisiones, por tanto sean "mucho mayores de las consignadas", ya que existen o pueden existir otras emisiones de estas empresas (minería, transporte, puertos, consumos) que no estén incluidos en esta contabilidad.
LOS RIESGOS EMPRESARIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El informe subraya también ciertos riesgos empresariales del cambio climático a la hora de ser evaluado, por ejemplo, por las agencias de calificación o 'rating' o por la apreciación del atractivo de estas empresas para acceder a recursos financieros. Por ello, muchas empresas disponen o estimulan el planes estratégicos concretos para reducir emisiones de CO2.
Ante este hecho, el Observatorio considera que a partir de estos datos se pueden identificar responsabilidad diferenciadas hacia el exterior del entorno empresarial como en la afectación a los propios accionistas, tensiones que deberán derivar en proyectos inaplazables para la adaptación inmediata al cambio climático, cuyos costes y financiaciones representarán una "distorsión muy importante para su propia valoración empresarial".
RECOMENDACIONES
Tras el análisis, el Observatorio apela a la conveniencia de establecer responsabilidad diferenciadas de cada agente social según su responsabilidad con el problema y aconseja a las empresas que eviten las "políticas contradictorias" como las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.
Entre sus consejos, recomienda reducir las emisiones mediante el aumento de la eficiencia y la sustitución de los combustibles o las tecnologías más contaminantes como el carbón o el gas por energías renovables.
También insiste en la importancia de poner un precio "realista" al carbono para que funcionen correctamente los mercados de emisiones y que las administraciones sean "limpias" y den ejemplo con actuaciones de sostenibilidad. En su receta no se olvida de los ciudadanos y consumidores a quienes reclama que exijan un mayor compromiso de las empresas y las administraciones.
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