Con el tope al precio del petróleo ruso como telón de fondo, los gobiernos de la Unión Europea aplazaron su decisión sobre la posible congelación de 7.500 millones de euros en fondos regionales a Hungría por su deriva antidemocrática, después de que varias capitales, entre ellas Berlín, París y Roma, pidieran reconocer al Gobierno de Viktor Orbán los avances conseguidos en los últimos días. Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete (el Ecofin) discutieron este asunto este martes, pero sin adoptar una "decisión formal", según explicaron fuentes comunitarias, quienes añadieron que tampoco formará parte de la agenda del resto del día.
Sobre la mesa de los ministros estaba la propuesta del Ejecutivo comunitario para suspender el desembolso de 7.500 millones de euros de tres programas húngaros de cohesión por las deficiencias detectadas en la lucha contra la corrupción, los conflictos de intereses o la transparencia en los procesos de licitaciones públicas.
Bruselas concluyó el pasado miércoles que los avances realizados por Hungría hasta el 19 de noviembre con respecto a los compromisos adquiridos eran insuficientes para resolver todos los riesgos existentes en relación con la gestión del presupuesto comunitario. Los Veintisiete tienen hasta el 19 de diciembre para decidir si congelan o no estos fondos regionales, pero Alemania, Francia e Italia pidieron recientemente a la Comisión Europea un nuevo análisis que tuviera en cuenta los pasos dados por las autoridades húngaras en las últimas dos semanas.
Finalmente, los ministros de Finanzas han decidido no tomar ninguna decisión al respecto durante un desayuno que ha tenido lugar a puerta cerrada y darse más tiempo para valorar los nuevos progresos acometidos por el Gobierno de Viktor Orbán.
Por contra, el Ecofin sí que debatirá a mediodía el plan de recuperación de Hungría, que fue respaldado también el miércoles pasado por el Ejecutivo comunitario después de haber acordado con Budapest la introducción de 27 reformas relacionadas con el fortalecimiento del Estado de derecho como condición para el inicio del pago de las ayudas. Si los Estados miembro no aprueban formalmente dicho plan antes de que acabe el año, Hungría perdería el 70% de los fondos que tiene asignados, es decir, unos 4.600 millones de los 5.800 millones en ayudas directas.
El debate sobre estas dos cuestiones está estrechamente relacionada con otros dos asuntos que Budapest bloquea por ahora haciendo uso de su capacidad de veto: los 18.000 millones de ayudas a Ucrania en 2023 y el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Los ministros de Finanzas han decidido mantener la ayuda a Ucrania en la agenda de este martes, pero no el tipo mínimo, que también ha decaído.
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