El 'efecto Maduro' está inflando las arcas de la Seguridad Social española. La huida masiva de venezolanos hacia otros países por la profunda crisis que atraviesa el suyo, especialmente por el aumento de la tensión tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado del país, está teniendo un gran impacto en España, destino favorito de estos migrantes más allá de su región latinoamericana. Tanto es así que los ciudadanos de nacionalidad venezolana que trabajan y cotizan aquí se han cuadruplicado desde 2013, año en que Nicolás Maduro llegó al poder. En concreto, han pasado de los 16.131 que había hace siete años a 66.782 el pasado mes de enero, según los datos más recientes difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Solo en los últimos dos años, desde enero de 2018, los afiliados venezolanos se han doblado de largo, pasando de algo menos de 29.500 a esos casi 66.800 cotizantes. De modo que de acuerdo con las estadísticas que elabora el departamento que dirige José Luis Escrivá, Venezuela ocupa ya el quinto lugar en el listado de países de procedencia de los afiliados extranjeros que vienen de fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Marruecos y China, y pisando los talones a sus vecinas Ecuador y Colombia. Llama la atención que Venezuela ni siquiera aparecía en la lista antes de enero de 2018, pues hasta ese momento la cantidad de trabajadores de ese país era tan poco representativa que se incluían dentro de la categoría "resto de países".
La crisis económica y financiera que atraviesa el país latinoamericano es preocupante a todos los niveles: la escasez absoluta de productos básicos, el aumento del desempleo por el cierre de empresas privadas a las que la banca ha cerrado el grifo de la financiación, la intervención de la política monetaria que ha llevado a la hiperinflación más desmesurada... Son muchos los motivos que han provocado el éxodo masivo de sus ciudadanos. Y, precisamente, España es uno de sus destinos favoritos en esta huida hacia un lugar mejor donde poder trabajar y, en definitiva, ganarse la vida.
Según los datos que maneja el Ministerio del Interior las solicitudes de protección internacional presentadas por venezolanos lideran el ranking: en 2019, un total de 40.906 personas procedentes de Venezuela pidieron asilo en España, lo que supone más del doble que en 2018, cuando se contabilizaron 20.053 peticiones. Un recorrido por las estadísticas refleja que desde el año 2011 se ha producido un aumento sostenido en el tiempo de las solicitudes de ciudadanos procedentes de Venezuela y precisamente ante ese incremento el Gobierno acordó facilitar a los venezolanos la estancia legal en España a través de la "ayuda humanitaria" prevista en la Ley de Asilo y Refugio.
El 40% de los afiliados se ubican en Madrid
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los venezolanos que están trabajando en España se ubican, sobre todo, en Madrid, donde están afiliados a la Seguridad Social 25.803 venezolanos (casi el 40% del total), en Cataluña, donde hay 11.937 cotizantes del país latinoamericano, y en Canarias, donde hay 6.242 trabajadores de esta nacionalidad.
En total, la Seguridad Social registró el pasado mes de enero una media de 2.090.440 trabajadores extranjeros, 123.741 más que en el mismo periodo de 2019, lo que sitúa la variación interanual en el 6,29%, muy por encima del crecimiento general del empleo (1,83%). Unos datos que invitan a reflexionar sobre las declaraciones del ministro Escrivá en las que defendió la inmigración para hacer frente al reto demográfico y a lo que supone para la sostenibilidad del sistema de las pensiones públicas.
Mano de obra inmigrante
España necesitará entre 8 y 9 millones de trabajadores en las tres próximas décadas para mantener el nivel de su mercado laboral y evitar la "japonización" de su economía, según señaló el ministro en un foro de alto nivel organizado por la OCDE en París. Escrivá insistió en que para evitar esa "japonización" (la aceptación pasiva del envejecimiento demográfico sin la adopción de medidas de apertura a la inmigración ni de políticas de fomento de la natalidad) España necesitará "millones y millones de inmigrantes", algo que "habrá que explicar" a la sociedad.
"La migración contribuye al desarrollo y al bienestar de las sociedades y ayuda a superar los desafíos que pesan sobre los países o regiones de destino, como es el reto demográfico derivado del envejecimiento de la población", ahondó el ex presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), quien ya desde su antiguo puesto apostó por la inmigración como pilar básico para la Seguridad Social. Y no es el único, pues organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) también lo han hecho de manera recurrente, aunque con estimaciones más reducidas: 5,5 millones de personas serán necesarias hasta 2050, partiendo de la base de que el 90% se encuentra en edad de trabajar.
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