Inés Guzmán
Caracas, 24 ene.- El Gobierno de Venezuela puso en vigor hoy un nuevo sistema cambiario y una ley que aumenta el control sobre los precios de los productos, en el marco de lo que el presidente, Nicolás Maduro, ha llamado nueva "ofensiva" para estabilizar una economía con alta inflación y escasez de dólares.
El nuevo sistema cambiario marca el fin del acceso al dólar preferencial para los venezolanos que viajen al exterior y los importadores de productos no prioritarios, en un intento por optimizar la asignación de divisas bajo el control de cambios vigente desde el 2003.
Decenas de personas se apostaron hoy, desde primera hora de la mañana, en los puntos de venta de la Gaceta Oficial en Caracas para conocer de primera mano las nuevas medidas, que prevén una reducción en el monto anual de divisas que pueden gastar los venezolanos en sus viajes al exterior y en sus compras por internet.
Además, se oficializa que el monto anual de dólares destinados a este renglón ya no se entregará al tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares por dólar como hasta ahora, sino a una tasa que surgirá de un mecanismo alternativo conocido como Sicad, que otorga divisas mediante subastas a una cotización que actualmente ronda los 11,3 bolívares por dólar.
La nueva resolución dispone que los venezolanos podrán gastar hasta 3.000 dólares anuales o su equivalente en otras divisas en consumos en el exterior, cifra que incluye el gasto destinado a compras por internet y un avance en efectivo.
En Venezuela, el Estado regula la compra y venta de divisas y monopoliza su distribución, en el marco de un sistema de control de cambios vigente desde hace más de una década.
Bajo este esquema, se han establecido una serie reglas que determinan los montos que se entregan a particulares y personas jurídicas.
El presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, Alejandro Fleming, dijo hoy que con la revisión de los cupos de divisas el Gobierno espera ahorrar un total de 1.576 millones de dólares.
"Esto nos va a permitir un ahorro (...) para un uso racional, responsable, de nuestras divisas, el desarrollo de la actividad económica en nuestro país", afirmó, mientras prometía endurecer los controles para evitar los fraudes en la asignación de divisas.
El nuevo sistema cambiario deja la tasa oficial de 6,3 bolívares por dólar reservada para sectores considerados estratégicos, que, sin embargo, siguen representando el 80 % de la economía.
Las medidas establecieron además que las líneas aéreas internacionales con operaciones en Venezuela deberán ir a la tasa del Sicad para acceder a dólares, una situación que hoy mantenía prácticamente paralizadas las ventas de pasajes para salir del país.
Algunas aerolíneas, como la ecuatoriana Tame o Air Canadá, han anunciado la suspensión temporal de operaciones en el país a la espera de que el Gobierno les liquide una deuda que el sector estima que asciende a 3.000 millones de dólares.
El Gobierno dice ser víctima de una "guerra económica" encabezada por empresarios, en alianza con la oposición, para generar desestabilización en el país y ha lanzado una ofensiva para combatir el fraude en divisas y controlar los precios, tras un 2013 que cerró con una inflación del 56 %, un alza en la escasez de bienes y una fuerte brecha entre el dólar oficial y el paralelo ilegal.
Dentro de esta ofensiva, también salió hoy publicada la Ley Orgánica de Precios Justos, que prevé penas de hasta 10 años de prisión para aquellos empresarios que sean declarados culpables de acaparar productos para inflar su precio.
Igualmente, la nueva ley establece multas de hasta 5,35 millones de bolívares (unos 850.000 dólares) y contempla la ocupación temporal de los comercios por 180 días en caso de detectarse prácticas de acaparamiento.
Como ya había adelantado Maduro, entre las disposiciones de la norma figura un máximo del 30 % en el margen de ganancia que pueden tener los comercios, mientras que para poder acceder a divisas los comerciantes deberán demostrar a las autoridades que cumplen con los criterios de "precios justos".
Maduro ha hecho del combate al acaparamiento y la especulación una de las banderas de su Gobierno y ha declarado este año una "ofensiva económica" para garantizar el abastecimiento y los precios controlados.
La oposición ha responsabilizado al Gobierno del desabastecimiento y la inflación por "una expansión desproporcionada y sin respaldo del gasto público", las "rígidas" políticas de controles de precios" y la destrucción del tejido productivo con expropiaciones que muestran, a su juicio, el "fracaso del Estado productor".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios