Transporte, sueldos y fin de los ICO: las alertas que auguran un verano caliente

El fin de la vigencia de las principales medidas de apoyo a los autónomos durante la crisis generada por la pandemia, la inflación desbocada en plena negociación de los convenios colectivos, los precios del combustible y de los productos básicos disparados y los numerosos compromisos económicos con diferentes colectivos con fecha de caducidad de 30 de junio auguran un panorama de conflictividad laboral, despidos y cierres de negocios en pleno comienzo de las vacaciones. Los anuncios y advertencias de movilizaciones y paros son ya una realidad en el transporte, que durante marzo paralizó media España y frenó el abastecimiento, pero también en otros sectores debido a las propuestas enfrentadas de subidas salariales entre los sindicatos mayoritarios y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

A finales de noviembre, el Gobierno prorrogaba siete meses más los escudos contra la crisis que había facilitado a autónomos y pequeñas empresas para que siguiesen manteniendo abiertos los negocios y garantizando el empleo, aunque no todos pudieron evitar los cierres y los despidos. Las principales medidas contempladas eran los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar nóminas, rentas, suministros y/o a los proveedores, algo que a muchos les ha permitido aguantar hasta ahora, además de las ayudas directas a los trabajadores por cuenta ajena que distribuyen las administraciones autonómicas. 

También el último día de junio acaba la moratoria concursal, una iniciativa que facilitaba que las empresas en situación de insolvencia no tuviesen que declararse en concurso ante dificultades económicas puntuales y que permitía fórmulas para renegociar la deuda evitando la quiebra. El fin de esta medida, de no prorrogarse, dispararía las demandas en los juzgados mercantiles, algo que se ha frenado casi totalmente con esta alternativa. Otra opción, todavía más improbable, es que se apruebe la nueva Ley Concursal -que ha recibido centenares de enmiendas- antes de poner fin a la moratoria y evitar así un aumento de las demandas en los juzgados. 

La conflictividad laboral se ha reactivado en 2022, después de los niveles mínimos de 2020 por la pandemia y de 2021, por las ayudas económicas

Mientras, la conflictividad laboral, que se sitúo en 2020 -por la pandemia- y en 2021 -por las ayudas- en los menores niveles en una década, con el menor número de huelgas desde 2012 -primer año de la estadística-, el número de participantes más bajo desde 2015 y tres veces menos horas perdidas por huelga que hace diez años, ha empezado a reactivarse en 2022, con el pico de marzo por los paros del transporte y huelgas en la industria por motivos salariales. Sin embargo, todo parece apuntar que se producirá un aumento de las protestas en el segundo semestre del año, motivadas por el aumento del coste de la vida, por la no derogación de la reforma laboral Mariano Rajoy o una subidas salariales que no compensan ni de lejos el aumento de la inflación. Esta misma semana se ha confirmado el Índice de Precios al Consumo de mayo el 8,7% con los precios de los carburante y los alimentos en máximos históricos. 

Por su parte, el 'sindicato' minoritario de los transportistas, que consiguió colapsar la economía y prácticamente el país en marzo con el objetivo de que las administraciones atendiesen sus demandas y los problemas generados por la subida del combustibles, no descartan acabar con la actual tregua y volver a 'calentar' las carreteras, en pleno verano y con aumento de coches por la vacaciones. Así, la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte ha amenazado con reactivar sus protestas, que acabaron en abril gracias a un paquete de ayudas al sector entre las que se incluía los 20 céntimos por litro de carburante, si el Gobierno no pone en marcha las medidas necesarias para evitar trabajar a perdidas, un asunto que consideran fundamental y eje de sus reivindicaciones. En esta caso la fecha límite es el 31 de julio para aprobar la ley, pero los camioneros están dispuestos a movilizarse incluso antes de esa fecha. 

El fin de los fondos y medidas anticrisis, los precios disparados y los problemas de abastecimiento anticipan una oleada de despidos y cierres de negocios

Mientras, los conflictos también se podrían trasladar a los aeropuertos y afectar a los españoles que eligen el avión como medio para desplazarse a su lugar de vacaciones. Los tripulantes de cabina de la compañía Ryanair, representados en media docena de sindicatos, entre ellos los dos más importantes españoles -Sitcpla y la Unión Sindical Obrera (USO), ya han advertido que habrá huelga en verano si la empresa 'low cost' no hace casos a sus demandas de mejora de condiciones laborales. Las amenazas de huelga de los trabajadores se producen prácticamente todos los años -en 2019 si se produjeron paros en agosto y septiembre- y coinciden con las fechas de verano. La precariedad sigue siendo un asunto por resolver por parte de la compañía, que ha conseguido pactar 'in extremis' con Comisiones Obreras (CCOO).

Junto a este preocupante panorama ya son muchas las empresas de todos los tamaños y sectores que tienen en mente los despidos para afrontar la nueva situación, ya sin ayudas básicas y en un contexto de precios disparados, el aumento de los costes de la energía imparable e importantes problemas de abastecimiento, generados por el conflicto en Ucrania. Las grandes empresas ya recurrieron en 2021 a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), incluso con medidas vigentes como los ERTE, y pese a que lo peor de la crisis por el coronavirus ha pasado, el momento económico que viven las empresas no es ni mucho menos positivo debido a los efectos de la invasión de Ucrania por Rusia y la crisis con Argelia, que puede provocar el fin del suministro de gas por esa vía o. como mínimo, su encarecimiento.