Después de meses de intensas negociaciones, de llegar a un acuerdo con agentes sociales y de ser aprobado como proyecto de ley en el primero Consejo de Ministros de este curso, la reforma de pensiones llega al Congreso de los Diputados para examinar la primera pata de medidas que tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de las prestaciones, mediante su vinculación al IPC, así como adecuar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, mediante una serie de incentivos al retiro demorado y de penalizaciones al anticipado.
La reforma nace del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, y es la primera parte de la reforma de pensiones comprometida con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación para la recepción de fondos. Supone, además, la derogación de dos de los aspectos más contestados de la reforma de 2013, el índice de revalorización que limitaba las subidas al 0,25% en situaciones de déficit, y el factor de sostenibilidad.
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Sin el apoyo del Partido Popular
Sin embargo, el primer partido de la oposición critica la reforma, asegurando que es contraria al Pacto de Toledo, por no acompañarse de medidas de sostenibilidad, y augurando que el sistema público de pensiones puede encaminarse a la "quiebra", tal y como ha asegurado su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, esta semana en la Cámara. "Es una reforma deficiente con medidas que no se ajustan al espíritu del Pacto de Toledo, que no cumple expectativas, no garantiza la sostenibilidad del sistema y es contraria a los intereses de los españoles", reza la enmienda de devolución registrada en el Congreso.
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