El desfase de los viernes sociales: cuestan 1.000 millones más de lo previsto en 2019

Los viernes sociales van a salir más caros de lo que anunció el Gobierno. Algunas de las medidas estrella del programa socialista que aprobó el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez por la vía del Real Decreto Ley durante la anterior legislatura suponen un desembolso para este año mucho mayor del previsto por el Ejecutivo. Se trata, por ejemplo, de la revalorización de las pensiones, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas o la subida de sueldo a los funcionarios. Entre todas suman un desfase de más de 1.000 millones de euros respecto al gasto inicialmente calculado por los departamentos responsables de su diseño.

En concreto, según los cálculos efectuados por La Información, el exceso de gasto asciende a nada menos que 1.177 millones de euros. Es la cifra que se extrae del cruce de los datos recogidos en las memorias económicas que acompañaron los decretos por los que se aprobaron estas medidas y la información remitida por el Gobierno español a Bruselas el pasado 15 de octubre en el Plan Presupuestario para 2020.

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La diferencia, según aclaran fuentes de Hacienda, "se debe a que los datos incluidos en las memorias económicas son una previsión, porque la medida todavía no se ha implantado, y los del Plan Presupuestario ya son más ajustados a los datos reales porque el año está más avanzado y la estimación de impacto es más fiable". Es decir, encarando ya el último trimestre del ejercicio, los responsables del área económica del Ejecutivo en funciones han comprobado que las medidas sociales aprobadas a finales de 2018 y principios de 2019 van a salir más caras de lo que pensaban y así se lo han transmitido a las autoridades europeas.

El mayor desfase se encuentra en el coste de revalorizar las pensiones. El Gobierno anunció que el desembolso total de la subida alcanzaría este año los 2.591,65 millones de euros, tal y como consta en la memoria de análisis de impacto normativo del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Sin embargo, en el borrador presupuestario que tiene en sus manos ya la Comisión Europea el Ejecutivo admite que la subida de las pensiones costará este año 3.153 millones de euros. La diferencia asciende a 561 millones.

¿De dónde salen los 3.153 millones de euros? De acuerdo con el Plan Presupuestario, el alza de un 3% de las pensiones no contributivas costará 77 millones; la subida de otro 3% de las mínimas supondrá 618 millones; el incremento de un 1,6% del resto de pensiones eleva el gasto en 1.619 millones de euros y la consecuente subida de las pensiones de las clases pasivas suma otros 311 millones. A esto hay que añadir el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad del 56% al 60%, por 357 millones de euros; el coste de la 'paguilla' que se abonó a principios de este año a los pensionistas para compensar la desviación del IPC en 2018 y que alcanza los 138 millones; y la revalorización de la prestación por hijo a cargo con discapacidad, por otros 33 millones de euros.

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Otra de las desviaciones es la derivada de la subida salarial a los empleados públicos. El coste total que figura en el Plan Presupuestario para este 2019 es de 3.760 millones de euros. Hay que recordar que los sueldos de los funcionarios subieron inicialmente un 2,25% a principios de año, tras la aprobación de un Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros que Sánchez decidió celebrar en Barcelona a finales de 2018 para escenificar un acercamiento con Quim Torra. Después se aprobó un incremento adicional del 0,25% por la evolución del PIB, con lo que el alza total alcanzó el 2,5%. Pues bien, en el Programa de Estabilidad 2018-2021 se estimaba un coste de 3.477 millones de euros para esa mejora salarial, lo que supone 283 millones menos de lo que calculan ahora.

También llama la atención la diferencia entre lo que el Gobierno calculaba en marzo y lo que proyecta ahora para la recuperación del subsidio para mayores de 52 años (que antes era desde los 55 años). En la memoria que acompaña el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, se estimaba que esta medida costaría a las arcas públicas 388 millones de euros, prácticamente la mitad de lo que se prevé ahora: 695 millones de euros. La diferencia es de 307 millones y está en línea con la evolución de las estadísticas del gasto en subsidios que, como se analizaba en estas páginas, se ha disparado con la mejora de la protección de este colectivo especialmente afectado por el paro de larga duración.

Y otra medida social, la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas que entró en vigor el pasado mes de abril, tampoco va a costar lo que había comunicado el Gobierno. En un principio se informó de que, precisamente por el retraso en la entrada en vigor (estaba prevista para marzo y finalmente no se hizo efectiva hasta abril), supondría un desembolso de 226 millones de euros, pero en el borrador presupuestario remitido a Bruselas este mismo martes la cifra se eleva en 26 millones, hasta los 252 millones de euros.

Pese a este desfase de más de 1.000 millones de euros el Gobierno en funciones mantiene que cumplirá un déficit del 2% en 2019, mientras ha revisado a la baja el crecimiento del PIB previsto para este año, hasta el 2,1%. En paralelo, planea ya nuevas medidas sociales para poner en marcha en 2020 por importe de 5.500 millones de euros, entre ellas la revalorización de las pensiones con el IPC y la subida de un 2% del sueldo de los funcionarios. Y ello sin tener garantizadas, de momento, nuevas medidas de ingresos, pendiente del resultado de las elecciones de noviembre y de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo que previsiblemente no sucederá hasta bien entrado el año.