El precio de la vivienda, sobre todo en régimen de alquiler, ha sido objeto de debate en los últimos meses como consecuencia del alza de precios que están sufriendo las principales ciudades de nuestro país. Por ello, este tema ha entrado de lleno en la campaña electoral de cara a las próximas elecciones del 26 de mayo y los candidatos a alcaldes sacan sus mejores galas para convencer a los votantes. Pero, ¿qué han hecho hasta ahora los actuales responsables de los ayuntamientos en materia de vivienda? ¿Han cumplido sus promesas?
Para llevar a cabo un análisis pormenorizado de lo realizado en los últimos cuatro años se han tomado como referencia las corporaciones municipales de las principales ciudades identificadas como 'zonas tensionadas', es decir Madrid y Barcelona, pese a que también se podrían incluir otras como Valencia, Málaga, Sevilla o Ibiza, en las que el aumento del precio de la vivienda en los últimos años también ha sido reseñable.
El caso de Madrid es uno de los más representantivos. Desde enero de 2009, el precio del metro cuadrado en alquiler de vivienda ha aumentado en un 33%, según los datos de Fotocasa. Manuela Carmena, en su llegada al ayuntamiento en 2015 prometió frenar la venta de vivienda pública, revertirla en caso de incumplimiento de las condiciones acordadas y ampliar el parque público de alquiler con el fin de aumentar la oferta y reducir los precios facilitando el acceso. Del mismo modo, pondría todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios.
Durante la legislatura aún en curso se han puesto en marcha varias medidas con el fin de ampliar el número de viviendas en el mercado. Pese a ello, los números no coinciden con los que manifestaba Carmena. La candidata a la reelección ahora por Más Madrid, señalaba hace unos meses que el consistorio de la capital tenía en marcha la construcción de más de 4.000 viviendas. En cambio, solo unos días después se demostró, según la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, que en enero de 2019 -momento en que se realizaron estas declaraciones- había 3.374 viviendas iniciadas o adjudicadas en la ciudad.
De cara a las próximas elecciones del 26-M la vivienda vuelve a estar presente en la mayoría de los programas de los candidatos a la alcaldía. Empezando por la propia Manuela Carmena, en sus promesas electorales ha incluido varios guiños hacia el mercado inmobiliario con el fin de reducir el precio de los alquileres que ha aumentado tanto en los últimos años. Una de las más importantes es la puesta en marcha de un concurso de 30 parcelas municipales propiedad del Ayuntamiento, sin enajenar, con la obligación de construir unas 3.000 viviendas de alquiler a precios asequibles. Más allá de esta primera medida, también ha mostrado la posibilidad de rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles a los propietarios que alquilen viviendas a precio módico, con el fin de evitar abusos en el arrendamiento.
Pero la actual alcaldesa no es la única. Por ejemplo, José Luis Martínez Almeida, candidato del PP, propone reducir el IBI progresivamente, hasta el mínimo legal permitido, e incrementar las bonificaciones para las familias numerosas y los pensionistas. Almeida sube la apuesta por la construcción de vivienda y habla de "convenios y fórmulas de colaboración público-privada" para levantar 15.000 viviendas en régimen de alquiler. Del mismo modo, incorpora un punto similar al del programa de Más Madrid -reducciones de impuestos para las viviendas en régimen de alquiler- pero con un matiz, no habla del precio de estos arrendamientos.
Esta última medida es más popular de lo que pudiese parecer. Pepu Hernández, candidato por el PSOE, también lleva en su programa la reducción del IBI a viviendas destinadas al alquiler y a aquellas que estén en rehabilitación. Además, los socialistas proponen modificar la ley del suelo del 97 y aumentar el parque de vivienda pública para arrendamientos sin indicar las cifras exactas.
La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, tampoco se queda atrás. De hecho, sube aún más la apuesta de viviendas de nueva construcción y da la cifra de 20.000 -las mismas que había propuesto el Ministerio de Fomento para todo el territorio nacional- "para dar solución al problema del alquiler en nuestra ciudad". Del mismo modo, promete medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana actuando sobre 100.000 viviendas ya existentes.
El otro candidato de la izquierda, Carlos Sánchez Mato, que se presenta a través de Madrid En Pie Municipalista, propone prohibir "la venta de suelo y vivienda públicos" y reservar un mínimo del 30% de vivienda pública en los nuevos desarrollos urbanísticos. Del mismo modo, propone aumentar el número de apartamentos municipales para mayores destinados a personas con pocos recursos y la redacción de un nuevo PGOU con la "paralización de todas las operaciones urbanísticas especulativas".
Por su parte Javier Ortega Smith, candidato de Vox a la alcaldía de la capital, ha centrado su discurso en la protección de la propiedad privada, "no va a haber solución a la vivienda mientras no se proteja la propiedad, donde se baje la presión fiscal, se combate con los okupas, no se les aplaude", señalaba. Y apuntaba a que es "clave favorecer las reformas en grandes pisos, como los de 500 metros cuadrados".
El caso de Barcelona
El precio de los alquileres en Barcelona es aún peor que en el caso de Madrid. Tomando como referencia enero de 2009, cuando el precio medio del metro cuadrado en la ciudad estaba en los 10,51 euros, ha sufrido un aumento del 35,91% hasta llegar a los 16,40 euros por metro cuadrado en los que se encuentra actualmente, según el Índice de Precios de Fotocasa. Por ello, el debate sobre cómo solucionar este problema también ha estado abierto durante la campaña.
La hasta ahora alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, proponía hace cuatro años poner freno a las desigualdades que sufrían los habitantes de la Ciudad Condal. Para ello, tenía como fin evitar los desahucios por motivos económicos, establecer una moratoria en la concesión de licencias de alojamientos turísticos, promover el alquiler social y la vivienda en régimen cooperativo y aumentar el parque de arrendamientos. Lo cierto es que durante la legislatura en la Ciudad Condal ha habido más de 12.000 desahucios, según cifras oficiales -y según el propio consistorio se han parado otros 6.000-, y apenas se han construido 700 nuevas viviendas públicas y adquirido otras tantas.
Pese a todo ello, Colau opta a la reelección en la alcaldía a través de Barcelona En Comú y la vivienda vuelve a centrar su programa. Ampliar la oferta de vivienda pública, duplicar las ayudas al alquiler, adjudicar 1.000 pisos a la Mesa de Emergencias Sociales y exigir al Estado la regulación de los alquileres. Su principal rival de acuerdo con las últimas encuestas, Ernerst Maragall, candidato de ERC, propone poner la lupa sobre las viviendas turísticas con la intención de expedientar, comprar o expropiar las propiedades que no cumplan las normas. Y es que para el de Esquerra, hay que abordar un problema "que es el más grave que sufre la ciudad" por lo que ha anunciado que movilizará 1.000 millones de euros en este campo y lo hará a través de la colaboración con el sector privado.
Otro de los candidatos, Manuel Valls, que se presenta como cabeza de lista de Barcelona pel Canvi-Ciutadans, también ha hecho hueco en su programa a este problema. "Existen 82 solares municipales y hace falta un gran pacto con el sector privado, ofreciéndoles una mejor regulación, un entorno jurídico estable y menos burocracia. Podemos construir 10.000 viviendas públicas en ocho años y que el 75% sean de alquiler asequible. Yo quiero grúas en la ciudad", señalaba en una entrevista este mismo miércoles. Por su parte, el socialista Jaume Collboni, propone la rehabilitación energética, la ampliación de la oferta en alquiler, la disminución del riesgo de pérdida de vivienda y la ordenación de los pisos turísticos, que consideran el gran lastre de la ciudad en materia urbanística.
Por su parte, el candidato del PP, Josep Bou, señala la vivienda como una prioridad de su programa. "Hay 100 solares con más de 300.000 metros cuadrados de techo. El Ayuntamiento ya los tiene. A parte, a todos estos 13.000 locales en Barcelona que no tienen prácticamente salida les daría la la cédula de habitabilidad y los convertiría en pisos", señalaba. En cambio, ha anunciado que derogaría el mínimo del 30% de viviendas sociales en las promociones de nueva construcción que impuso Colau. Su rival Elsa Artadi, de JxCat, propone la creación de condiciones para que los promotores pongan oferta de alquiler a precio asequible mediante la movilización de suelo público para que los promotores privados construyan, sin que se pierda la titularidad municipal, y la oferta resultante salga al mercado de alquiler a un precio fijado por el Ayuntamiento.
El candidato de Vox, Ignacio Garriga, propone impulsar las bolsas de alquiler y alquiler con opción a compra, mediante acuerdos de colaboración público-privada. Además, su propuesta estrella es la rehabilitación y regeneración del barrio del Raval con el fin de "regenerar guetos marginales".
El resto del país
El resto de ciudades de nuestro país también están sufriendo el alza de precios del alquiler. Por ejemplo, Valencia ha visto cómo desde enero de 2009 los precios han aumentado en más de un 32%, pese a quedarse en datos que rozan los nueve euros el metro cuadrado, según Fotocasa. Lo mismo ocurre con Málaga, una de las ciudades de Andalucía que ha experimentado este aumento con cifras muy similares -32% de aumento y 9,52 euros de media por metro cuadrado-.
En cambio, fuera de las principales ciudades de cada provincia el ritmo es completamente diferente. Por ello, el mercado inmobiliario a dos velocidades es una realidad en nuestro país. Tras la crisis, el ladrillo aún no se ha levantado en muchas zonas de interior y la España Vacía tiene un peso muy importante en el precio medio de territorio, que se queda en 9,14 euros el metro cuadrado, según la misma fuente.
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