El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a pisar el freno con una de sus medidas estrella de la legislatura: su gran plan de vivienda. Este mismo viernes se aprobará un Real Decreto en el que apenas se incluirán varias medidas sociales pero que dejará de lado las profundas reformas que se anunciaron tras la moción de censura. No habrá modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (al menos por ahora) y tocará esperar para la vuelta a los contratos de cinco años.
El Gobierno ha 'tranquilizado' al sector inmobiliario -y sobre todo a la rama de los alquiladores de vivienda- y les ha adelantado que por ahora solo aprobará un 'pack' de medidas sociales. De esta forma, da la razón a algunas firmas, como Blackstone, que pidieron un freno -que de momento y según señalan fuentes cercanas al proceso, será temporal- a la futura reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Por ahora, Pedro Sánchez actuará sobre dos puntos fundamentales: los desahucios de alquilados y las ayudas para acceder a este tipo de viviendas. Los primeros son uno de los principales focos de problemas para el Ministerio de Fomento; de hecho, según datos del Consejo General del Poder Judicial, los lanzamientos de viviendas en alquiler crecieron casi un 8% durante el tercer trimestre de este 2018, pero las subidas se vienen sucediendo durante los últimos meses.
De hecho, el propio ministro del ramo, José Luis Ábalos, señaló hace unas semanas, -tras el suicidio de una mujer a la que iban a desahuciar en Madrid- que articularía un "proceso especial" para las personas que se encuentren en situación vulnerable pese a un tener un contrato de arrendamiento de vivienda. Para conseguir este objetivo, el Ejecutivo se plantearía, de acuerdo con las mismas fuentes, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, entre otras cosas, regula los procedimientos de desahucios.
El segundo punto que se aprobará este viernes estará, según confirman fuentes del sector inmobiliario, relacionado con las ayudas al alquiler de vivienda. En este sentido, el alza de precios que se está viviendo sobre todo en las grandes ciudades -Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y las Islas Baleares- ha privado a muchos jóvenes y personas de todas las edades- de la posibilidad de vivir en régimen de alquiler.
De hecho, los precios de la vivienda en arrendamiento han subido en lo que va de año en estas urbes más de un 15%, una cifra que ha obligado a muchos a abandonar la idea de buscar casa. Para tratar de solucionar este problema, Fomento lanzó una propuesta para aumentar la oferta construyendo 20.000 viviendas que se pondrían en el mercado bajo este régimen. Por ahora, ha dado el primer paso con la activación hace unas semanas de 21,5 millones de euros para levantar las primeras 5.000 que se pondrán en el mercado a un precio máximo de 400 euros al mes.
Lo que está claro que lo que se quedará fuera, al menos por ahora, será la modificación de la duración de los contratos, una medida que promovió Unidos Podemos y que se firmó en el ya famoso pacto bilateral con el PSOE. Pero tras conocer esta 'decisión' el mercado inmobiliario y, sobre todo, los grandes alquiladores de vivienda -como algunas socimis o los fondos al estilo Blackstone- mostraron su desacuerdo.
De llevarse a cabo lo firmado, las personas jurídicas -las empresas- estarían obligadas a establecer contratos de arrendamiento de siete años -que se reducirían a cinco para las personas físicas-. En este sentido, el propio Blackstone lanzó un mensaje a la desesperada a la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la que pidió una paralización de esta modificación para evitar lo que consideran una bomba que podría desintegrar la oferta ya de por si reducida en el mercado español.
Por ahora, parece que según el propio Gobierno ha informado al sector inmobiliario, los fondos han conseguido su objetivo y dejarán de lado -temporalmente- la modificación más profunda que habían prometido en tras la moción de censura, la de la LAU.
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