Vox exige a Cs y PP eliminar tres de los cuatro canales de la televisión andaluza

Vox exige al nuevo Gobierno que PP y Ciudadanos pretenden poner en Andalucía un documento con 19 medidas entre las que se encuentra la supresión de tres de los cuatro canales de la televisión pública andaluza, junto con un compromiso de reducción de los sueldos del 50%, "sin que afecte a los más bajos". Esa es una de las grandes novedades del documento de Vox, que abarca casi todas las medidas ya conocidas de su programa electoral, tanto en el ámbito fiscal, como en lo que respecta a la política de apoyo a la familia y reducción de la inmigración, entre otras.

Vox cede en su pretensión inicial de acabar con Canal Sur, pero quiere obligar Cs y PP a recortar canales y liberalizar el régimen de concesión de licencias de radio y televisión en la comunidad autónoma, de forma que se evite cualquier tipo de monopolio informativo, como el que, a su entender, existe en la actualidad. La lista de exigencias de Vox, conocida tras su reunión con el PP de este martes, es un jarro de agua fría para la pretensión de los dos partidos de derechas, dado que el partido de Santiago Abascal lo pone como condiciones ‘sine qua non’ para dar su apoyo al nuevo ejecutivo andaluz que acabe con el dominio socialista en la región.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, le ha entregado la lista de "propuestas para la investidura del presidente de la Junta de Andalucía" a su homólogo en el PP, Teodoro García Egea, si bien se trata de condiciones para apoyar un posible acuerdo de gobierno entre la formación popular y Ciudadanos. En el documento se incluyen desde sus pretensiones más maximalistas, como la reversión al Estado de las competencias de sanidad, educación, justicia y orden público, hasta cuestiones más concretas, como la "colaboración con la Policía" para identificar a los 52.000 inmigrantes ilegales que se supone que hay en Andalucía y expulsarles. El documento llega a acusar a la Junta de Andalucía de encubrir esa inmigración ilegal. 

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Otra de la medidas económicas de alcance que plantea Vox al PP pasan por la supresión de la red de oficinas comerciales andaluzas en el exterior que gestiona Extenda (el Icex andaluz), de forma que todas sus competencias pasen al "servicio Exterior de España". Junto a ello, la formación reitera su intención de que se eliminen de forma drástica todas las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales y organismos de todo tipo que no justifiquen su utilidad pública.

En el ámbito fiscal, se repite su intención de bonificar al 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, simplificación del IRPF y reducción en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, que iría paralelo a acabar con la duplicidad que supone la existencia de la Agencia Tributaria de Andalucía. 

Día de Andalucía por "la Reconquista"

Vox quiere que el futuro Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos cree una consejería de Familia y Natalidad, además de poner en marcha medidas informativas contra el aborto, además de políticas educativas de control de los contenidos. Junto a ello, se pretende que el nuevo ejecutivo andaluz acabe en esa comunidad con al Ley de Memoria Histórica, que en su opinión esta ideologizada y no da una versión real de lo que ha pasado en Andalucía entre 1931 y 1982.

Como detalle a negociar si es que los partidos de derechas quieren su apoyo para la investidura, desde Vox se plantea también cambiar de fecha el Día de Andalucía, que ahora se celebra el 28 de febrero, para que sea el 2 de enero, "en conmemoración de la culminación de la Reconquista". Más importante para ellos sería el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que "se celebrará en las instituciones que dependan de la Junta, incluidos los centros escolares", por la relevancia que tiene como "contribución histórica de los andaluces a la defensa de la unidad, libertad y prosperidad de España". 

Además de su ya conocida defensa de los toros y la caza, Vox incluye en sus medidas su ya conocida idea de derogar la ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, para sustituirla por una Ley de Violencia Doméstica, que no prejuzgue el sexo del agresor, respete la presunción de inocencia, elimine burocracia "y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista".