El caso más mediático fue el de la aguerrida y popular tenista barcelonesa Arantxa Sánchez Vicario. La jugadora más laureada de la historia del tenis español fijó su residencia en Andorra donde además de una vistas espectaculares disponía de un marco fiscal que le permitía tributar únicamente por el 25% de sus ganancias, en lugar del 56% que fijaba la normativa fiscal española. Arantxa tuvo la mala fortuna de cruzarse durante una temporada durante su recorrido diario con una subinspectora de Hacienda, como se explicaba en esta información de El País fechada en el año 2009, que debió poner el caso en conocimiento de sus superiores porque poco después se iniciaba una investigación contra ella que detectó un fraude fiscal de 3,5 millones de euros.
El 'caso Arantxa' fue el más emblemático de un conjunto de actuaciones del Fisco contra deportistas y celebridades con residencia en territorios de baja tributación (Andorra, Suiza, Mónaco...) en las que Hacienda cuestionaba el establecimiento de sus residencias fuera de las fronteras de España y sospechaba de una posible simulación con el único objetivo de reducir su factura fiscal.
La opacidad de las administraciones tributarias de acogida y las dificultades para conseguir información fiable condicionaron alguna de esas actuaciones. Pero las cosas han cambiado. En septiembre de 2017 -y gracias al protocolo de intercambio de información entre jurisdicciones impulsado por la OCDE para poner coto a las estrategias de evasión fiscal de grandes patrimonios y grandes multinacionales- la Hacienda española comenzó a recibir información detallada de 48 países y este año ya han sido más de un centenar de países los que han intercambiado información fiscal de relevancia con España.
La explotación de la información recibida ha puesto a la Agencia Tributaria tras la pista de un puñado de contribuyentes "teóricamente no residentes" pero cuyo expediente fiscal ofrece dudas razonables sobre su domicilio real. "Son contribuyentes teóricamente no residentes y que, por ello, no declaran tributos personales sobre Renta y Patrimonio", explica la Agencia Tributaria. "Lo que nos hemos encontrado a partir de la información recibida, junto con otros indicios con los que cuenta la Agencia Tributaria, es su posible condición de residentes efectivos en España, lo que tendría implicaciones a efectos tributarios".
Estos casos se engloban dentro de los 102 actuaciones inspectoras iniciadas por la Agencia Tributaria a partir de la información recibida por los protocolos de intercambio de información de la OCDE (CRS), que también ha permitido abrir, según el órgano de lucha contra el fraude, decenas de actuaciones de verificación de datos tributarios, visitas presenciales y requerimientos de información para resolver las dudas abiertas con el cruce de la información recibida con la disponible en las bases de datos de la Agencia.
A la busca de destapar las titularidades reales
Fuentes conocedoras de los procedimientos de la lucha contra el fraude explican que, en esta clase de expedientes, resulta clave la posibilidad de destapar las titularidades reales de los bienes y derechos rastreados. "Al planificar su deslocalización, un contribuyente que puede estar fingiendo su residencia fiscal en otro país no sólo oculta los rastros de su residencia en España, también trata de ocultar que es el titular de la riqueza localidad en el país".
Las medidas adoptadas a nivel internacional para desvelar la titularidad real de las sociedades deslocalizadas ha abierto un mundo de posibilidades para la Inspección de Hacienda que ahora tiene menos dificultades en rastrear las estructuras de fraude montadas tanto en España como en el extranjero.
Según las fuentes consultadas, el trabajo de la Agencia Tributaria en estos casos se centra en dos vectores: recabar datos que evidencien la residencia del contribuyente en España -ese encuentro diario casual y desdichado con una subinspectora de Hacienda que le ocurrió a Arantxa Sánchez Vicario- y descubrir sus estructuras societarias tanto en España como en el extranjero para cuantificar la riqueza vinculada a las mismas.
Lo que está permitiendo el intercambio de información de España con ese centenar de jurisdicciones fiscales es reunir con menos dificultad evidencias sobre la ausencia de tributación efectiva y de patrimonio en el país donde el contribuyente declara tener su residencia. Con esa información en el expediente, al contribuyente solo le espera una cosa: la visita del inspector en su domicilio o en el de las sociedades que oculta.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios