Madrid, 29 mar.- El bono social, al que pueden acogerse determinados colectivos de consumidores más vulnerables ofrecerá, a partir de ahora, un descuento del 25 % sobre la nueva tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).
Es decir, a cada consumidor acogido al bono social se le aplicará un descuento del 25 % sobre la cifra de cada una de sus facturas por lo que pasa de ser una tarifa fija a una variable, como el resto de los consumidores, en función de la evolución del mercado.
Sin embargo, y de acuerdo con el Real Decreto 216/2014 publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por orden del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos dicho porcentaje podrá verse modificado.
Además, para cada categoría de consumo se aplicarán los impuestos correspondientes.
Hasta ahora, el bono social era una tarifa congelada desde 2009.
Desde que entró en vigor el 1 de julio de 2009, al bono social pueden acogerse todos los usuarios con una potencia de hasta 3 kilovatios (kW) en su primera vivienda, las familias numerosas, aquellas que tienen a todos los miembros en paro, o los pensionistas con prestación mínima.
Por otro lado, y atendiendo a las condiciones de aplicación de los precios voluntarios para el pequeño consumidor, el Ministerio de Industria ha determinado que la duración de los contratos de suministro a precio voluntario sea anual y prorrogable automáticamente por plazos iguales.
A estos efectos, el comercializador deberá remitir al consumidor una comunicación con una antelación mínima de dos meses donde conste la fecha de finalización del contrato.
La misma deberá indicar expresamente que si el consumidor no solicita un nuevo contrato, ya sea con el comercializador de referencia o con cualquier otro, a partir de la fecha de finalización le seguirá siendo de aplicación el precio voluntario para el pequeño consumidor contratado.
No obstante, el consumidor tendrá la facultad de resolver el contrato antes de su finalización o de la finalización de cualquiera de sus prórrogas, sin coste alguno.
El plazo máximo para el cambio de comercializador de los consumidores con derecho a quedar acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor ha quedado establecido en 21 días.
Además, con respecto a las condiciones de la oferta a precio fijo anual para los consumidores con derecho al precio voluntario, la oferta deberá indicar de forma clara las posibles penalizaciones a aplicar al consumidor en el caso de rescisión anticipada del contrato por parte del consumidor antes de la fecha de finalización.
En ningún caso, el comercializador de referencia podrá rescindir unilateralmente el contrato a precio fijo anual antes de su finalización, salvo en los supuestos de suspensión de suministro.
En caso de que el consumidor rescindiera unilateralmente el contrato a precio fijo anual antes de su finalización, las penalizaciones máximas no podrán exceder el 5 por ciento del precio del contrato.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el nuevo sistema para fijar el coste de la energía en la tarifa eléctrica regulada, a la que están acogidos unos 16 millones de consumidores, a partir del 1 de abril y que la vinculará a la evolución del mercado mayorista.
Soria cifró en 300 millones la devolución global que tendrán que hacer las eléctricas a los consumidores sobre la facturación del primer trimestre. Esta cantidad divida entre los 16 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada arroja un descuento de 18,75 euros, aunque la cuantía exacta dependerá del perfil del consumidor.
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